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Rector de la U. Central critica proyectos de Educación y advierte que no garantizan la calidad de la enseñanza

por 23 mayo, 2013

Rector de la U. Central critica proyectos de Educación y advierte que no garantizan la calidad de la enseñanza
"Permiten las operaciones relacionadas, que es una forma de retirar excedentes; persiste la lógica del voucher y el trato a los estudiantes como consumidores (…) en un marco en que no fija criterios de lo que es calidad educativa”, sostuvo Rafael Rosell respecto de las iniciativas del Ejecutivo para crear una Superintendencia de Educación y la implementación de una Agencia Nacional de Acreditación.
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Un drástico análisis a los proyectos de ley para la educación superior diseñados por el gobierno, realizó el rector de la Universidad Central (UCEN), Rafael Rosell, en el marco de la inauguración del año académico de esa casa de estudios superiores.

Rosell se refirió en particular a las iniciativas relacionadas con la Superintendencia de Educación, el nuevo sistema de financiamiento al sistema de educación superior y la Agencia Nacional de Acreditación.

“Estos proyectos no generan garantías para que los estudiantes reciban una educación de calidad. Permiten las operaciones relacionadas, que es una forma de retirar excedentes; persiste la lógica del voucher y el trato a los estudiantes como consumidores (…) en un marco en que no fija criterios de lo que es calidad educativa”, sostuvo durante su alocución en el acto realizado el pasado 17 de mayo.

Rosell enfatizó que tal como están planteadas, estas iniciativas no consideran ningún tipo de incentivos para las universidades que reciben estudiantes provenientes de estratos socioeconómicos y culturales bajos, que en general presentan serias falencias en el ámbito académico, y que asumen –además- el costo de nivelar sus conocimientos para avanzar en su plena integración formativa.

Respecto del proyecto de Superintendencia, el rector de la UCEN afirmó que es necesario un replanteamiento sustancial, diseñando un organismo con el poder suficiente de prohibir y sancionar las conductas lucrativas, y colaborar en la articulación y fiscalización de las entidades del sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior chilena.

“Debiera incluirse dentro de su competencia y facultades de control y fiscalización a la CNA o la agencia nacional del proyecto y al resto de las agencias acreditadoras, como también constituirse en la instancia de apelación para la revisión de las decisiones de estos organismos, previniendo la falta de transparencia, discrecionalidad y prejuicios en sus resoluciones y regulando la publicidad de sus actos”, detalló.

Rafael Rosell se refirió también al acceso de las universidades a recursos provenientes del Estado, rechazando que solo los planteles adheridos al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) puedan obtener financiamientos basales, como ha ocurrido hasta ahora.

Manifestó que es necesario explicitar al país por qué solo las instituciones del Cruch tienen acceso a los aportes basales y no aquellas universidades privadas nacidas después de 1982. En esa entidad —recordó— conviven instituciones estatales y privadas, las que en su mayoría concentran estudiantes de sectores de ingreso alto y medio, quienes además obtienen los más altos puntajes PSU.

“Lo decisivo en este debate, por momentos confuso y corporativo, es cumplir con el siguiente principio: con la educación superior no se lucra y quienes lo desean hacer no pueden acceder a recursos públicos, los que deben destinarse a las universidades que cumplen con la ley, sean estas privadas o estatales”, puntualizó.

La autoridad de la UCEN también criticó la idea, respaldada por algunos rectores del Cruch, de acortar las carreras de pregrado y eliminar las tesis comorequisito para licenciarse.

“Este argumento lo levantan quienes tienen a la elite estudiantil, con mayor capital cultural y sin grandes complicaciones en los perfiles de ingreso y en las tasas de repitencia”, dijo al momento de aclarar que esta iniciativa debilitaría al pregrado, transformando en un paso obligatorio la realización de un posgrado para alcanzar una especialización efectiva para la vida laboral.

“Con esto se encarecerá la formación real y se incrementará la diferencia entre universidades de elite y aquellas que formamos al Chile real”, finalizó.

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