Reportaje mostró que cerca de un 40 % de los legisladores tienen participación en sociedades que no fueron incluidas en las declaraciones de patrimonio y que por ley están obligados a realizar. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que “muchas veces con programas que son tan tajantes como éste, lo que hacemos es desacreditar nuestro sistema político y eso es muy inconveniente”.
Un reportaje dado a conocer la noche del martes dejó en evidencia los conflictos de interés existente entre los parlamentarios. La investigación se extendió por cerca de tres años y revisó el patrimonio de 158 legisladores nacionales.
El programa “Contacto” de Canal 13, mostró que cerca de un 40 % de los congresistas tienen participación en sociedades que no fueron incluidas en las declaraciones de patrimonio y que por ley están obligados a realizar.
La Ley 18.918 indica que todos los parlamentarios deben exponer públicamente sus inversiones y participaciones en sociedades comerciales, con el objetivo de evitar que participen en discusiones legislativas que tengan alguna relación con esas empresas.
El programa mostró al diputado UDI, Ramón Barros, quien tiene una propiedad de unas 40 hectáreas dedicadas a los viñedos y que votó en contra de un proyecto de ley que afecta directamente a las empresas vitivinícolas y que incluía la prohibición para que las bebidas alcohólicas realicen publicidad libremente. Tampoco se abstuvo en la votación que prohíbe la venta de alcohol en bombas de bencinas en 2006. Incluso dos años más tarde presentó una moción que pretendía beneficiar a los productores de vino a granel.
Sin embargo, esto no es todo, ya que el parlamentario también tiene plantaciones de tabaco en la Región de O’Higgins y en 2007 presentó una moción para permitir que se siga fumando en lugares públicos, como estadios, recintos deportivos y gimnasios abiertos.
Otro que apareció en la investigación fue el diputado gremialista Ignacio Urrutia, quien tiene una hermana vinculada al sector vitivinícola, votó en contra de quitar la publicidad del alcohol en eventos deportivos.
El parlamentario también votó la ley que regula la agricultura orgánica en 2005, a pesar de que poseer una plantación de frutas orgánicas en unas 100 hectáreas y defendió a los pequeños productores, tal como él mismo.
Otro de los legisladores implicados fue el DC, Andrés Zaldívar, quien ya había sido denunciado por el entonces diputado Nelson Ávila y el economista Marcel Claude.
Las denuncias apuntaban en que la última y polémica votación de la Ley de Pesca, Zaldívar dio su voto favorable a pesar de tener un hermano y un sobrino vinculados a Corpesca.
En otra parte del reportaje, aparece el senador DC, Hosain Sabag, señalando que sus hijos vendieron unas 200 mediaguas al Estado un año después del 27/F, cuya operación también involucró a Jorge Sabag, quien asimismo es parlamentario por el Bío Bío.
La defensa hecha por Sabag consistió en que “estamos hablando de cosas ridículas en valores, son cosas mínimas, estamos hablando de pequeñeces (…) Están hilando demasiado fino ustedes”.
Otro involucrado en la investigación fue el diputado UDI, Jorge Ulloa, quien no menciona en su declaración una empresa de transportes (camiones) de la cual su esposa es propietaria. El parlamentario votó para que a los transportistas se les devolviera el impuesto pagado por la compra de petróleo para sus máquinas, por lo que Cargo Service Limitada se ahorra 22 millones de pesos en concepto de devolución de impuestos por el diesel que ocupan sus camiones.
Además, también se encuentra la socialista Clemira Pacheco, cuyos hermanos figuran como dueños de un colegio de Coronel y que fue beneficiado con el proyecto que votó favorablemente y que aumentó la subvención que el Estado otorga a los establecimientos como el referido, en el cual ella misma antes figuró como sostenedora.
Otros que figuran en el reportaje son el senador de la UDI, Alejandro García-Huidobro, a raíz de su participación en la empresa Navarino y un hijo del senador gremialista Jovino Novoa, quien ocupa un cargo ejecutivo en una de las compañías.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans (UDI), valoró la existencia de programas periodísticos que entreguen más transparencia a la ciudadanía, pero dijo que existía un problema en cuanto a la información.
En declaraciones a radio ADN, Eluchans precisa que “me parece que hay una nota un poco de escándalo, no me gusta esto de que hay una especie de presunción de la mala fe, cuando las cosas tienen que ser exactamente al revés, no solo porque lo dice nuestra ley, sino por la naturaleza humana. Uno tiene que partir de la base que las cosas se tratan de hacer bien”.
Sin embargo, sostuvo que el reportaje presenta un problema que “no es menor, que la información que da en cuanto a la normativa aplicable no es exacta, se dice permanentemente que el no hacer declaraciones completas de intereses y patrimonio no tiene sanción, eso no es así”.
“A mí me entrevistaron en mi doble condición, de diputado y como supuestamente afectado y en mi condición de presidente de la Cámara de Diputados y salieron sólo mis declaraciones como supuestamente afectado, pero nada salió al aire de lo que yo dije como presidente de la Cámara, en el sentido que el secretismo es parte de nuestra cultura, parte de nuestra idiosincrasia, siempre ha sido así”, explicó.
El presidente de la Cámara mencionó que se está trabajando en la transparencia de esta área del Estado y que es un proceso que tiene avances, “por eso que a mí me deja una sensación muy incómoda esto de que parece que estuviéramos en la ley de la selva, que aquí cada uno hace lo que quiere, lo que se le antoja, que no hay norma legal y si la norma legal es ineficiente se la pasa a llevar como quiere y que en definitiva los diputados son unos privilegiados y que hacen lo que quieren y eso no es así”.
Y añadió que “me parece que es un mal mensaje a la ciudadanía, y en esto, yo insisto en la libertad periodística para hacer esto e insisto en la conveniencia que existan normas claras, terminantes y que las normas se apliquen y que se sea exigente en ello, pero muchas veces con programas que son tan tajantes como este, lo que hacemos es desacreditar nuestro sistema político y eso es muy inconveniente”.
En tanto, el presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), sostuvo que en el Congreso se está trabajando para lograr una fórmula que permita mayor transparencia en torno a los conflictos de interés de los parlamentarios.
En declaraciones a radio Cooperativa, Pizarro dijo que era importante “ir generando normas que permitan actuar de manera preventiva, porque hoy, en la práctica, depende de cada legislador si se inhabilita o no en una determinada votación».
“En eso nosotros con las comisiones de ética, tanto de la Cámara como del Senado, hemos avanzado en una propuesta que busca ir mejorando incluso más la transparencia en este tipo de materias. Nos interesa que las declaraciones de intereses y de patrimonio sean lo más rigurosas posible», explicó.
