Francisco Zúñiga y la propuesta constitucional de la Nueva Mayoría:
Durante octubre y noviembre, el abogado y el equipo del comando que trabajan por una nueva Carta Fundamental seguirán socializando su propuesta; un documento que fue entregado a la ex Presidenta el pasado 30 de agosto y que incluye 12 ejes fundamentales, entre ellos una nueva concepción de los derechos. La propuesta descarta la asamblea constituyente como mecanismo, aunque es finalmente el oficialismo quien tendrá en sus manos el futuro constitucional: “La decisión de una nueva Constitución depende de todos, pero naturalmente depende de la derecha abrir esa puerta”.
El 30 de agosto Michelle Bachelet recibió la propuesta de la comisión encargada de plantear las “Bases para una nueva Constitución”, una instancia coordinada por el abogado Francisco Zuñiga, quien cuenta que ésta se basa en 12 ejes fundamentales y que implica una reforma total.
-¿Qué significa la propuesta de reforma total para dibujar una nueva Constitución?
-Eso significa proponer al país un nuevo texto de Constitución Política que sustituya la vigente y que además la aborde desde una perspectiva distinta, que supere los déficits que tiene esta Constitución, que tiene un déficit de legitimidad con dos alcances. Primero, que en su origen es una Constitución otorgada por la dictadura; el plebiscito fue una mascarada. Pero, por otra parte, también es deficiente desde el punto de vista de la legitimidad porque impone un sistema de toma de decisiones en que una minoría tiene las llaves de las decisiones. Y, por tanto, cuando uno se enfrenta a la reforma –y esa fue la experiencia 1989/2005–, te enfrentas a una negociación con cartas marcadas, porque quien tiene la llave de la reforma tiene la posibilidad de vetar los contenidos que no le agradan de la reforma. Eso explica por qué la reforma de 2005 llegó 15 años tarde. Si examinas esa reforma, parte importante de su contenido estaba en el Acuerdo Nacional y acuerdos entre la Concertación y RN de 1989. Y llegó tarde porque un sector de la política chilena no estuvo dispuesto a reformar la Constitución en esos contenidos esenciales.
-Que es la misma minoría a la que se refiere.
-Es la misma minoría que te impone no sólo llegar a acuerdo, sino dialogar incluso sobre qué vas a reformar.
-Y esa minoría, que es la derecha, a la luz de lo debatido sobre el tema ¿cómo va a tomar este texto de propuesta para modificar la Constitución?
-Esto va a depender del resultado electoral, pero también tiene que ver con la capacidad de comprender que estamos viviendo un nuevo ciclo político en Chile. La transición está terminada y en este nuevo ciclo nosotros tenemos que entender que no podemos seguir regidos por una Constitución ideada durante la dictadura para privar a la ciudadanía de tomar decisiones directamente o a través de sus representantes. Eso es básico. Sin esa comprensión, un diálogo sobre una nueva Constitución podría ser un diálogo de sordos. Tiene que entender que estamos asistiendo a un nuevo ciclo y eso requiere de una respuesta distinta.
-¿Y cree que la derecha entienda esta necesidad?
-Este es un proceso lento. Yo creo que las mentes más lúcidas se dan cuenta de esto y creo que para abordarlo, se requiere un poco de vocación patriótica también. Entender que la Constitución nos pertenece a todos y no se puede seguir gobernando con una Constitución que es parte de un sector de la sociedad chilena.
-¿Cuáles son las propuestas que finalmente quedaron en el papel?
-Yo lo resumo en 12 ejes temáticos. La nueva Carta fundamental debe ser capaz de superar la visión estrecha que la Constitución tenía acerca de los derechos, que ahora tiene una concepción propia de concepciones liberales que ponen acentos en los derechos de propiedad y civiles patrimoniales. Una Constitución con un horizonte ideológico abierto es capaz de entender que los derechos son civiles, ambientales, económicos y un proyecto constitucional como el de la Nueva Mayoría se hace cargo de ellos…
-¿Un ejemplo concreto?
Por ejemplo, en el campo del trabajo, la Constitución no contempla el derecho al trabajo, prohíbe la huelga, no permite la negociación colectiva como un derecho, interempresas. Lo que proponemos es sustituir la mirada. Es decir, no eliminar la libertad de trabajo, sino consagrar el derecho al trabajo, a una remuneración equitativa, que permita la subsistencia de las personas y, al mismo tiempo, establecer un mecanismo de protección constitucional a la libertad sindical y la protección de las organizaciones sindicales.
-Eso va a significar una tensión con el empresariado que, hasta ahora, incluso con la Concertación, ha tenido un espacio favorable para poner sus puntos.
-Pero por supuesto. Cualquier país moderno hoy mira las relaciones capital trabajo desde una perspectiva de diálogo, de negociación y en cualquier país moderno esto está asegurado para los trabajadores.
-¿Fue conflictivo este tema, en particular, entre quienes conformaron el equipo constitucional?
-La Nueva Mayoría es diversa ideológicamente y creo que hubo diferencias de opinión, ninguna insalvable yo creo, pero hubo diferencias en temas sobre laicidad, en temas relativos al matrimonio igualitario, en temas relativos a la mujer y la interrupción del embarazo.
-¿Con los representantes de la Democracia Cristiana en la comisión?
-Sí, con la Democracia Cristiana.
-¿Y cómo se zanjó?
-Ellos hicieron algunas reservas legítimas, pero finalmente ellos entienden que un documento programático es un documento político, que debe concitar el mayor consenso posible.
-¿Qué otros puntos relevantes contiene la propuesta final?
-Hay temas que son muy importantes, como el tema de reconocimiento de un Estado social y democrático de derecho. También el reforzamiento de una república democrática por la vía de establecer mecanismos de participación democrática de la ciudadanía y limitar las reelecciones indefinidas de cargos públicos de elección popular. Está también el tema del reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la supresión en la Constitución de lo que denominamos el derecho constitucional del enemigo; es decir aquellas normas que castigan o pretenden penalizar a los disidentes en el campo político; por ejemplo, poner en la Constitución normas sobre la persecución del terrorismo que es una cuestión puramente penal, no constitucional; o incorporar a la Constitución ilícitos como aquellos que castigan a sectores políticos que puedan no estar de acuerdo con las reglas del tema democrático. Estas definiciones conectan con los derechos y un concepto distinto de ciudadanía. Un Estado más activo en la procura de los bienes públicos.
Zúñiga cuenta que hay una nueva definición que se incorpora: la de Estado Regional. “Chile está maduro para dar un salto en materia de descentralización y de reparto del poder político, con más democracia y elección directa de los presidentes de los gobiernos regionales y de los Cores, pero al mismo tiempo disponiendo los gobiernos regionales de más autonomía; y no sólo para definición de políticas públicas en las regiones, sino también en la inversión de los recursos públicos, dotando a esos gobiernos de una hacienda regional; un mecanismo de financiamiento que contemple recaudar recursos destinados a las definiciones que haga el gobierno regional”.
Uno de los puntos importantes en las últimas movilizaciones ha sido la educación. En ese sentido Zúñiga señala que ésta queda consagrada como “un derecho social, de cobertura universal y significa también que el Estado tiene a la educación como una tarea primordial en todos sus niveles, pre-básica, básica, media. Significa que la educación pública debe ser laica y el Estado debe asegurarla. Y ahí no está solo la gratuidad sino que también la calidad, los estándares mínimos.
-¿Y cuáles son esos estándares mínimos?
-Estos se definen por nivel de enseñanza y tienen que ver con las destrezas y capacidades de aprendizaje de los estudiantes. Y eso significa muchas veces que la malla curricular sea mirada integralmente y significa aceptar a cierto grado de diversidad; por ejemplo, la educación para minorías étnicas. Por qué no cobertura universal de eduacion pre-básica. El gran problema de los derechos sociales es que el Estado debe imponer un horizonte de gradualidad, porque tienen costos financieros significativos. El hecho que estén en la Constitución le da al Estado un horizonte de directrices que debe cumplir en el tiempo, por eso es importante que estén.
-Finalmente cómo se zanjó el mecanismo. ¿Hay propuesta de Asamblea Constituyente o no?
-En ese primer informe entregamos cuatro propuestas de camino para alumbrar a una nueva decisión y la presidenta determinó que el camino fuera el camino institucional, democrático participativo y respetuoso de los poderes públicos. Como es un camino institucional, la prioridad la tiene la reforma total a la Constitución. Sólo si la reforma total fracasa porque la derecha vuelve con sus bloqueos y vetos, se abrirá la posibilidad de recurrir al poder constituyente originario.
-Eso pone en las manos de la derecha que se recurra a una Asamblea Constituyente o no.
-La decisión de una nueva Constitución depende de todos, pero naturalmente depende de la derecha abrir esa puerta. Porque ellos tienen la puerta de los quórums y mientras no reformemos el binominal, es muy probable que la derecha siga teniendo más del tercio que le permita bloquear una reforma total a la Constitución.
