«Si es que se llegase a homologar la autonomía (permiso para funcionar y dar títulos) con la acreditación, se generaría una presión excesiva sobre el sistema», advirtió Ignacio Irarrázaval.
El presidente del Consejo Nacional de Educación, Ignacio Irarrázaval, valoró lo señalado por el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, en cuanto a que el proyecto que mejora el sistema de acreditación será clave dentro de la reforma educativa.
«Con el sistema actual se están generando muchas incertidumbres; hay distintas miradas sobre la acreditación; procesos versus resultados; hay aspectos que deben precisarse más», sostuvo a El Mercurio. No obstante, advirtió que la acreditación obligatoria podría afectar la autonomía universitaria.
«Personalmente, prefiero la acreditación de carácter voluntaria, si bien hoy en la práctica es casi obligatoria, ya que todas las instituciones de educación superior aspiran a tener alumnos con Crédito con Aval del Estado. Sin embargo, si es que se llegase a homologar la autonomía (permiso para funcionar y dar títulos) con la acreditación, se generaría una presión excesiva sobre el sistema. Todas las universidades se verían obligadas a cumplir criterios definidos por el Gobierno, lo que puede atentar contra su libertad institucional», puso énfasis Irarrázaval.
De acuerdo al académico, más que hacer obligatorio este proceso, lo que debería instaurarse es un mayor tutelaje a las instituciones una vez que han recibido su autonomía, pues el Consejo Nacional de Educación ha detectado que una vez que se autoriza a operar libremente, muchos planteles tienen una expansión desregulada.
«Que el Estado pueda monitorear el cumplimiento de requisitos básicos, es una solución alternativa. A mi modo de ver, la educación es un bien meritorio; es decir, tiene un componente importante de bien público, ya que la sociedad como un todo se beneficia, pero sin duda también tiene un componente de beneficio privado. Es cosa de ver las altas tasas de retorno que tiene la educación superior en Chile para darse cuenta que tiene un beneficio privado», agregó el timonel del CNED.
«Creo que lo que ayudaría más a las universidades estatales es revisar la legislación que las rige para que puedan operar en un contexto más dinámico y flexible. (…). Pero no creo que deban recibir trato preferencial; en términos de los resultados agregados que estas aspiran entregar a la sociedad, realmente no son diferentes de los objetivos de las privadas», acotó.
«Las universidades privadas que se crean deben pasar por un período de licenciamiento bajo supervisión del Consejo Nacional de Educación por 6 a 11 años. En el caso de las universidades estatales, estas se crean por ley; es decir, un acto político. Basta una votación en el Congreso para contar con dos nuevas universidades estatales. ¿Será este hecho suficiente para asegurar la calidad de la educación?», preguntó Irarrázaval.
