Mario Waissbluth analiza panorama educacional a días del 21 de mayo
El experto en educación abordó los temas que por estos días mantienen candente el debate, como el fin a la selección escolar y el término del copago, entre otros. Aspectos de la reforma educacional que aún no se han definido del todo, pese a que la fecha límite para presentar los proyectos se acerca a pasos agigantados. Sin embargo, es tajante: “Hay que disipar el mito de que toda la reforma va a quedar zanjada el 21 de mayo”, asegura.
Ante las escasas certezas que ha entregado el gobierno, el cual se prepara para presentar los proyectos ejes de la reforma –fin al lucro, fin al copago y fin a la selección de alumnos–, la especulación y la imaginación de los actores del debate público han dado para mucho, desatando férreas críticas ante las que el Ejecutivo ha mantenido silencio. Uno de los temas que ha sido centro de la discusión es si se incluirá, entre los establecimientos educacionales que deberán terminar con la selección de alumnos, a los liceos emblemáticos, como por ejemplo el Instituto Nacional. Pese a que desde varios de los establecimientos han respaldado la medida, no sólo la Alianza sino también el timonel de la DC, Ignacio Walker, y otros personajes de la histórica Concertación, como Carlos Ominami y Ricardo Solari, se han mostrado contrarios a que esta alcance a dichos liceos.
Otro aspecto que ha sacado ronchas, particularmente entre los estudiantes, es la decisión del gobierno de mantener el sistema de vouchers o subsidio a la demanda en la educación superior. Esta ha sido piedra de tope en las negociaciones y mesas de diálogo con la Confech, desde donde han anunciado, incluso, que elaborarán su propia contrapropuesta a la reforma educacional del gobierno. Un panorama incierto, dificultoso, de escasos consensos, en el que además han nacido críticas al estilo del ministro de Educación, a quien muchos han calificado como poco claro a la hora de negociar.
-A pocos días del 21 de mayo, fecha límite para el envío de los aspectos claves de la reforma educacional del gobierno, ¿cuáles son los puntos que, a su juicio, aún no están correctamente zanjados o que ha echado de menos abordar más?
-Hay que disipar el mito de que toda la reforma educacional va a quedar zanjada el 21 de mayo. Este cambió sistémico requerirá más de 30 proyectos legislativos y administrativos que se irán desarrollando a lo largo de los próximos tres o cuatro años. A la inversa, mientras no se vea cuál es el contenido preciso de los primeros proyectos de ley, y la agenda legislativa que se anuncie el 21 de mayo, creo que muchas opiniones que se están emitiendo a priori carecen de fundamento, desde ambos extremos del espectro político.
-¿Qué le parecería que el fin a la selección en establecimientos públicos excluyera a liceos emblemáticos? ¿Cómo podría afectar esta medida a un establecimiento, por ejemplo, como el Instituto Nacional?
-La tendencia general debe ser la eliminación gradual de la selección en liceos. Sin embargo, dada la compleja tradición histórica y arraigada cultura de segregación, se podría pensar en dar a los municipios o distritos locales la atribución para permitir que algunos (pocos) liceos (públicos o privados) puedan continuar teniendo una cuota de alumnos seleccionados por mérito académico, descendente en el tiempo. Estos liceos no tienen por qué definirse en una ley, sino que hay que dar responsabilidades territoriales dentro de ciertos márgenes. Pero no veo razón para diseñar reglas que privilegien a liceos “emblemáticos” que seleccionan (por el mero hecho de que tienen ex alumnos con llegada a la prensa) vs. otros liceos particulares o públicos que seleccionan en Temuco o Antofagasta, y que son muchos. Reglas parejas para todos, con gradualidad y flexibilidad territorial en su aplicación.
-En el caso del fin al copago en la educación escolar, han surgido críticas alarmistas. Hasta se ha alertado sobre el eventual cierre de sostenedores que dejen de ver en el mantenimiento de un colegio un posible negocio. ¿Cuál es su visión de este tema?
-A veces me sorprende la fertilidad de algunas imaginaciones. Creo que el fin del financiamiento compartido y el lucro debiera ser muy gradual. A medida que vaya aumentando la subvención para todas las escuelas, por razones estrictamente escolares y de salarios docentes, se debiera ir disminuyendo el techo del financiamiento compartido. Por ende, el «costo de eliminar el financiamiento compartido», en rigor, es nulo. El fin del lucro también debiera ser un proceso gradual y negociado caso a caso para proteger los derechos que el propio Estado –erróneamente– les dio a los sostenedores. Sospecho que el 80 o 90% de ellos podrán transitar al fin del lucro y continuar administrando sus escuelas con una remuneración razonable por su tarea, sin mayores problemas. Si de plano lo quieren vender, supongo que no faltarán las fundaciones sin fines de lucro o municipios o sostenedores públicos interesados en adquirirlos para administrarlos.
-¿Qué le parece la decisión del gobierno de mantener el sistema de vouchers? Este es un tema que no ha sido particularmente atendido por la reforma, ¿afecta en alguna medida la esencia de la transformación en la educación?
La combinación del sistema de vouchers per cápita, con el financiamiento compartido, con el lucro, la selección, y el excesivo uso del SIMCE y la PSU como herramienta de «competencia en el mercado», resultó ser letal, en cuanto a la grave segregación e inequidad que generó en el sistema escolar. Esta combinación no existe en ninguna parte del mundo. Sin embargo, tal como creo que la eliminación del lucro, del financiamiento compartido, de la selección, y la morigeración del uso del SIMCE, deben ser graduales, el voucher per cápita también debe ser «amortiguado» gradualmente, mediante el diseño de fórmulas que reflejen mejor el verdadero costo de educar, y que disminuyan la presión de la competencia en el «mercado» escolar. Este transatlántico contiene 3.8 millones alumnos, con sus apoderados, 200 mil profesores y miles de sostenedores, con prácticas y culturas muy arraigadas. Creo que los cambios deben ser profundos y decididos, pero de ninguna manera bruscos.
-En el debate educacional hay quienes han planteado que el Estado no tiene por qué financiar proyectos confesionales, ¿qué le parece esta premisa?
-No comparto esa premisa. Si bien hay países como Francia que tienen una larga tradición de educación casi totalmente pública y laica, otros, como Holanda, tienen una tradición de escuelas religiosas subvencionadas. No podemos ignorar la trayectoria histórica, religiosa y cultural de Chile. Sin embargo, no me parecería aceptable que los recursos del Estado se desvíen hacia el financiamiento de actividades religiosas propiamente tales, o que las escuelas religiosas seleccionen alumnos sobre la base de los antecedentes de sus padres.
[cita]“Las escuelas particulares pagadas son el principal foco de segregación y clasismo de Chile. No sé si en este período de gobierno, pero creo que tarde o temprano deberemos comenzar a integrar parcialmente esos colegios, aunque, nuevamente, de manera gradual, comenzando por las etapas preescolares y de primer ciclo básico. Esto no va a resolver los problemas de los más pobres, pues su cobertura es baja, sino la calidad de la educación de los estudiantes más acomodados, que suelen no bajar de la Plaza Italia hasta que cumplen 18 años. El daño cultural que causa esta situación es demasiado grande. La manera detallada de hacerlo la he planteado en mi libro Cambio de Rumbo, señala Waissbluth.[/cita]
-El tema de la intervención o regulación en el caso de instituciones particulares pagadas ha quedado completamente fuera de discusión, ¿en qué medida afecta esto los alcances de la reforma educacional?
-Las escuelas particulares pagadas son el principal foco de segregación y clasismo de Chile. No sé si en este período de gobierno, pero creo que tarde o temprano deberemos comenzar a integrar parcialmente esos colegios, aunque, nuevamente, de manera gradual, comenzando por las etapas preescolares y de primer ciclo básico. Esto no va a resolver los problemas de los más pobres, pues su cobertura es baja, sino la calidad de la educación de los estudiantes más acomodados, que suelen no bajar de la Plaza Italia hasta que cumplen 18 años. El daño cultural que causa esta situación es demasiado grande. La manera detallada de hacerlo la he planteado en mi libro Cambio de Rumbo.
La agenda en materia de educación superior ha dado que hablar. El pasado 5 de mayo, el gobierno envió a tramitación el proyecto de ley que crea las figuras del Administrador Provisional y el Administrador de Cierre, las que contarán con las facultades para reguardar los derechos de los estudiantes que podrían verse afectados por problemas en la gestión institucional, académica o financiera, de la casa de estudios. Esta propuesta surge al alero de los escándalos que han afectado a universidades como la U. del Mar, cuyos alumnos en gran parte han quedado a la deriva.
-¿Cómo ve la propuesta para la creación del Administrador Provisional? Críticas han apuntado a que la medida es una solución parche impulsada por el gobierno para calmar ansias de mayores anuncios, ¿qué opina al respecto?
-En nuestra primera reunión con el ministro Eyzaguirre y la subsecretaria Quiroga, hace ya varias semanas, les manifestamos que nos parecía que este proyecto de ley, si bien no era el más importante, era claramente el más urgente. Hay decenas de miles de alumnos cuyas carreras podrían estar en juego, en varias universidades, en caso de que estallen casos similares a la U. del Mar. Por tanto, esas críticas me parecen no sólo infundadas sino un tanto absurdas.
-Hay quienes han criticado que la propuesta del Administrador Provisional entrega demasiadas facultades al Mineduc para abrir una investigación en contra de una universidad, sin definir adecuadamente qué causales pueden motivar esta medida. ¿Cuál es su postura al respecto?
El proyecto de ley le da un importante rol al Consejo Nacional de Educación (CNED), organismo plural creado por el Estado, integrado por personas de reconocido prestigio para dirimir este tipo de situaciones. Es imposible definir a priori con toda precisión la variedad de causales para intervenir una entidad de educación superior. Si una universidad ya cerró arbitrariamente 3 de 15 carreras, dejando a los alumnos en la calle, o 4 o 5, ¿hay un criterio numérico definible a priori? ¿O si le ha dejado de pagar a un 25% o 43% de sus profesores? Son situaciones complejas que deben ser evaluadas una a una por un panel de expertos, como lo es el CNED.
