Ex secretario general de la UDLA es el nuevo asesor jurídico de la cartera que dirige Eyzaguirre
Cristian Inzulza Brajovic, ex secretario general de las universidades Viña del Mar y Las Américas, actualmente es uno de los funcionarios de la cartera encargado de redactar proyectos de ley como el del administrador provisional de las universidades. Su nombre se suma a una nutrida lista de ex funcionarios del Mineduc –y militantes de la Nueva Mayoría– que fueron captados por el grupo estadounidense.
Cristian Inzulza Brajovic es asesor jurídico del gabinete del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. De militancia socialista, trabaja en el equipo comandado por el abogado Patricio Espinoza, encargado de la elaboración de los principales proyectos de ley que ha enviado el Ministerio al Congreso en los primeros cuatro meses de su gestión. Uno de ellos es el que crea el administrador provisional de universidades, destinado a dar una solución a las múltiples investigaciones que el Mineduc mantiene abiertas contra universidades privadas sospechosas de lucro.
En el núcleo de ese grupo de instituciones investigadas están los planteles controlados por el grupo Laureate. Bajo indagatoria de la Secretaría de Estado aparecen la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Las Américas, las dos casas de estudios con mayor cantidad de alumnos matriculados en el país. Otra institución bajo control de Laureate es la Universidad Viña del Mar, la más pequeña del conglomerado –con cerca de 9 mil alumnos–, pero que no está bajo la mira del Mineduc, ya que –según comentan en la cartera– no ha debido afrontar un proceso de acreditación, por lo que sus estados financieros no han sido revisados a fondo.
En términos generales, las universidades de Laureate son investigadas por los traspasos de fondos a su grupo controlador, los que se habrían producido entre el 2011 y el 2013, precisamente la época en que Inzulza Brajovic se paseó por sus directorios.
Según información de transparencia, Cristian Inzulza Brajovic ingresó a trabajar como abogado a la Subsecretaría de Educación el 1 de julio del 2006, durante el primer mandato de Michelle Bachelet, cuando la ministra del ramo era la DC Yasna Provoste.
Desde ese cargo, le tocó monitorear en el Congreso la fase final del proyecto que prometía revolucionar la calidad de la educación superior chilena creando un sistema de acreditación institucional comandado por la CNA. Como jefe del departamento jurídico de la División de Educación Superior (Divesup) se mantuvo hasta que terminó el primer gobierno de Bachelet. Desde ese mismo cargo fue uno de los secretarios técnicos de la Comisión Asesora Presidencial de la educación superior.
El 4 de abril del 2010 finalizó su ligazón con el Mineduc –donde percibía una renta bruta mensual de $2.560.250–, para cinco días después asumir la secretaría general de la Universidad Viña del Mar (UVM). Un año antes, la UVM había sido comprada por el grupo Laureate. Desde ese cargo, Inzulza pudo participar en el directorio de la casa de estudios y ser parte de las decisiones que se tomaron bajo los criterios del gigante norteamericano.
[cita]Siendo parte del directorio de la UVM, el ahora asesor legislativo del Mineduc pudo conocer el detalle de la compra de servicios a Laureate que hoy tiene a esa universidad por las cuerdas. La Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos la investigan por eventual fraude tributario.[/cita]
Según el libro Con fines de lucro –de la Premio Nacional de Periodismo María Olivia Monckeberg–, en esos años en la UVM comenzó a replicarse un modelo habitual en las casas de estudios sospechosas de burlar la ley y lucrar con la educación: aumento de los ingresos y disminución de los costos. Según su investigación, entre el 2009 y el 2012 el plantel ubicado en Viña del Mar disminuyó el índice de profesores contratados por jornada completa en relación a los estudiantes matriculados, de 0.03 a 0,02, mientras los ingresos llegaban a casi 15 mil millones de pesos. Lo mismo ocurrió con los metros cuadrados para salas de clases, los que bajaron de 1,50 mt2 por alumno, a casi 0,50 mt2 por alumno. Igual con los libros, el 2012 sólo poseía 3,7 libros por estudiante, menos que los 3,9 que registraba el 2005.
Siendo parte del directorio de la UVM, el ahora asesor legislativo del Mineduc pudo conocer el detalle de la compra de servicios a Laureate que hoy tiene a esa universidad por las cuerdas. La Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos la investigan por eventual fraude tributario. Según los estados financieros de la casa de estudios, entre el 2010 y el 2012, más de US$15 millones fueron a parar a las arcas del grupo controlador, lo que se suma a un préstamo que Laureate le hizo a la casa de estudios cuando la adquirió, por US$6.958.311, lo que hasta ahora se ha traducido en depósitos desde la UVM por $359 millones sólo por el pago de intereses, según publicó El Dínamo.
La gestión de Inzulza Brajovic fue bien evaluada en Viña del Mar, lo que lo llevó a ser trasladado a la Dirección de Asuntos Académicos de la Universidad de Las Américas, desde donde saltó a la secretaría general y, por tanto, a su directorio.
La UDLA en la actualidad no sólo es investigada por la Fiscalía y el SII, sino también por el propio Mineduc, que analiza los movimientos de dineros en los años cuando Inzulza era parte de su directorio.
La compra de servicios a Laureate es lo que también se indaga en este caso. Compra de cursos de inglés, asesorías administrativas y patentes intelectuales, todo lo cual totalizó al menos US$18 millones en los últimos años.
En paralelo, Inzulza colaboró con Aequalis, el think tank de educación levantado por la ex ministra del ramo, la DC Mónica Jiménez.
En el Mineduc afirman que contrataron a Inzulza porque conocen su buen manejo en los temas relacionados con la educación superior, y aclaran que él renunció a la UDLA antes de ser llamado por las nuevas autoridades de la Secretaría de Estado: “Nosotros contratamos a alguien desempleado, y lo contratamos porque teníamos conocimiento de su experticia en esta área”, señalan. A lo que agregan que, por el momento, él no se referirá públicamente a este tema.
Cristian Inzulza Brajovic no es el único funcionario del Mineduc que ha saltado la vereda para prestar sus servicios a Laureate.
Quien fuera su jefe en la División de Educación Superior del Ministerio, Julio Castro Sepúlveda, se estableció con mayor facilidad en el grupo norteamericano, y hasta el momento no ha dado luces de querer volver al servicio público. El 28 de marzo del 2006, Julio Castro asumió la jefatura de la Divesup, desde donde le tocó monitorear la tramitación final del proyecto que creó la Comisión Nacional de Acreditación, de la que él formó parte en una primera etapa. A mediados del 2008, fue reemplazado en su cargo por Sally Bendersky, y fue entonces que decidió poner el ojo en el sector privado.
El 18 de agosto del 2009 asumió la rectoría de la Universidad Viña del Mar, poco antes de que se viera salpicado por el escándalo de las acreditaciones fraudulentas en la CNA.
En un correo electrónico enviado por Luis Eugenio Díaz –ex secretario ejecutivo de la CNA, sindicado como el principal responsable de las irregularidades del sistema–, a Jorge Selume –parte del grupo Laureate y miembro de los directorios de la UDLA y de la Universidad Andrés Bello–, Díaz menciona a Castro, y afirma: “Conversando con Julio Castro se nos ocurrió que quizás sea conveniente solicitar un pronunciamiento a la Contraloría General de la República respecto de la supuesta inhabilidad que me afectaría –que se aplica también a Luis Horacio y ahora afectaría también a Eduardo Olivares (rector del AIEP, también del grupo Laureate)– para participar en la acreditación de las demás instituciones Laureate”. En ese correo electrónico, filtrado por Ciper, Díaz se refería a las mañas que podrían concretarse para que los miembros de la CNA ligados a Laureate pudieran votar en los procesos de acreditación que los afectaran.
Pero a Julio Castro no le pasó mucho, de hecho, fue condecorado por su labor en la CNA. Durante el 2010, el entonces ministro de Educación, Joaquín Lavín, lo hizo parte de una ceremonia que reconocía su trabajo. En la ocasión, Castro expresó: «Siento una gran satisfacción por haber ayudado a crear un sistema que garantice la calidad de la educación en Chile”. Pocos meses después, ese sistema comenzaría a derrumbarse a medida que se conocían detalles del pago de sobornos por acreditar a algunos planteles.
Castro Sepúlveda fue rector de la UVM hasta el 1 de octubre del 2013. Luego de eso, pasó a ocupar un asiento en la junta directiva del Instituto Profesional AIEP –también propiedad de Laureate–, donde se mantiene hasta hoy.
Cuando el ex jefe de la Divesup se fue al sector privado, se llevó consigo a algunos asesores que trabajaron con él en el aparato público. Uno de ellos fue Néstor Marín, quien se desempeñó entre el 2007 y el 2010 como asesor de la División de Educación Superior. En la UVM ocupó el cargo de Director de Planificación y Gestión Estratégica. Terminado el gobierno de Sebastián Piñera, Marín volvió al ruedo estatal y ahora es el director del Instituto Nacional del Deporte.
Quien reemplazó a Julio Castro en la rectoría de la Universidad Viña del Mar fue Juan Pablo Prieto Cox, doctor en matemáticas de la Universidad de Ohio, que durante cuatro años percibió una renta paralela proveniente del Ministerio de Educación. Entre el 2009 y el 2013, recibió $1.500.000 por participar en los convenios por desempeño que la cartera firma con distintas universidades, los que consisten en la entrega de recursos públicos a cambio del cumplimiento de metas específicas. En su caso, hizo un seguimiento al convenio que se adjudicó el Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile.
Otro que recibe honorarios por la misma labor es José Palacios Guzmán, actual vicerrector de Aseguramiento de la Calidad de la UVM. En su caso, participa en los convenios firmados con la Universidad de Antofagasta y con la Universidad Católica de Temuco. Por el primero, percibe $7.000.000, mientras que por el segundo $5.850.000. Ambos implican un pago anual y fueron servicios solicitados durante el gobierno anterior, pero se mantienen en la actualidad.
En el Mineduc explican que cada línea desarrollada por los convenios de desempeño cuenta con un jefe que debe buscar académicos que ayuden a realizar un seguimiento de estos. Dicen que la mayoría de las veces no ocurre que estos académicos posean cargos en universidades, y que actualmente 36 personas ayudan en estas labores. A eso agregan que es “difícil” dar con personas que cuenten con el perfil adecuado, pero que casi todos son rectores o ex rectores de los planteles tradicionales agrupados en el Cruch.
Ni Julio Castro, ni José Palacios Guzmán, ni Juan Pablo Prieto Cox estuvieron disponibles para conversar con El Mostrador.
Fueron los primeros. Los funcionarios que se conocieron en la Divesup durante el pasado mandato de Bachelet inauguraron la ruta Mineduc-Laureate. Aunque ese camino fue pavimentado por otros.
Entre el 2000 y el 2006, la PPD Pilar Armanet fue la jefa de la Divesup. Desde ese cargo promovió el proyecto de ley que instaló el Crédito con Aval del Estado en el sistema educativo. Después, se fue de embajadora a Francia, para luego regresar a Chile y asumir la vocería del primer gobierno de Bachelet en sus últimos meses. De ahí, saltó a Laureate.
En marzo del 2010, asumió como vicerrectora académica de la Universidad de Las Américas, y a inicios de este 2014 se transformó en la nueva rectora, cargo desde el cual ha insistido en que la UDLA no lucra, y ha acusado animadversión en contra del plantel.
Lo cierto es que desde ese cargo está enfrentando una dura crisis, luego que a fines del año pasado la institución perdiera la acreditación y su matrícula disminuyera debido a que los nuevos estudiantes no podían acceder a los fondos del CAE. El difícil momento ha incluido despido de trabajadores, así como lobby de alto nivel desde Estados Unidos para sortear la crisis.
Otra ex Mineduc acompaña a Armanet en su aventura por defender a la Universidad de Las Américas: la militante PS Pilar Romaguera, ex subsecretaria del ramo entre 2006 y 2008, quien había llegado el 2010 como decana de Educación, cargo al que había renunciado, para luego volver a la UDLA a ocupar el puesto que dejó vacante Armanet al asumir la rectoría, el de vicerrectora académica.
