El momento más débil de Eyzaguirre

Quien se explica, se complica, y si lo hace dos veces en una misma mañana, peor aún. La Moneda tuvo que entrar ayer de lleno a poner las cosas en orden, luego del desaguisado que protagonizó el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, al relativizar la principal promesa de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet: educación gratuita universal. Varias reuniones en Palacio apuntaron a dos objetivos: salir públicamente a reafirmar el compromiso del gobierno con este ítem y, en paralelo, alinear a todo el oficialismo tras el criticado secretario de Estado, que suma un nuevo episodio polémico. Efectivamente, se bajó el perfil público a la controversia, pero eso no quita que la autoridad ministerial quedara menoscaba políticamente por otro error comunicacional.

“Se le perdió el respeto a Eyzaguirre”, sentenció uno de los timoneles de la Nueva Mayoría después de la ronda de reuniones de ayer en La Moneda. Una frase que grafica el débil momento político que atraviesa el ministro, debido a la molestia profunda que hay en el oficialismo con el secretario de Estado por generar varios incendios y conflictos con sus declaraciones públicas, así como su falta de conducción del proceso de la reforma educacional, la insistencia en notificar por la prensa a dirigentes y parlamentarios de los distintos temas involucrados y que, en vez de ejercer liderazgo en la coalición, estos cuatro meses haya abierto varios flancos de tensión interna.

Esos fueron algunos de los reparos que se pusieron sobre la mesa por parte de los partidos ayer en el comité político, puntualmente cuando el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, pidió a la coalición ordenarse, unificar el debate en torno a la reforma educacional y no priorizar los conflictos ni el ruido interno. Cuentan que la mayoría de los presidentes de partidos le hizo ver al jefe del gabinete que el problema radicaba en que Eyzaguirre, en lugar de ordenar las filas de la coalición, de aglutinarlos a todos tras las iniciativas en debate, “desordenaba todo con sus declaraciones públicas”.

El domingo, en el cuerpo de Reportajes de El Mercurio, entrevistado por el rector de la Universidad Diego Portales y columnista de dicho medio, Carlos Peña, el ministro aseguró que “cumpliremos el objetivo de la gratuidad universal, pero de manera eficiente. Cuatro años de estudio –lo que duraría un college– me parece un objetivo sensato de financiar para un país de 20.000 dólares per cápita (…). Lo que exceda a ese lapso debiera ser financiado con cargo a la renta futura del estudiante u otra forma equivalente”, dijo.

Más claro, echarles agua a sus palabras; sin embargo, el ministro apeló ayer a una confusión y que habían sido mal entendidos sus dichos. “No se entendió (…) le estoy diciendo el sentido de lo que plantee. Son dos ideas distintas: primero, gratuidad en la educación, segundo, una conversación sobre cuál debe ser la duración de las carreras universitarias. En la medida que se hayan mezclado los dos puntos es desafortunado, porque son dos puntos completamente distintos», precisó después de una reunión extraordinaria a la que lo citó la Presidenta Michelle Bachelet a La Moneda antes de las 8 de la mañana, junto al comité político –Peñailillo, Álvaro Elizalde (Segegob), Ximena Rincón (Segpres) y Alberto Arenas (Hacienda)–, donde la Mandataria dio la orden de que se debía dejar en claro públicamente, sin lugar a dudas, que el compromiso de campaña de una educación gratuita universal estaba intacto, sin matices, reparos ni letra chica.

[cita]El punto es que el secretario de Estado está en una situación “compleja”, porque en el oficialismo –reconocen– le perdieron la confianza política, consideran que hace cosas “sin tener consciencia de lo complejo del tema” ni tampoco –reclaman– de las “repercusiones” de sus actos, “no calibra sus palabras” y la coordinación de la coalición “no puede girar en tratar de explicar lo que él dice”.[/cita]

Eyzaguirre habló flanqueado por los otros cuatro ministros, en un intento por tratar de proyectar una señal de respaldo a su figura, para que el traspié –explicaron en el oficialismo– no se transforme en un conflicto político mayor. “Una vez más reafirmamos que la Presidenta Bachelet tiene la convicción de hacer de la educación un derecho social. Es un tema distinto, pero importante. Es un tema distinto a la gratuidad. El tema de la gratuidad no tiene segundos pensamientos de ninguna naturaleza”, expresó antes de cruzar el patio de los cañones y dirigirse al comité político con la Nueva Mayoría.

En la coalición, los timoneles se habían reunido en paralelo a solas antes del comité político, para organizarse, tratar de evitar que la reunión con los ministros y Eyzaguirre se transformara en un campo de batalla y recriminaciones, al tiempo que se acordó marcar en conjunto un punto: la necesidad de que los ministros, en este caso el de Educación, “se dediquen a hacer la pega”.

En la Nueva Mayoría confiesan que el “ánimo político está malo” en el seno de la coalición, lo que quedó en evidencia con las caras largas que se vieron a la salida de Palacio y el notorio intento de que no escalara públicamente la molestia reinante con Eyzaguirre, para no debilitar aún más su gestión. Ese mal clima se debe a que se considera que, en estos cuatro meses, la conducción de la cartera de Educación ha estado llena de declaraciones polémicas –como la de los patines de la educación particular subvencionada–, críticas a la señal errónea respecto a que no se estaba privilegiando la educación pública, con el orden con que se han mandado los proyectos de Ley al Congreso, lo que obligó a que Bachelet lanzara una “agenda corta” para revertir los focos de tensión en este punto y la intervención política que se hizo al Mineduc para apuntalarlo, con la llegada del DC Andrés Palma como secretario ejecutivo de la reforma y del PPD Harold Correa –hombre de confianza de Peñaillo– como jefe de gabinete de Eyzaguirre.

A pesar de eso, en La Moneda y la Nueva Mayoría está fuera de toda discusión la posibilidad remota de que Eyzaguirre salga de su cargo ahora, un escenario que es transversalmente considerado en estos momentos como una derrota mayor y, por tanto, un torpedo en la línea de flotación de la reforma educacional, que la debilitaría irreparablemente antes de dar las principales peleas en el Congreso.

El punto es que el secretario de Estado está en una situación “compleja”, porque en el oficialismo –reconocen– le perdieron la confianza política, consideran que hace cosas “sin tener consciencia de lo complejo del tema” ni tampoco –reclaman– de las “repercusiones” de sus actos, “no calibra sus palabras” y la coordinación de la coalición “no puede girar en tratar de explicar lo que él dice”.

Los intentos por aplacar la molestia y dar una sensación pública de alineamiento fueron evidentes. Antes de las reuniones en La Moneda, el timonel DC, Ignacio Walker, dijo que Eyzaguirre perdió “una buena oportunidad para guardar silencio (…) la verdad es que tantas declaraciones en tan poco tiempo, contradictorias entre sí, sin un claro rumbo, no contribuyen a clarificar nada”. Luego, al terminar la ronda de citas en Palacio, se limitó a recalcar que “como vocero de la Nueva Mayoría quiero decir que no soy comentarista de las entrevistas que dan los ministros los días domingo.  Hay convergencia en los contenidos y objetivos de la reforma educacional”.

Ya a fines de la semana, cuando Eyzaguirre manifestó que no había espacio para “arreglines” políticos –aludiendo al acuerdo que se gestó en el Senado para la reforma tributaria y a la posibilidad de que dicho consenso se repitiera en la reforma educacional–, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, opinó que sería bueno que se aplicara el silencio político y ayer, a la salida del comité político, reafirmó que “los hechos me han dado la razón, debemos someternos a una pausa de silencio y evitarnos este tipo de confrontaciones”.

Dicen que uno de los pocos que le “prestó ropa” a Eyzaguirre fue el presidente del PPD, Jaime Quintana, el único que, por lo demás, lo acompañó ante las cámaras cuando salió por segunda vez a explicar lo mismo que ya había dicho, apelar a que no se le había entendido, que no estaba en tela de juicio la gratuidad universal y tratando de convencer en cuanto a que nada de lo sucedido había sido tema de las reuniones. “No es efectivo, no ha sido tema de hoy día, ni en las dos reuniones que hemos tenido ha sido tema (…) el único tema de principios es el de la gratuidad, que está reafirmado por este gobierno y este ministro; los temas instrumentales que son flexibles, se plantean para la discusión, se recogen opiniones, lo importante es que el compromiso de la Presidenta de gratuidad en la educación terciaria aparece incólume”.

 La Confech le tira el flotador

Como coletazo del episodio, por el flanco izquierdo se sumó una improvisada reunión con los líderes de la Confech.

Pasado el mediodía de este lunes, los universitarios salieron a pedirle explicaciones por sus dichos en El Mercurio, razón por la cual solicitaron reunirse de forma urgente con él para aclarar las cosas y, a la vez, exigir claridades sobre las garantías que ellos habían solicitado para sumarse al Plan de Diálogo Ciudadano que parte hoy.

A sabiendas de que sería dramático que los estudiantes no se subieran a la mesa del diálogo, en el Mineduc aceptaron reunirse de inmediato, por lo que la cita se concretó pasadas las 16:00 horas en dependencias del Ministerio, donde Eyzaguirre salió a responder las solicitudes estudiantiles y, al mismo tiempo, a pedir apoyo a los dirigentes para apuntalar el proceso de cambios, ante las fuertes críticas «de la derecha, la DC y parte de la Nueva Mayoría». Les explicó que El Mercurio «tergiversó» sus palabras y que, si bien se pueden haber cometido errores en la forma en que se inició la reforma, les solicitó que ahora respalden los cambios.

Para congraciarse con ellos, el secretario de Estado les presentó el proyecto de ley que buscará derogar los artículos del DFL 2 que impiden la participación estudiantil en los gobiernos universitarios. En este punto, les aseguró que estaban listos para presentar el proyecto por estos días, pero que, debido al impasse del fin de semana, decidieron postergar ese anuncio. Como respuesta, la Confech le entregó una propuesta legislativa –elaborada por el Centro de Estudios de la FECH–, que no sólo deroga algunos artículos, sino que busca asegurar la organización estudiantil y sancionar a los planteles que la prohíban. Ante esto, el ministro aseguró una mesa de trabajo técnica a partir del jueves, y con un plazo de diez días, para que juntos redacten el proyecto definitivo que será enviado al Congreso.

Respecto de la influencia del movimiento estudiantil en la discusión de los proyectos, el titular de Educación ratificó que esta será «vinculante», y no «incidente», como había señalado en sus desafortunadas declaraciones del fin de semana, las que habían confundido a los universitarios. También se habló de una mesa de trabajo paralela –Mineduc, Confech, rectores del Cruch–, para poder participar de la elaboración de algunas glosas del presupuesto 2015, de modo que asegure aportes basales para los planteles tradicionales.

Con esas garantías sobre la mesa, la Confech decidió subirse al diálogo, perdonándole así la vida al titular de Educación.

Al respecto, el presidente de los estudiantes de la Universidad Austral, miembro de la Mesa Ejecutiva del Confech y militante del FEL, Ángel Delgado, aseguró a El Mostrador que «le pudimos ganar finalmente el gallito al gobierno, el movimiento estudiantil está más vivo que nunca, porque ninguna reforma se puede llevar a cabo sin el mundo social, y eso la ciudadanía lo tiene claro», aunque también advirtió que «no vamos a hipotecar el movimiento social. En la medida en que esto no se cumpla, donde no sea transparente, nosotros vamos a condicionar nuestra participación. No vamos a permitir que la política de los consensos raspe este trabajo».