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La salida de libreto de Eyzaguirre adelantó complejo tema

Cómo implementar la gratuidad: el quebradero de cabeza de la Nueva Mayoría

por 28 julio, 2014

Cómo implementar la gratuidad: el quebradero de cabeza de la Nueva Mayoría
Desde hace más de un año que personeros cercanos al oficialismo intentan dar con la fórmula que permita tener en Chile educación superior gratuita. Durante la campaña presidencial se cayó la idea de financiarla mediante un impuesto especial a los profesionales, y hace una semana el ministro Nicolás Eyzaguirre terminó de sepultar otra idea que proponía entregarla hasta el cuarto año de estudio. Ahora, en el Mineduc trabajan bajo total sigilo una nueva propuesta, la que debiera socializarse a partir de agosto.
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“Esta propuesta plantea un cambio de paradigma. Desde la educación como un bien que es posible transar en el mercado y la competencia como mecanismo regulador de la calidad, a un  sistema educacional coordinado que ofrece a las niñas, niños y jóvenes de Chile un derecho social”, rezaba la propuesta educacional de Michelle Bachelet en el ítem “Educación Gratuita”, el principal de su programa de gobierno, y el mismo que se ha transformado en un quebradero de cabeza para el equipo educacional de la Nueva Mayoría.

En todos los sectores se reconoce que no se trata de un tema fácil. Las formas y los mecanismos que se usarán para implementar la gratuidad tienen tal nivel de complejidad, que el mínimo error puede generar que la propuesta se caiga, o que se acuse al gobierno de utilizar “letra chica” en la puesta en marcha de su promesa más relevante.

Tanto es así que, cuando hace una semana el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, deslizó en entrevista con El Mercurio, uno de los mecanismos que se estudiaban en su cartera para concretar la gratuidad –asegurándola sólo los primeros cuatro años de estudio–, generó una batahola política que a la postre lo llevó a vivir su peor semana al mando del Mineduc.

“Cumpliremos el objetivo de la gratuidad universal, pero de manera eficiente. Cuatro años de estudio –lo que dura un college–, me parece un objetivo sensato de financiar para un país de 20.000 dólares per cápita. Lo que exceda a ese lapso debiera ser financiado con cargo a la renta futura del estudiante u otra  forma equivalente. Eso compatibiliza correctamente, me parece, gratuidad con esfuerzo personal, y ayudaría a promover los estudios generales a partir de los cuales pudiera seguirse una formación especializada o profesional”, fueron las palabras de Eyzaguirre al rector de la Universidad Diego Portales y columnista estrella del matutino de Agustín Edwards, Carlos Peña, que desataron una tormenta política.

En la secretaría de Estado reconocen que la propuesta de los cuatro años de gratuidad se venía trabajando desde hace un tiempo y que era una de las alternativas que sus equipos técnicos tenían contemplada. Su principal sustento era que “los recursos no alcanzaban”, ya que existe temor en varios de que finalmente los dineros recaudados por la reforma tributaria simplemente no lleguen al monto que se necesita para financiar la gratuidad universal. Aunque otros afirman que la propuesta no estaba entre las principales consideradas, y que ya venía “medio muerta”. Entre sus defensores se contaba el jefe de la Divesup, Francisco Martínez.

En todo caso, en la cartera reconocen que luego de la crisis que desató la entrevista de Eyzaguirre, esa propuesta terminó de morir y que ahora será otra la fórmula que utilizarán para cumplir lo que dice el programa presidencial: 70% de cobertura en los primeros cuatro años, y gratuidad universal en un plazo de seis.

IMPUESTO A LOS PROFESIONALES

La primera idea que rondó en el entorno del comando de Michelle Bachelet cuando se concretó la promesa de la gratuidad universal, fue financiarla mediante un impuesto especial que se cobraría a los profesionales ya egresados de las universidades, y que permitiría financiar la medida. Los impulsores de esa iniciativa fueron los académicos Claudia Sanhueza y Fernando Atria.

Cuando esa alternativa se filtró a la prensa, tuvo una muerte repentina. Era abril del 2013 y la Comisión de Educación del comando de Bachelet la incluyó como su propuesta estrella, sin embargo, al hacerse pública, los estudiantes alegaron que “eso no era gratuidad” y la sepultaron. De todas formas, Atria y Sanhueza se preocuparon de dejarla estampada en un documento llamado “Propuesta de gratuidad para la educación superior chilena”, que publicaron en noviembre del año pasado en el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales.

En el paper se argumenta que el impuesto a los profesionales sería un tributo progresivo que ayudaría a reducir la desigualdad, ya que los estratos altos pagarían proporcionalmente más que los bajos, pues por lo general acceden a trabajos mejor remunerados. “Como los estudiantes del 10% más rico probablemente tendrán los salarios más altos, terminarán aportando muchísimo más de lo recibido, mientras que los pobres aportarían menos de lo recibido e incluso podrían estar exentos”, se lee en el texto.

Fernando Atria explica que ese mecanismo sería el que permitiría asegurar la gratuidad universal para todos: “Tenía la ventaja de que, en las condiciones actuales, es la única manera en que es factible asegurar gratuidad universal al 100% de los estudiantes, porque la lógica de esa propuesta era que no se trata de gastar en educación superior recursos que podrían gastarse en otras cosas, sino que distribuir de manera distinta lo que actualmente se gasta, y no implicaba competencia con otros fines”. Según el académico, la gratuidad podría verse amenazada debido al alto costo que implica su implementación, lo que haría que, ante cualquier emergencia, los recursos para educación superior pudieran ser requeridos para cubrir otros frentes.

Atria agrega que existen riesgos de cometer errores si es que no se toma en cuenta la relevancia del gasto público que absorberá la gratuidad: “A mí lo que me preocupa es que en la medida que no sea para el 100% de las instituciones, se va a crear una situación análoga a lo que ocurre en la educación escolar, donde hay educación pública, educación subvencionada y educación particular pagada. En todo caso, aun cuando los recursos alcancen, la pregunta que va a ser aún más fuerte es cuán urgente es este tema, frente a otros gastos que van a ir saliendo. Hay un compromiso de gratuidad universal, el tema es que yo creo que va a ser sólo con algunas instituciones, y va a tratar de acotarse por ese lado”.

Hasta ahora, en el Mineduc han dicho que existirá un “sistema de equidad”, al que podrán adscribirse las instituciones que quieran optar por la gratuidad. Pero no se han entregado mayores detalles, como cuáles serán los requisitos, y a cuántos y qué tipo de planteles se piensa dejar fuera.

COMPLEJIDAD DE LA PROPUESTA

El ex dirigente estudiantil, y actual diputado de la Comisión de Educación de la Cámara, Giorgio Jackson, coincide en que se trata de un tema complejo y que tiene ribetes políticos difíciles de desamarrar.

“La pregunta es tanto para quienes estamos legislando como para los estudiantes, los rectores, para el Mineduc, porque no hay una solución mágica. Tenemos que pensar en un modelo ad hoc para nuestro país, no copiar fórmulas de otros países, y pensar además una transición para ello. Hay mucho que regular, universidades que funcionan pésimo y que no queremos financiarlas tal como están ahora”, asegura el legislador. Jackson agrega que “hay que ordenar el gallinero. El orden de los pasos que vamos dando para llegar a la gratuidad es súper relevante”.

Si bien el movimiento estudiantil se ha transformado en el actor que es capaz de darle piso o aniquilar propuestas relacionadas con la educación gratuita, en su interior reconocen que no tienen un proyecto detallado al respecto. La presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, dice, eso sí, que buscarán darles un rol protagónico a las instituciones del Estado.

“Como horizonte se entiende que las principales instituciones que tienen que componer el sistema de educación superior son las instituciones del Estado y que eso se tiene que revertir el panorama actual, que es de privatización casi absoluta”, por lo mismo, la dirigenta puntualiza que buscarán que en el presupuesto 2015 se incluya una glosa que dé muestras de avanzar significativamente hacia el fortalecimiento de las universidades públicas, permitiéndoles aumentar su matrícula y mejorar su infraestructura, además de poder renovar las plantas docentes.

En el Mineduc trabajan sigilosamente una propuesta definitiva de implementación de la gratuidad que darán a conocer durante agosto. Para ello, los equipos técnicos de la cartera cuentan con insumos que preparan académicos como Claudia Sanhueza, quien ya fue parte de la Comisión de Educación del comando, y es una de las autoras de la idea de implementar el impuesto a los profesionales, aunque la docente de la Universidad Diego Portales reconoce que esa idea ya no tiene sustento.

En la cartera de Educación agregan que, antes de hacer público el proyecto, buscarán socializarlo con los actores relevantes del mundo educativo, para evitar que este sea despedazado una vez que vea la luz. En el Mineduc están conscientes que hoy por hoy el movimiento estudiantil es un actor necesario de tener sentado a la mesa, para poder contar con su venia respecto del proyecto que viene, el más trascendental de los que se han enviado al Congreso, tomando en cuenta la relevancia política que se le dio al tema del 2011 en adelante y, más aún, luego de la última campaña presidencial, donde se transformó en la principal promesa de Michelle Bachelet.

Un tema que ha generado roces con los universitarios desde el principio del actual mandato presidencial ha sido el de los vouchers, que operan en el actual sistema y que, en palabras simples, significa que se financia al alumno y no a la universidad, lo que según expertos genera una competencia entre las instituciones por captar a estos estudiantes y su voucher, impidiendo un sistema colaborativo en la educación superior.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Takuri Tapia, plantea que a futuro debiera acabarse con los vouchers, para pasar a financiar directamente a las instituciones: “La gratuidad la entendemos como un derecho social, por ende, queremos que se financie la oferta y no la demanda. O sea, sin vouchers, lo que significa que se deben aumentar los aportes basales, que son un financiamiento directo a la institución. Sumamos a eso que todos los servicios sean gratuitos, como la entrega de los insumos y los libros”.

En todo caso, los flancos abiertos en este tema son varios. Cuando Eyzaguirre planteó que las universidades del Estado tendrían un “trato preferente”, sus palabras causaron la incomodidad de los rectores de los planteles privados tradicionales (grupo que levantó hace poco un nuevo referente, el G9). En especial, el rector de la Universidad Católica ha reclamado asegurando que su universidad cumple “un rol público”, por lo que no ve conveniente que se le discrimine por el hecho de no pertenecer al Estado.

En todo caso, esta es una historia abierta, cuyos próximos capítulos debieran acelerar la discusión, debido a que los plazos para presentar los proyectos relacionados con la educación superior se acercan y, con ellos, el momento en que finalmente Eyzaguirre deberá bajar sus cartas a la mesa, evidenciando la fórmula que el Mineduc prepara para concretar la gratuidad.

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