Propuesta es parte de documento que está siendo discutido en el Plan de Participación Ciudadana
Hasta ahora el proyecto del gobierno que regulará la gratuidad y el financiamiento a la educación superior había sido trabajado bajo siete llaves. Entre varias iniciativas que fueron evaluadas, finalmente se optó por la que busca entregar financiamiento basal a las instituciones que acepten las regulaciones del Mineduc, las que incluirán la fijación de aranceles y el establecimiento de cupos de equidad. Rectores y estudiantes se muestran preocupados por la “desregulación” en que podrían quedar las instituciones que no acepten las condiciones del gobierno.
En el Ministerio de Educación aseguran que se trata de una propuesta, un marco general, una “línea gruesa” de lo que será el futuro proyecto de financiamiento y gratuidad de educación superior. Hace algunas semanas las ideas madre de ese proyecto se estamparon en el “Documento Base para los Diálogos Temáticos”, que sirvió para iniciar el diálogo en el Plan de Participación Ciudadana.
Hasta ahora había pasado inadvertido, pero el texto adelanta la propuesta que preparan los equipos técnicos del Ministerio, y que está siendo testeada en los diálogos con los distintos actores del sistema. En el Mineduc saben que no es algo fácil. Hace más de un año que los encargados de la reforma educativa de Michelle Bachelet buscan dar con la fórmula que entregue gratuidad universal con los recursos que estarán disponibles gracias a la reforma tributaria.
Durante la campaña presidencial se cayó la idea de financiar la gratuidad mediante un impuesto a los profesionales, mientras que hace un par de semanas el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, terminó de matar otra iniciativa, la que pretendía otorgar educación gratis sólo hasta el cuarto año de estudio.
Luego de esos episodios, en la Nueva Mayoría se convencieron de que la gratuidad sólo tendrá piso en la medida que sea efectiva, universal y por todos los años que dure una carrera. Es más, la Presidenta Michelle Bachelet salió a jugarse su capital político en el cónclave que la Nueva Mayoría desarrolló esta semana en Cerro Castillo, advirtiendo a la coalición que esta es la principal reforma de su mandato.
Por ello el quebradero de cabeza de la coalición oficialista con este tema. Lo que se juega en términos políticos no es poco y el proyecto debiera aterrizar en medio de las turbulencias que se viven en torno a la reforma educacional, con la DC instalada en una postura crítica frente a los cambios y una derecha que comienza a movilizar la calle gracias al despliegue que han logrado los apoderados de los colegios particulares subvencionados.
Ante este escenario, en Educación definieron realizar un trabajo prelegislativo en torno al proyecto de financiamiento y gratuidad de la educación superior. De ahí se explica que las líneas gruesas de este se adelantaran en un documento abierto al debate del Plan de Participación.
Aunque en medio del “testeo” de la propuesta actual, el Jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, se salió de libreto y aseguró ayer a La Tercera que varias de las propuestas contenidas en el documento son la postura definitiva y oficial de la cartera: como la creación de un sistema de gratuidad que incorpore sólo a algunas instituciones –las que se acojan a las exigencias que fije el Mineduc–, y la eliminación de las becas para aquellos estudiantes matriculados en planteles que queden fuera del nuevo Sistema Nacional de Educación Superior. De todas formas, en el Ministerio afirmaron que las palabras de Martínez fueron desvirtuadas por el matutino de Álvaro Saieh, y que el jefe de la Divesup solamente se limitó a anunciar “generalidades”.
El proyecto ideado en los pasillos del Mineduc busca pasar de un sistema de competencia a uno colaborativo, como ya han adelantado las autoridades, y por lo mismo el documento de discusión que adelanta la iniciativa asegura: “La política del gobierno apunta a la creación de un Sistema Público de Educación Superior que asegure la articulación y la cooperación en red entre instituciones de formación técnica y universidades, y entre éstas y la educación media técnico profesional”.
[cita] Hasta ahora había pasado inadvertido, pero el texto adelanta la propuesta que preparan los equipos técnicos del Ministerio, y que está siendo testeada en los diálogos con los distintos actores del sistema. En el Mineduc saben que no es algo fácil. Hace más de un año que los encargados de la reforma educativa de Michelle Bachelet buscan dar con la fórmula que entregue gratuidad universal con los recursos que estarán disponibles gracias a la reforma tributaria.[/cita]
El equipo encargado del proyecto definió que se debe eliminar el actual sistema de financiamiento de la educación superior –basado en vouchers que se entregan a los estudiantes y que estos llevan a los planteles donde se matriculen, no importando la naturaleza de estos– y, por tanto, acabar con el financiamiento a la demanda, para pasar a una nueva modalidad donde se financie directamente a las instituciones. Eso sí, no a todas.
El documento base plantea que “este modelo distinguirá entre instituciones de diferente tipo (técnico-profesional y universitario) y naturaleza (estatales, privadas con financiamiento público y privadas)”. Las primeras serán las actuales universidades pertenecientes al Estado, más las nuevas que se crearán en las regiones de O’Higgins y Aysén y los 15 Centros de Formación Técnica estatales que se levantarán a lo largo del país.
En segundo lugar quedarían las actuales universidades privadas tradicionales (Universidad Católica entre ellas), las que para recibir financiamiento público y poder optar a la gratuidad deberán acogerse a la regulación que presentará el Ministerio.
La tercera opción está destinada a aquellas instituciones que decidan no aceptar las nuevas condiciones, y renuncien a recibir fondos del Estado, quedando fuera además del sistema de gratuidad, por lo que en estos planteles se seguirá cobrando un arancel para poder estudiar en sus aulas. Eso sí, en la propuesta se deja claro que las universidades que no se acojan al nuevo sistema podrán seguir postulando a fondos de investigación, como los actuales Fondecyt.
Las condiciones que se impondrán a las casas de estudio que quieran recibir financiamiento público quedan claras en el texto: “El modelo de financiamiento basal debiera comprender las funciones de docencia, creación, investigación, innovación y vinculación con el medio, según corresponda al tipo de institución. Este tipo de financiamiento estará disponible, en primer lugar, para las instituciones del Estado, y luego, para aquellas de naturaleza privada que decidan concurrir al sistema público de educación superior asumiendo compromisos explícitos relativos a inclusión y diversidad en su estudiantado, a producción científica e innovación pertinente para el desarrollo regional y/o nacional, y sujeción a los costos de docencia regulados. El mecanismo de entrega de tales aportes basales será mediante convenios con las propias instituciones”, se asevera en el documento.
Además, se solicitará que las universidades abran cupos de equidad para estudiantes vulnerables, y presenten programas de nivelación académica para estos mismos alumnos. “Fomentar la equidad con al menos un 20% de su matrícula compuesta por estudiantes del 40% más vulnerable de la población, y contar con sistemas de apoyo y acompañamiento a estos jóvenes una vez que han ingresado para evitar su deserción”.
También se asegurarán recursos para los planteles estatales a través de la creación de convenios marco: “Finalmente existirán fondos basales específicos para las universidades Estatales –nacionales y regionales–, los que serán asignados mediante convenios marco que aseguren plazos acordes con el tipo de compromisos que se establezcan”.
En el escrito se plantea que el financiamiento para la gratuidad se asignará según la matrícula que presente cada plantel, la que además estará determinada por el resultado que cada casa de estudio obtenga en el proceso de acreditación de la calidad, el que también se anuncia que será modificado. “Esto eliminará el subsidio a la demanda (voucher) y tenderá a disminuir el subsidio cruzado entre docencia e investigación”, afirma el documento.
En este punto se ahonda un poco más, y se anuncia que existirá una instancia que definirá el cálculo con que se fijarán los aportes a cada establecimiento: “El cálculo de los aportes a la formación será definido mediante un nuevo sistema que incluya un componente base, común a un conjunto de instituciones y grupos de carreras y programas, y componentes variables asociados a la calidad, la localización y el perfil de estudiantes que reciben las instituciones en cada periodo. El modelo de cálculo será propuesto por el Mineduc, siendo validado por un panel de expertos permanente que asegurará su revisión y actualización constantes”.
Entre los timoneles de las casas de estudio las reacciones son disímiles, dependiendo del tipo de institución que conduzcan.
Andrés Benítez, de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), manifiesta reparos: “Hay un intento de controlar desde algún organismo central, desde el Estado, casi todas las variables que hoy están entregadas a las universidades y al mercado laboral”. El rector agrega que el proyecto es regresivo, puesto que no busca financiar a las instituciones donde estudian los alumnos vulnerables: “Hay que considerar que hoy más de la mitad de la matrícula de la educación superior está concentrada en las instituciones privadas, y en ellas concentrada más de la mitad de la gente vulnerable del país. El proyecto del gobierno lo que hace es privilegiar universidades estatales, o tradicionales privadas, que concentran gente que no es de los estratos más pobres, entonces es un proyecto regresivo, porque dejaría sin financiamiento a los que se quiere ayudar”.
Benítez reconoce que si el proyecto se mantiene en la misma lógica en que está hoy, la UAI podría marginarse del sistema: “Nosotros no estamos de acuerdo con la gratuidad, porque implica depender del Estado, y nosotros tenemos un proyecto educativo que no queremos que dependa del Estado. Se incorporan cosas muy polémicas, como revisar los proyectos educativos a través de criterios que no están definidos”.
Y aunque el presidente del Consorcio de Universidades Estatales, y rector de la Universidad de Valparaíso (UV), Aldo Valle, se muestra más satisfecho con la propuesta, sÍ manifiesta un grado de preocupación por la supuesta desregulación en que quedarían las instituciones privadas que decidan no acogerse al sistema de gratuidad: “Me parece que el marco regulatorio de la educación superior no puede establecerse en función del origen de los recursos que financien a las instituciones. Al menos, ciertos estándares de calidad, de admisión y de cumplimiento de fines públicos, deben ser exigibles a todas las instituciones del sistema”, asegura.
Valle aprovecha de instalar la idea de que la gratuidad y el financiamiento público no puede ser para todos, ya que “nadie podría negar que hoy hay una oferta que no necesariamente responde a necesidades del país. Muchas veces se ofrecen alternativas fundadas en la publicidad, o en ciertos encantos pasajeros, pero que están inspiradas más bien en un éxito de mercado”.
Más allá de eso, el rector de la UV se manifiesta a favor de la regulación: “Estoy de acuerdo con que haya una fijación de aranceles en base a los costos de las carreras y que el financiamiento sea vía institucional y no por medio del voucher. La educación superior no puede estar dirigida desde la demanda porque los resultados son claros. Nadie quiere que las universidades terminen siendo investigadas por el Ministerio Público, o que caigan en quiebra o que obtengan su acreditación mediante recursos indebidos… En consecuencia, debe haber un orden público y esto no puede quedarse expuesto a la libertad de comercio”.
En una postura intermedia, el rector de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), Jorge Baeza, asegura que su plantel hace rato que cumple con los requisitos que ahora exigirá el Mineduc, ya que argumenta que sus estudiantes provienen en buena medida de sectores vulnerables, que utilizan un propedéutico que se encarga de nivelar su formación y que además todos los estamentos de la UCSH participan de la toma de decisiones.
Lo que le preocupa a Baeza es que se busque uniformar el sistema: “Hay un conjunto de temas que este documento no explicita y que generan preocupación. Por mencionar uno y de fondo: el referido al olvidado tema del para qué de las universidades. Necesitamos discutir como país para qué queremos tener universidades, si es para competir e insertarnos mejor en los mercados internacionales o, como solicitaba el Cardenal Silva Henríquez, ser conciencia crítica del país. Este tema, nos lleva a la necesidad de reconocer la posibilidad de una diversidad de proyectos universitarios, y de aquí que el tema de la calidad no debiese estar asociado a un único modelo de universidad, y mucho menos a estándares únicos de calidad que buscan homogeneizar más que estimular la mejora creciente”, asevera.
Por último, el rector solicita que las universidades privadas con vocación social sean consideradas por el Ministerio: “Aquí el tema es, para quienes trabajamos con los sectores vulnerables, que el Estado nos reconozca nuestra contribución como privados y que nos aporte –con toda la regulación más fuerte que considere–, teniendo presente que educar a quienes traen más deficiencias de base, implica mayores costos que formar a aquellos que vienen a la universidad con alto capital social y cultural”.
La propuesta en cuestión ya comienza a ser discutida al interior del movimiento estudiantil, desde donde surge una serie de preocupaciones, relacionadas casi todas con lo que pasará con las instituciones que queden fuera del sistema de gratuidad.
La presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, asegura que todas las instituciones deberán estar reguladas por el Estado, y no sólo las que reciban financiamiento público: “Esperamos que no suceda lo mismo que pasa con el sistema escolar, donde se propone dejar un campo abierto para el negocio y una desregulación absoluta. Tiene que haber criterios claros”, indica la dirigenta estudiantil, al tiempo que agrega que “los criterios de financiamiento tienen que estar enfocados hacia los planteles estatales y, sobre todo, a las universidades regionales”.
“Es necesario que haya definiciones claras”, plantea Sepúlveda. Y dice además que espera que se terminen los negocios que actualmente impulsan algunas instituciones, por lo mismo, llama al Mineduc a tomar una postura clara en relación a los planteles que están siendo investigados por, supuestamente, haber lucrado con la educación.
“Esperamos que se acaben los negocios de algunas instituciones, y son las instituciones públicas las que tienen que absorber esa matrícula. Se habla mucho de un sistema mixto, pero este es un sistema privado, donde el 84% de la matrícula está en el sector privado. Por eso se necesita fortalecer la educación pública”.
Además, la dirigenta se muestra contraria a que el financiamiento basal a las universidades se entregue vía convenios de desempeño, ya que asegura que estos quitan autonomía a los proyectos educativos: “Para nosotros el mecanismo de aporte basal tienen que ser a través de aportes de libre disposición, porque los convenios por desempeño lo que hacen es fijar políticas de uno u otro gobierno y condicionar a eso los proyectos educativos. Muchas veces se amarran procesos que hemos resistido, como es la precarización del pregrado, la duración de las carreras… hay una serie de medidas que se están implementando en América Latina y en Europa, que dan cuenta de la articulación de las universidades con el mercado laboral que reduce la formación universitaria a una mera producción de profesionales para las empresas”.
Su par de la Usach, Takuri Tapia, coincide en el cuestionamiento y se muestra opositor a la clasificación que se hace entre instituciones estatales, privadas con financiamiento estatal y privadas a secas. “Nos preocupa que estos proyectos puedan modificarse en el Congreso, y si bien los actores están planteando que la gratuidad es relevante, la clasificación de la universidades no es algo compartido por el movimiento estudiantil, creemos que hay universidades estatales y privadas. Respecto al ‘rol público’ de algunas privadas no es algo que genere consenso en el Confech. Es cosa de ver lo que pasa con la Universidad Católica, donde hace más de 30 días no se les da respuesta a los sindicatos que están movilizados”.
De todas formas, el dirigente afirma que la postura oficial del movimiento estudiantil deberá ser definida en las asambleas que se desarrollen en los próximos días.
A pesar del adelanto de varias de las propuestas, desde el interior del Mineduc comentan que hay una serie de aspectos que no se han definido, como si se podrá o no fijar los aranceles de las universidades que queden fuera del sistema, o si se les va a pedir acreditación a esas mismas instituciones. También reconocen que no han realizado cálculos sobre cuántas universidades podrían volcarse al sector privado renunciando al financiamiento y a la regulación pública, por lo que tampoco hay claridad de cuánto va a costar realmente la implementación de la gratuidad.
Eso sí, afirman que todos los detalles deberán definirse en los procesos de diálogo que ya se iniciaron con los distintos actores.
