Documento reconoce “angustia y desánimo que se ha instalado en muchas comunidades educativas”
La entidad que agrupa a los obispos chilenos expresa su temor por el destino de los emprendimientos educativos que participan de la industria y aunque están de acuerdo con la urgencia de la reforma, no esconden su preocupación por el resultado de los proyectos en el Senado. Piden «flexibilizar» y «definir un abanico de fórmulas» que no hagan traumática la transición.
Este martes la Conferencia Episcopal difundió un documento con 16 puntos en el que detalla oficialmente su posición frente a la reforma educacional que está en su segundo tiempo legislativo en el Senado.
La entidad que agrupa a los obispos de Chile y que preside el cardenal Ezzati, expresa que la Iglesia está de acuerdo con que es «urgente» transformar la educación en el país y apoyan una reforma que se enfoque en la calidad. «Es imprescindible la construcción de un sistema más equitativo y el fin de la segregación social desde la base, favoreciendo mayores grados de integración e inclusión», afirma el texto. Incluso, el documento «valora positivamente» el esfuerzo del gobierno por proveer educación gratuita, pero inmediatamente advierte: «De nada servirá una educación gratuita si ella no es de calidad ni adecuadamente financiada para todos los alumnos y alumnas».
La Iglesia apoya que se ordene la industria educacional para evitar que se desvíen recursos a fines distintos, pero comparte «la angustia y el desánimo que se ha instalado en muchas comunidades educativas». En este sentido, los obispos apoyan las movilizaciones y campañas impulsadas por agrupaciones de sostenedores y de padres, entre ellas la Cofepa. «Los padres, madres y apoderados, en cuanto primeros y principales educadores de sus hijos, están asumiendo el rol que les cabe en los procesos educativos, defendiendo sus derechos y su libertad de elegir la educación que desean para sus hijos. Así lo han hecho saber con mucha fuerza y claridad al país. La Iglesia reconoce el derecho a manifestar su inquietud y declara su esperanza de que su clamor no quede desatendido», asegura el texto .
En este documento se lee un respaldo explícito a los sostenedores, que conforme avanza el tratamiento legislativo de la reforma, han ido expresando sus temores sobre el destino de su emprendimiento educacional, que incluye el patrimonio inmobiliario que representa cada colegio.
«Nos preocupa que la actual discusión se haya centrado en la estructura de propiedad de los colegios, la falta de libertad para crear nuevos establecimientos y proyectos educativos, la creciente inflexibilidad para asignar recursos a las prioridades definidas por cada sostenedor según su propio proyecto educativo, el exceso de regulaciones innecesarias que amenazan con instalar la sospecha y la desconfianza como el modo ordinario de percibir el servicio de los establecimientos, también la falta de incentivos reales para el comodato y compraventa de propiedades, como los obstáculos para un arriendo regulado y legítimo», sostiene el documento.
En este contexto, la Iglesia asegura que se «hace imperativo en el Senado una reflexión serena, amplia, informada, sin apuros y con el tiempo que sea necesario», al tiempo que pide una «reforma en modo gradual, caracterizada por una transición serena y ordenada a las futuras entidades jurídicas, sin detrimento y menoscabo patrimonial de los sostenedores; a definir un abanico de fórmulas que flexibilicen y favorezcan la aplicación de las nuevas normativas de acuerdo a la pluralidad y complejidad de situaciones que componen la realidad del mundo particular subvencionado, asegurando un aumento de la subvención general como un servicio a la calidad».
