Críticos señalan que la institución o se renueva o se levantará otra
Cuarenta mil profesores paralizados por su cuenta marcan la peor crisis que ha vivido el Colegio de Profesores y que le ha valido una pérdida de credibilidad y de piso por parte de las bases, que apuntan a los dirigentes de la Nueva Mayoría, Jaime Gajardo y la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.
“En tierra de nadie y sin solución”. Así describe el secretario general del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, el escenario que enfrenta el gremio, esto luego de que el martes pasado la directiva nacional no lograra acordar la fórmula para consultar si se aprueba o no la última propuesta del Gobierno sobre los cinco puntos de la agenda corta de demandas del Magisterio.
La propuesta del Mineduc del 20 de noviembre y que aborda en forma concreta el paso a titularidad de profesores, así como el envío de un proyecto de ley estableciendo un bono al retiro, fue aprobada por los cinco miembros de la mesa negociadora y, según explica Vásquez, quedó amarrada al compromiso escrito de someterla a una consulta de las bases.
Pero no hubo humo blanco, ya que la vía que impulsaba el líder de la organización, Jaime Gajardo (PC), apuntaba a realizar una consulta que solo incluyera a los profesores colegiados, dejando fuera al resto, muchos de los cuales han sido claves en las movilizaciones que tienen en jaque a la dirección de la agrupación gremial. Apuesta que, en opinión de Vásquez, del ala disidente a la conducción de Gajardo, “es impresentable, es una falta de respeto con las bases movilizadas”.
Como no hubo acuerdo, Gajardo y su grupo –conformado por dirigentes ligados a la Nueva Mayoría– apostaron por llamar a una asamblea nacional, donde –según explica Vásquez –“tienen amplia mayoría. O sea, está cocinado, porque saben que tienen mayoría absoluta y ahí van a aprobar la propuesta del gobierno. Mientras tanto, los profesores siguen movilizados. Es el peor de los mundos”.
Qué es lo que decidirá exactamente la asamblea no está claro, ya que –de acuerdo a lo que explica el prosecretario Mario Aguilar–, “no quedó claro si va a dirimir si votan todos los profesores o solo los colegiados o si va a decidir si aprueba la propuesta del gobierno o no. La asamblea no ha sido citada aún y por estatuto debe ser citada con 15 días de anticipación, lo que es bastante curioso en vista de lo que estamos enfrentando”.
[cita] Mientras tanto, los profesores siguen movilizados. Según cifras entregadas por Aguilar, han adherido unas 150 comunas, principalmente a nivel regional, sumando alrededor de 40 mil profesores, la mayoría no colegiados. Desde el lunes, profesores de distintas regiones del país ya empezaron a votar la propuesta del Mineduc de manera no oficial y autónoma. Lo que refleja la dura crisis que enfrenta el Colegio y que, según varios de sus propios miembros, es la peor que ha enfrentado hasta ahora.[/cita]
Mientras tanto, los profesores siguen movilizados. Según cifras entregadas por Aguilar, han adherido unas 150 comunas, principalmente a nivel regional, sumando alrededor de 40 mil profesores, la mayoría no colegiados. Desde el lunes, profesores de distintas regiones del país ya empezaron a votar la propuesta del Mineduc de manera no oficial y autónoma. Lo que refleja la dura crisis que enfrenta el Colegio y que, según varios de sus propios miembros, es la peor que ha enfrentado hasta ahora.
Porque si bien los roces no son nuevos, el conflicto entre las bases, la conducción e incluso dentro de la misma organización, suma un ingrediente extra: la llegada del PC al gobierno, que ha marcado un alineamiento que para muchos no permite delimitar a quién están representando los dirigentes.
El sábado 15 de noviembre y durante una asamblea del Colegio de Profesores que reunió a presidentes regionales y dirigentes nacionales en La Casa del Maestro, se optó por continuar dialogando con el Gobierno y no apoyar el paro surgido como un claro rechazo a los acuerdos de la directiva con el Mineduc, Ministerio con el que se empezó a negociar en agosto.
Según relatan algunos de los asistentes a la asamblea, la presidenta de la CUT y miembro del PC, Bárbara Figueroa, que ha criticado duramente a los profesores en paro, fue clave en la decisión. “Las posturas más inflexibles de defender al gobierno han sido de Bárbara Figueroa. Tanto en las asambleas, en las reuniones con presidente regionales y en directorios. En los últimos dos meses es de la postura dura y muy gobiernista, más que Gajardo. Es público cómo descalificó al movimiento, lo que ha generado muchísima molestia en los profesores”.
Ese día, “ella insistió mucho en que había que tomar el acuerdo, que qué más podíamos pedir. Incluso Gajardo estaba más flexible a aceptar posturas más críticas, pero al final y como tienen mayoría, se votó y se acordó no apoyar el paro y continuar dialogando con el Gobierno. Lo que claramente fue peor y pasó lo que pasó con el movimiento”.
Darío Vásquez dice que Figueroa dio su opinión al igual que todos los presentes y detalla que con esta decisión “se desentendieron del conflicto que había. Y en vez de solucionar el problema se incendió más, ya que se empezaron a decretar paros en forma espontánea. Incluso dirigentes que volvieron a regiones fueron cuestionados por las bases y a algunos les están pidiendo la renuncia”.
De los 11 miembros de la directiva nacional del Colegio de Profesores, cinco son parte de la Nueva Mayoría. Dos socialistas, el tesorero Juan Soto y la segunda vicepresidenta Ligia Gallegos; el radical y segundo director Sergio Gajardo, y los comunistas Jaime Gajardo y Bárbara Figueroa, que ocupa el cargo de directora.
El ala disidente está compuesta también por cinco miembros: los ex comunistas Darío Vásquez, secretario general; Guido Reyes, primer vicepresidente; y Gustavo Méndez, tercer director; así como el radical y protesorero Francisco Seguel, y el humanista Mario Agilar.
De esta forma las partes están empatadas, por lo que el voto que dirime la mayoría de las decisiones y que históricamente es a favor de los cercanos a Gajardo y la Nueva Mayoría, es el de la primera directora y dirigente RN Verónica Monsalve.
“El bando de Gajardo hizo un pacto tácito con Monsalve, por lo que han impuesto todas sus decisiones en este período. En los hechos han tenido el sexto voto para imponerse”, asegura una fuente interna.
En tanto, la asamblea nacional que podría ser citada por la directiva en los próximos días está compuesta por 203 delegados, donde –según explica Darío Vásquez– Gajardo y la Nueva Mayoría lideran.
Para graficarlo se refiere al famoso telefonazo de principios de noviembre, tras el cual Gajardo optó por aceptar las condiciones que le ofrecían desde el Ministerio de Educación y que fueron aprobadas en la asamblea por 113 votos a favor, 58 en contra y 13 abstenciones. “Entonces usaron esa mayoría que siempre tienen sin que se discutan las cosas”.
Lo mismo sucedió –detalla Vásquez– en la asamblea del 7 de junio, cuando se analizó la propuesta del gobierno sobre el fin del lucro, copago y selección. “Allí hubo una opinión mayoritaria de rechazo al proyecto, porque no termina con la educación de mercado manteniendo la columna vertebral de la subvención. Pero en la asamblea de agosto se decide apoyar la política. Estamos llenos de contradicciones, y se están usando esas mayorías que tienen permanentemente para alinearse con el Gobierno”.
La actual directiva, que asumió en enero, y que le valió un segundo período a Gajardo, fue elegida por el voto de 21.242 profesores a nivel nacional, un 40% del total de 52.348 inscritos. Ninguno de sus miembros es nuevo, siendo la más antigua la dirigente de RN, Verónica Monsalve.
De acuerdo al relato de Aguilar, “al inicio de este gobierno se empieza a apreciar una postura muy cercana, casi de trabajo conjunto entre la Nueva Mayoría y los dirigentes. Por ejemplo, cuando se nombra a Nicolás Eyzaguirre, el mundo social, la Confech, secundarios y nosotros empezamos una fuerte crítica, en cambio Gajardo celebra su nombramiento. Desde ese momento empiezan marcadas líneas distintas”.
Pero lo que marcó a fuego la tensión entre el Magisterio y sus bases fue el telefonazo, tras el cual el paro dejó de activarse desde la directiva y se instaló como una decisión de las bases.
Una semana después del telefonazo, se constituyó la Mesa Nacional por la Unidad y Dignidad de los Trabajadores de la Educación, compuesta por profesores y asistentes de educación, en su mayoría no colegiados.
El vocero del grupo, Luis Yáñez, señala que en el Colegio de Profesores “tenemos una directiva cooptada, con dos pies en el gobierno más que dos pies en los trabajadores. La estructura existente ha llevado a una crisis en el Magisterio de representatividad, que no acepta que existe un mundo sindical que se perdió con el golpe de Estado”.
El profesor y presidente nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (SUTE), señala que “la crisis que hoy vive el colegio es de credibilidad, porque gran parte de las políticas de Estado que se han establecido en desmedro de profesores y del sistema escolar en su estructura, muchas veces ha sido con la venia del Colegio. Por ejemplo, la Subvención Escolar Preferencial (SEP) fue con la venia del Colegio; la ley de los directores que dio mayores atribuciones en despidos, también”.
Los silencios de la organización también han abierto distancias. “Hace poco se le dio un perdonazo a los alcaldes por el mal uso de millonarias platas SEP y el Colegio no ha dicho absolutamente nada. Esa es la falta de credibilidad. Nos aburrimos de que grupo burocrático de dirigencia nacional aborde políticas nacionales sin consultar a trabajadores si estamos o no de acuerdo”.
Yáñez recalca que “cuando se habla que dirigentes nacionales están cooptados por la Nueva Mayoría es realidad. ¿Cuántos dirigentes son Nueva Mayoría y prefieren salvar las políticas estructurales del gobierno antes que los intereses de los trabajadores?”.
El miércoles entregaron en La Moneda una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, requiriendo que tome razón de la existencia de la agrupación para ser considerados “en el proceso de negociación actual que se pronunciará sobre temas estructurales en educación y que no han sido debidamente socializados ni se han recogido todas las visiones sobre temas relativos a la Reforma Educacional que su gobierno impulsa, como ‘Carrera Docente’, ‘Condiciones Laborales’, ‘Formación Inicial Docente’, ni se considera en ella al resto de los trabajadores de la educación, entre otras cosas”.
En opinión del dirigente esta es la peor crisis que ha enfrentado el Colegio de Profesores. A lo que se suma “que ha habido mucha gente que se ha ido. Nos sorprende que una organización que alguna vez tuvo 80 mil maestros hoy esté en estas condiciones”.
Darío Vásquez explica que “tenemos un estatuto del tiempo de Pinochet, que no se ha renovado, lo que es una camisa de fuerza para producir una organización más moderna que llegue a las bases. Hay que producir cambios profundos en la organización, que es un medio oligárquico donde las decisiones las toman los dirigentes. Entonces, o se renueva o firmamos otra organización”.
El incendio levantado por los profesores era una situación que el gobierno no esperaba a comienzos de año y que tampoco tenía programado sortear tan pronto. Para eso incluso, sin moverse de Interior, llegó en una especie de “comisión de servicio” al Mineduc, en junio de este año, el secretario general del PC Juan Andrés Lagos. La idea, según aseguraban entonces, era que Lagos pudiera ser útil en la articulación con los gremios y, “principalmente, en desactivar conflictos con el Colegio de Profesores”. Sin embargo, la estrategia falló.
El conflicto era latente, como lo explica Vásquez: “Teníamos una crisis larvada, nadie la despertaba, nadie daba el paso. Lo importante de lo que ha pasado es que sale a la luz la crisis interna como Colegio y en el ejercicio de la profesión docente”.
