La CPC también se inscribió en otra categoría
72 horas después de entrar en vigencia la ley, las firmas Extend junto con Azerta fueron las primeras en integrar la nómina que les permite realizar gestión de intereses a nombre de sus clientes en las instituciones públicas.
La Ley de Lobby que se promulgó recientemente, tuvo una tramitación larga que comenzó en 2005. Luego, en 2008, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, el proyecto siguió su tramitación pero sin avanzar hasta convertirse en ley, entre otras cosas por el nudo en torno a establecer un registro público de las personas dedicadas a esta actividad. Después, en 2010, con Cristián Larroulet, a cargo de la Segpres, dos agencias –la multinacional Burson-Marstellers e Imaginacción, de Enrique Correa–, firmaron un documento a favor de acelerar el trámite y de implementar el registro público. Extend no firmó porque negaba que entre su trabajo de comunicación estratégica estuviera hacer lobby.
Pero las cosas cambiaron y Extend desde 2011 tiene una unidad de lobby rotulada como área de Relaciones Políticas y Legislativas, a cargo de Felipe del Solar, ex asesor de la Segpres.
El registro de lobbistas, instrumento creado por la ley que regula el lobby o gestión de intereses, ya tiene sus primeros inscritos: las agencias de comunicaciones Extend y Azerta y cuatro personas naturales, según informa La Segunda.
Ambas aparecen como empresas de lobby propiamente tales, a diferencia de organizaciones como la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que también se registró, aunque bajo el ítem de gestora de intereses particulares, que representan intereses no remunerados, una categoría en la que también figuran el Banco Central y el Congreso Nacional.
Extend es de propiedad de las hermanas María de la Luz y María del Pilar Velasco, mientras que Azerta pertenece a Cristina Bitar, Felipe Edwards y el abogado Gonzalo Cordero.
El vespertino indicó que ambas agencias aparecen inscritas en 11 de 23 ministerios junto a los particulares David Peters, José Joaquín Jara Donoso y Gustavo Lagos Cruz-Coke –que figuran en el Ministerio de Minería– y Miguel Angel Cortés Marchant, en la cartera de Medio Ambiente.
Desde Azerta, Cordero explicó que resolvieron acelerar su inscripción porque “la ley ha generado un sistema formal, público y transparente (…) y a nosotros nos parece que lo que corresponde es cumplir la norma en la forma y en el fondo, y acogernos a un sistema que hoy está regulado”.
Y sobre el hecho de que desde ahora se les catalogue oficialmente como lobbistas, afirmó que “no estamos haciendo nada más que formalizar nuestra actividad”.
“Como empresa públicamente hemos asumido que una de nuestras actividades de comunicaciones es el lobby, hace mucho tiempo”, dijo.
Prueba de ello, agregó, es que tanto él como Cristina Bitar han ofrecido entrevistas y hecho exposiciones en el Congreso mientras la nueva ley se tramitaba, por lo que “no estamos haciendo nada que no hayamos hecho público”.
También descartó que la nueva normativa ponga en riesgo la confidencialidad de sus gestiones, por cuanto “el valor de la asesoría que les entregamos a los clientes no está en ninguna gestión reservada, sino que en desarrollar buenas estrategias y una buena recopilación de antecedentes”.
Finalmente, Cordero dijo que esperaba que “ojalá esta ley ayude a que no existan formas encubiertas de lobby, ni gestiones que se hagan reservadamente, ni relaciones informales entre el mundo público y privado.
