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Diputados han enviado oficios a Servel, Fiscalía, CDE y Banco Central

Medidas desesperadas: la contraofensiva de la UDI por platas políticas

por 21 enero, 2015

 Medidas desesperadas: la contraofensiva de la UDI por platas políticas
Equipo especial de investigación comandado por los diputados Ward y Kast indaga los aportes hechos a campañas del oficialismo por grupos de exiliados. Lo que buscan en el gremialismo es poder comprobar envíos de remesas por parte de extranjeros, lo que está prohibido por la legislación chilena.
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Los dimes y diretes entre la UDI y el oficialismo por el viaje en yate que un grupo de personas realizó en Nueva York el 2013 en apoyo de la candidatura de Michelle Bachelet, es la primera jugada que tiene resultados en la estrategia del gremialismo para demostrar su tesis en el Pentagate: que todos los sectores políticos están involucrados en distintas formas de financiamiento irregular de campañas.

Antes habían intentado instalar la polémica debido a que encontraron boletas de la cónyuge de José Miguel “Kiko” Carcavilla, por $240 millones en asesorías. Sin embargo, esa denuncia no tuvo mayor trascendencia.

La revelación de actividades en el extranjero para recaudar recursos para campañas, le permitió a la UDI instalar la idea de que algo irregular también existe en la vereda de enfrente. Después que se conociera la cita en el yate de Nueva York –información que dio a conocer The Clinic, pero que manejaban en la bancada gremialista, según indican sus diputados–, el equipo especial de investigación que comanda Felipe Ward lanzó una serie de oficios a distintos organismos para capitalizar la denuncia.

El mismo 15 de enero, día en que apareció la información, el diputado por Calama emitió oficios para el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Servicio Electoral (Servel), la Fiscalía y el Banco Central.

En el documento enviado al CDE, Ward consultó por una “Eventual infracción del artículo 24 de la Ley N° 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, que señala: ‘Prohíbense los aportes de campaña electoral provenientes de personas naturales o jurídicas extranjeras, con excepción de los efectuados por extranjeros habilitados legalmente para ejercer en Chile el derecho a sufragio’”, se lee en el documento. A la vez que consulta sobre qué acciones penales tomará el Consejo de comprobarse la comisión de un delito a la mencionada ley por parte de algún funcionario allegado a la Presidenta Bachelet.

 El equipo de investigadores de la UDI es comandado por el diputado Felipe Ward –que no quiso comentar su trabajo a este medio–, quien en esa labor es acompañado por su par José Antonio Kast, además de abogados y periodistas que trabajan para la bancada gremialista.

En otro oficio, también del 15 de enero, Ward le solicita al presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, que le informe sobre la “Cantidad y origen de los recursos económicos ingresados a Chile desde el extranjero y destinados a la campaña presidencial de Michelle Bachelet durante el año 2013”. Y también “al amparo de qué capítulo del compendio de normas cambiarias internacionales ingresó el dinero antes señalado al país en la fecha mencionada”.

Un tercer oficio que forma parte de esta ofensiva, es el que el mismo diputado hizo llegar al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, donde insiste en las medidas que ese organismo tomaría frente a posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña de la Presidenta: “Eventuales acciones penales que emprenderá la Fiscalía Nacional de establecerse la comisión de un delito a la ley 19.884 por cualquier persona vinculada con la campaña presidencial de Michelle Bachelet del año 2013 por el financiamiento de dicha campaña con recursos provenientes del extranjero”, se lee en el escrito disponible en la página web de la Cámara.

Esa misma solicitud se repite en un cuarto oficio que es dirigido al director del Servicio Electoral.

Pero Bachelet no es la única autoridad en la mira del gremialismo. Siguiendo la misma fórmula, la UDI salió a denunciar ayer eventuales aportes de extranjeros a las campañas parlamentarias de las comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola. En el partido de derecha cuentan que fue un dato que les llegó y que pudieron chequear a través de una página en internet. Según ellos, el mentado comité de apoyo a las campañas del PC –formado en Francia, impulsado por exiliados políticos–, abre una ventana de irregularidades.

“Si bien los convocantes se identifican como ‘exiliados políticos chilenos en Francia’, no existe certeza de que los aportes provengan únicamente de chilenos con derecho a voto en el país, tal como lo estipula la legislación nacional (…). En las convocatorias conocidas no hay distinción entre personas nacionales o extranjeras. Es más, el listado de nombres entregado en el caso de los comités de apoyo a las candidaturas PC permite sospechar que hay personas extranjeras y/o sin derecho a voto en el país”, se lee en una minuta que la UDI difundió ayer.

EL CSI GREMIALISTA

Tal como dio a conocer hace un mes El Mostrador, un equipo especial de investigación ha sido el encargado de rastrear antecedentes de eventuales irregularidades en las campañas de la Nueva Mayoría. La tesis del partido es que las boletas falsas y los mecanismos apartados de la ley son utilizados por todos los sectores.

De hecho, en la sesión de la Comisión Investigadora por el caso Penta de este lunes en la Cámara, los diputados gremialistas lograron los votos para invitar a prestar testimonio al ex candidato presidencial Marcel Claude, quien hace unos días denunció que el partido que lo apoyó en su aventura –el Humanista– también utiliza boletas truchas para obtener recursos.

A juicio del diputado independiente miembro de la instancia, Vlado Mirosevic, “el debate en la comisión es bastante estéril. En gran medida eso es culpa de la UDI, que utiliza a la comisión para empatar y chacrear la discusión. A ratos da vergüenza ajena”, comenta el legislador.

El equipo de investigadores de la UDI es comandado por el diputado Felipe Ward –que no quiso comentar su trabajo a este medio–, quien en esa labor es acompañado por su par José Antonio Kast, además de abogados y periodistas que trabajan para la bancada gremialista.

Han enviado oficios, utilizado la Ley de Transparencia y se han comunicado con el Servicio de Impuestos Internos y otros organismos, como el Servel. Están convencidos de que en todos lados se cuecen habas y que es cosa de tiempo encontrar irregularidades en la Nueva Mayoría.

En el partido identifican dos grupos de trabajo, los que se complementan en sus labores. Por una parte está el encabezado por el diputado Kast, encargado de revisar el material que llega desde el Servel o el SII, y luego el del abogado jefe de la bancada, Rodrigo Pinochet, que se encarga de chequear la información obtenida de las bases de datos que se revisan. Otro que ha colaborado en esa labor ha sido Carlos Fairlie.

El jueves 11 de diciembre, Felipe Ward envió dos oficios, uno dirigido al Ministerio de Justicia y el otro al Servicio de Impuestos Internos, para que le envíen antecedentes sobre fundaciones en las que participaron dirigentes de la Nueva Mayoría. El objetivo es detectar movimientos extraños entre esas fundaciones y las campañas políticas, tal como sucedió con la Fundación Ciudad Justa, donde participaba el ministro del MOP, Alberto Undurraga, y que habría servido de vehículo para allegar recursos Penta a su fallida candidatura senatorial.

La lista incluida es encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet y secundada por otros 623 dirigentes políticos del oficialismo y su entorno, entre los que se encuentran parlamentarios, ex candidatos, ministros y presidentes de partido. Allí aparecen Camilo Escalona, Jorge Pizarro, Alejandro Navarro, Felipe Harboe, Guido Girardi, Soledad Alvear, Yasna Provoste, Aldo Cornejo, Máximo Pacheco Matte, Alberto Arenas, Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Peñailillo. También están incluidos quienes se sitúan en los bordes de la Nueva Mayoría, como el diputado Giorgio Jackson o el ex senador Carlos Cantero, además de otros outsiders, como Gabriel Boric. Revise aquí el oficio.

El 30 de diciembre el diputado volvió a enviar el requerimiento, buscando apurar una respuesta que hasta ese entonces no le llegaba.

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