Desfile de políticos al servicio del conglomerado que lidera ranking de millonarios en Chile
Cuatro ministros del gabinete fueron directores o ejecutivos de empresas del grupo o de Canal 13, que sólo pertenece a Andrónico, el mayor del clan. Dos autoridades de los gobiernos de Piñera y de Bachelet, en su primera versión, trabajan en el holding Quiñenco. Dos miembros del gabinete debieron renunciar con diferencia de un mes por su relación con el grupo. Cuando no es una cosa, es otra. Las miradas hace rato están puestas sobre el mayor conglomerado económico chileno, el único que figura entre los 100 más ricos del mundo.
Desde hace ya algún tiempo el foco está puesto en el grupo Luksic. Por sus directorios “cuoteados” que incluyen profesionales de trayectoria en el mundo de los negocios y ex ministros, principalmente de la Concertación. Porque se ha generado una suerte de puerta giratoria: no solo entran ex autoridades a sus empresas, sino que salen ejecutivos y directores que estaban trabajando o trabajaron en sus compañías y asumen en el gabinete de Michelle Bachelet. Por el crédito de $6.500 millones otorgado por el Banco de Chile, controlado por los Luksic, el 16 de diciembre de 2013 –un día después de ser electa la actual Presidenta–, a Caval, la sociedad de su nuera Natalia Compagnon, en una modalidad llamada bullet, que se paga en una sola cuota al momento de vencer y que representa un mayor riesgo para el banco, porque solo al final sabe si le van a pagar o no, por lo que se le entrega únicamente a clientes de alto patrimonio. Porque no fue una reunión la que sostuvo Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco de Chile, con Compagnon para analizar el crédito, sino que fueron ocho y salieron tres asesorías que el gerente de finanzas de Caval, Marcelo Carreño, le prestó a CCU, filial del grupo.
Cuando se supo del extendido vínculo Luksic-Compagnon, el periodista Matías del Río sostuvo en ‘Tolerancia Cero’, el domingo 12 de abril, que “Andrónico Luksic tiene una cierta compulsión en borrar esta muralla china que quisiéramos tener entre la política y el dinero, entre lo público y lo privado”. Lo calificó como más grave que el financiamiento irregular de las empresas a las campañas políticas, porque puede arreglarse con una buena ley, graficándolo como “un tumor que hay que extirpar”.
“No es un relación puntual para un determinado caso, porque se da en el tiempo, es constante”, aseguró, refiriéndose a la relación de negocios entre el empresario y la nuera de Michelle Bachelet. El viernes anterior, Luksic –en un comunicado público– afirmó que “no he buscado establecer una relación impropia” con la autoridad, ante lo cual Del Río aseguró que “lamentablemente, haciendo una búsqueda en Google, hay que decirle al señor Luksic que sí ha establecido no solo una o dos, sino muchas relaciones impropias entre lo público y lo privado”.
Y enumeró los cuatro ministros del gabinete de Bachelet que fueron directores o altos ejecutivos del grupo y, en algunos casos, ex autoridades de gobiernos concertacionistas: el ex director de Presupuestos, Alberto Arenas (PS), quien renunció al directorio de Canal 13 en abril de 2013 para integrarse al comando de la candidata PS y fue designado ministro de Hacienda; el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre (PPD), que, en agosto de 2013, dejó el directorio de la estación televisiva por problemas con la línea editorial y, más tarde, fue nombrado ministro de Educación y ahora es Segpres; Máximo Pacheco (PS), a cargo de la cartera de Energía, amigo personal de Andrónico Luksic, ambos veranearon en Hornitos, recorrieron Croacia en yate y subieron el Mount Vinson en la década pasada, mientras en simultáneo Pacheco era director del Banco de Chile y Lucchetti; Aurora Williams (PRSD), ministra de Minería, quien anteriormente fue gerente de finanzas del terminal portuario de Antofagasta –con un 65% que controlan los Luksic–, seremi de Obras Públicas de la primera gestión de Bachelet, y previamente gerenta de clientes en la Empresa Sanitaria Aguas de Antofagasta, entonces de propiedad de los Luksic.
Andrea Tokman, a quien Del Río no mencionó, es economista jefe de Quiñenco, doctorada en Economía de la U. de Berkeley, y hermana de Marcelo Tokman (PPD), actual gerente general de la Enap y ex ministro de Energía del anterior Gobierno de Bachelet.
[cita] El también columnista de La Tercera asegura a El Mostrador que “el grupo Luksic está envuelto en una serie de escándalos, lo que ha sido costoso para su imagen. Me remito a lo que dijo Andrónico Luksic, esto le ha costado un gran desprestigio al Banco de Chile, si él lo dice, que es el más consciente de lo que ha pasado…”. Afirma que pagarle al diputado Insunza es “cruzar una línea bastante imprudente, su salida (del Gobierno) prueba que no era correcto y debiera ser investigado, porque (Pablo) Wagner (ex subsecretario de Minería que recibió pagos de Empresas Penta) está formalizado por cohecho por una cosa muy parecida”. [/cita]
“Sólo quiero decir que se ve pésimo y son muy imprudentes y muy poco cuidadas estas relaciones. Pero no se queda ahí este flujo constante entre lo público y lo privado”, dijo apuntando a dos altos ejecutivos del holding Quiñenco, que controla las inversiones productivas y bancarias del conglomerado. Rodrigo Hinzpeter, ministro del Interior y de Defensa de Sebastián Piñera, una vez terminado el Gobierno pasó a ser gerente legal de Quiñenco, y Álvaro Sapag trabajó diez años en la Conama hasta ser su director en la primera administración de Bachelet, renunció en junio de 2010, se fue al estudio de abogados de Carlos Larraín, el ex presidente de RN, y en abril de 2014 asumió como gerente de sustentabilidad de Quiñenco.
Y, además, los ex ministros DC René Cortázar y Soledad Alvear, quienes pasaron a integrar el directorio de Canal 13 y que, en el caso de la segunda, fue dejado el pasado 30 de abril, cuando la mesa se redujo de 11 a 7 miembros, pero ella es parte del equipo de abogados que defiende a Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, en los dos juicios –uno civil y otro criminal– iniciados por la suiza Glencore por el botadero de escombros de Los Pelambres que ocupa terrenos de Glencore en el lado argentino, a cuatro mil metros de altura. También estuvieron en el directorio de Canal 13 dos ex ministros de Minería: Alejandro Jadresic y Rodrigo Álvarez, elegido con los votos de Andrónico Luksic y la Universidad Católica, a sugerencia del primero, y quienes desempeñaron sus cargos en los gobiernos de Frei y Piñera, respectivamente.
Otro movimiento fue el del socialista Jaime Estévez, quien presidía BancoEstado cuando se le otorgó un crédito por US$120 millones, a fines de 2000, al grupo Luksic, para comprar el control del Banco de Chile, y luego fue ministro de Obras Públicas entre 2005 y marzo de 2006, para luego asumir como miembro del directorio del Banco de Chile, cargo en el que se mantiene.
“Yo no he acusado ningún acto de corrupción, porque no conozco que estas personas hayan hecho nada malo puntualmente. Quiero terminar con la misma frase de Andrónico Luksic en sus declaraciones del viernes. Dice ‘podrán decir que he sido imprudente’; efectivamente, ha sido, no imprudente, ha sido muy imprudente, porque está súper abierto a que las relaciones se crucen y entrecrucen entre lo público y privado y lo que queremos para mejorar esto es establecer una cierta muralla china”, concluyó Del Río, que trabajó en la revista Capital cuando era de propiedad del fallecido Guillermo Luksic.
Los descargos del conglomerado apuntan que el mayor número de directores políticos se dio en Canal 13, una inversión personal de Andrónico, el hermano mayor, y que apuntó a imitar el directorio de TVN para dar garantías de transversalidad y pluralismo. Y que Aurora Williams fue contratada en Antofagasta Terminal Internacional cuando su controlador era el grupo Claro y los Luksic tenían sólo un 30%, cosa que cambió en 2012 con la compra de la Sudamericana de Vapores (de Ricardo Claro y sus socios). Pero Williams sí prestó servicios en un cargo de menor jerarquía en la Empresa Sanitaria Aguas de Antofagasta, entonces de propiedad de los Luksic, antes de ser Seremi de OO.PP. en el primer Gobierno de Bachelet.
El estilo del mayor conglomerado económico chileno –el único que figura entre los 100 más ricos del mundo, en el puesto 82, con una fortuna avaluada en US$13.500 millones, según el último ranking de Forbes– ha cobrado dos víctimas en el Gobierno, con apenas 31 días de diferencia.
El PPD Jorge Insunza asumió el 11 de mayo como ministro secretario general de la Presidencia y debió renunciar el 7 de junio después de hacerse público que, mientras era presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, asesoraba a Antofagasta Minerals, brazo minero del grupo Luksic. El también PPD Adolfo Galindo, ex jefe de gabinete de la ministra de Minería, Aurora Williams, y miembro de la G90, dejó su cargo el pasado 8 de julio mientras se le hacía un sumario por el trato preferente otorgado a la minera Los Pelambres. En concreto, le entregó a Los Pelambres una carta, en abril, en la que certificaba la “buena fe” con que actuó la minera de los Luksic en la construcción y operación del botadero de residuos Cerro Amarillo, en la frontera con Argentina, y por lo cual Glencore mantiene dos juicios en su contra en tribunales trasandinos.
“Me parece realmente insólito que haya empresas del grupo Luksic que le paguen a un parlamentario una especie de mesada, como pasó con Jorge Insunza. Muchos han criticado a Insunza, pero a mí me tiene horrorizado, ¡horrorizado!, o sea, ¿qué estaban pensando en el grupo Luksic cuando le pagan a un diputado que preside la Comisión de Minería?”, afirmó el rector de la U. Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, en la última edición de la revista Paula. Incluyó en su crítica al grupo Angelini, “que parece que le pagó el sueldo a (Rodrigo) Peñailillo, o SQM o Corpesca a Jaime Orpis”. Y remató: “Los tenían comprados a todos. Tengo una visión muy crítica de los políticos que aceptaron todo esto, pero a mí me parece que el político es mucho más vulnerable”.
El también columnista de La Tercera asegura a El Mostrador que “el grupo Luksic está envuelto en una serie de escándalos, lo que ha sido costoso para su imagen. Me remito a lo que dijo Andrónico Luksic, esto le ha costado un gran desprestigio al Banco de Chile, si él lo dice, que es el más consciente de lo que ha pasado…”.
Afirma que pagarle al diputado Insunza es “cruzar una línea bastante imprudente, su salida (del Gobierno) prueba que no era correcto y debiera ser investigado, porque (Pablo) Wagner (ex subsecretario de Minería que recibió pagos de Empresas Penta) está formalizado por cohecho por una cosa muy parecida”.
Tener directorios con figuras de distintas tendencias políticas –opina– “es una forma de llevar a las empresas más allá de sus límites estrictamente productivos para vincularlas con el mundo político, lo que siempre es útil, pero se pueden cruzar líneas muy precarias”. Cree que no es una práctica extendida entre los grupos económicos chilenos ni necesaria, “hay empresarios igualmente exitosos que no lo hacen y Luksic no es grande porque tenga estos directores; es grande porque se lo ha ganado”. Apunta a que, en su caso, puede tener más que ver con su manera de ser, “de ver los negocios quizás demasiado vinculados a la política”, pero “cuotear” directorios –agrega– “es una fórmula que está siendo superada por los tiempos”.
Coincide el abogado y experto en comunicación, Patricio Dussaillant: “Hoy día es mal visto tener políticos metidos en las empresas, porque la gente está viendo que ha existido una relación estrecha entre empresa, política y dinero y esto lo que hace es confirmarlo y en un contexto que se presume negativo, porque los grupos lo están haciendo para conseguir influencia o lobby en el Estado”. Dice que aunque así no sea, esa es la lectura que se le da.
Hasta ahora, la ley establece un período de seis meses de restricción para que los funcionarios de instituciones fiscalizadoras, como las superintendencias de valores y bancos, puedan emplearse en una empresa que haya estado bajo su supervisión.
El Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, presidido por el economista Eduardo Engel, fijó en un año el “período de enfriamiento” e incluyó a ministros y subsecretarios, prohibiendo además que en esa etapa pudiesen contactar a funcionarios de la entidad en que trabajaron u otros organismos del Estado en relación con materias en las que se tuvo responsabilidad.
Sin embargo, el proyecto de ley enviado el 17 de junio fue más suave. Mantuvo en seis meses la restricción para que funcionarios de organismos fiscalizadores puedan prestar cualquier tipo de servicio a una empresa supervisada: Aduanas, Impuestos Internos, Fiscalía Nacional Económica, Dirección del Trabajo, superintendencias de Valores, de Bancos y de Seguridad Social, excluyendo a las de isapres y AFP, las carteras de Medio Ambiente, Telecomunicaciones y Energía, que son reguladores, explica María Jaraquemada, directora de investigación de Ciudadano Inteligente, que ha seguido paso a paso los proyectos anunciados y enviados al Congreso.
Para los ministros y subsecretarios –primer y segundo nivel jerárquico- establece una prohibición de tres meses para trabajar en cualquier empresa fiscalizada después de dejar el cargo y les permite recibir un 75% de sus sueldos durante ese período.
Establece una multa de 100 UTM para las personas que incumplan la norma y de 4 mil UF para la empresa que la transgreda. Y dos años para que ex funcionarios del Estado puedan realizar lobby en las entidades fiscalizadas.
Al revés, del sector público al privado fija seis meses para directores o gerentes de empresas sujetas a fiscalización, es decir, no podría ingresar a trabajar en el Ministerio de Minería el director de una compañía del sector.
Para Jaraquemada el riesgo de la “puerta giratoria” radica en que al contratar a un ex ministro o ex funcionario de Gobierno “pueda usar sus contactos para que la autoridad que hoy está en el cargo beneficie a la empresa porque él está ahí y no a otros”.
Agrega que esta práctica antes no era muy criticada, “pero ahora sí, porque como sociedad estamos exigiendo mayor igualdad de trato: es imposible que exista una muralla china, pero tiene que haber reglas claras. Para estar tranquilos una nueva ley debiera incluir no sólo a fiscalizadores, sino a ministros y subsecretarios por un período de restricción mínimo de un año y máximo de dos. Seis meses me parece poco”.
