La magistrada Ema Tapia argumentó que no existía querella ni denuncia alguna contra el consejero regional y ex vicepresidente de RN, a quien la Fiscalía acusa de fraude tributario por la emisión a la minera no metálica de 25 boletas por un total de 112 millones de pesos. [Actualizada]
La jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Ema Tapia, resolvió anular la formalización del consejero regional y militante de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, a quien la Fiscalía investiga por la emisión entre 2011 y 2013 de 25 boletas a SQM, por un total de 112 millones de pesos.
La magistrada fundamentó su decisión en la inexistencia de una querella o denuncia por delito tributario por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) contra el también ex vicepresidente de la tienda opositora. De este modo, recogió la solicitud del abogado defensor de Eguiluz, Marcelo Torres.
Eguiluz fue mencionado en una de las querellas presentadas por el SII contra la minera no metálica. El Ministerio Público, que lo acusa de desviar recursos a campañas políticas, anunció que apelará ante la Corte de Apelaciones y se quejó por la falta de uniformidad de criterios por parte del tribunal a la hora de resolver respecto de los distintos implicados en este caso y también en el caso Penta.
La decisión se produce en momentos que Impuestos Internos continúa dilatando la presentación de acciones legales contra empresas y personas que habrían cometido fraude tributario para recaudar recursos para campañas políticas y, al mismo tiempo, está fomentando resolver el asunto por la vía extrajudicial a través de las denominadas «rectificaciones».
El fiscal Emiliano Arias dijo sobre el dictamen que «evidentemente no lo compartimos y compartimos la decisión de tres jueces en Garantía de este mismo tribunal que habían tenido una opinión totalmente diversa, también en base a la cual se formalizó a otros imputados».
El actual Core asegura, por su parte, que las boletas fueron por servicios que sí prestó, a través de un empresa agrícola de su propiedad, y también acusó que detrás del intento de formalización hay «motivaciones políticas».