Cercano al grupo Matte, asesora al senador Allamand y tiene puentes con el oficialismo
Ex subsecretario del Trabajo del Gobierno de Piñera, con redes en el mundo empresarial y laboral, el abogado plantea cuáles son los puntos que incluirá el documento de los senadores de la Alianza que será presentado después del cónclave de la Nueva Mayoría para la votación de este miércoles en el Senado.
A la espera de la votación, este miércoles 5, de la idea de legislar respecto del proyecto que busca modernizar las relaciones laborales, y de lo que ocurra hoy en el cónclave de la Nueva Mayoría, que podría moderar algunos aspectos de la reforma laboral, los senadores Andrés Allamand (RN) y Hernán Larraín (UDI) –integrantes de la Comisión de Trabajo– alistan una propuesta para introducir cambios a la iniciativa legislativa.
“La reforma es bien intencionada, pero equivocada, porque extrema las posiciones”, plantea Marcelo Soto Ulloa, abogado laboralista, ex subsecretario del Trabajo del Gobierno de Piñera, quien asesora a los dos senadores de la Alianza y que entregó su visión de experto en las comisiones de Trabajo de la Cámara de Diputados y del Senado.
Esta semana o, a más tardar la próxima, el documento verá la luz. No antes –dice– porque hay expectativas de que “el Gobierno se abra conceptualmente a efectuar cambios a la reforma laboral”.
Rostro conocido en el mundo laboral, tendió puentes con la Central Unitaria de Trabajadores mientras la presidía Arturo Martínez y él era el segundo de la cartera de Trabajo; con Joaquín Godoy, redactor de la reforma laboral y asesor de la ministra Javiera Blanco en Trabajo, cuando ambos participaron en 2013 en la mesa técnica ante la OIT con la CPC, asesorada por Soto, y la CUT, por Godoy, que dio origen a un acuerdo de voluntades.
También es un rostro muy familiar a nivel empresarial. Socio de Uribe, Hubner & Canales (UH&C), uno de los pocos estudios grandes dedicados al área laboral, atiende a clientes como CMPC, Banco Bice, Concha y Toro, Falabella y Cencosud en negociaciones colectivas, juicios por despidos y análisis de contratos colectivos en las operaciones de compras de empresas.
Los puntos fundamentales de la propuesta de los senadores Allamand y Larraín, en los que trabaja Soto junto a expertos de la Fundación Jaime Guzmán y del Instituto Libertad y Desarrollo, que debieran sufrir cambios son, al menos, cuatro.
[cita]Rostro muy familiar a nivel empresarial. Socio de Uribe, Hubner & Canales (UH&C), uno de los pocos estudios grandes dedicados al área laboral, atiende a clientes como CMPC, Banco Bice, Concha y Toro, Falabella y Cencosud en negociaciones colectivas, juicios por despidos y análisis de contratos colectivos en las operaciones de compras de empresas. Los puntos fundamentales de la propuesta de los senadores Allamand y Larraín, en los que trabaja Soto junto a expertos de la Fundación Jaime Guzmán y del Instituto Libertad y Desarrollo, que debieran sufrir cambios son, al menos, cuatro.[/cita]
El reemplazo en huelga y reintegro de trabajadores, actualmente permitidos cumpliendo ciertas condiciones, quedan prohibidos en el proyecto. “En una ecuación muy desequilibrada, ¿cuáles van a ser los incentivos de un sindicato para llegar a un acuerdo? Ninguno. El empleador, al revés, tendrá todas las de perder”. La propuesta que elabora Soto apunta a un reintegro de trabajadores –una decisión individual y posible a partir del día 15 de la huelga en la actualidad– que contemple un quórum mínimo de trabajadores, “que puede ser el 10 o 20%”. Y se abre a que el reemplazo con trabajadores externos a la empresa quede prohibido en principio, pero se permita el reemplazo interno y regulado “a partir del día 10, por ejemplo, hoy está permitido desde el primer día, por períodos, para todas las funciones o sólo algunas”.
Mientras la ley vigente autoriza la extensión de beneficios logrados por el sindicato al resto de los trabajadores siempre que paguen un 75% de la cuota sindical, en el proyecto de ley el empleador pierde la facultad unilateral de entregar esos beneficios a todos y plantea que las partes deben ponerse de acuerdo. Soto afirma que se va a forzar la sindicalización obligatoria. Y afirma que los sindicatos debieran verse obligados a llegar a acuerdo con el empleador, que podría incluir que los beneficios para los no sindicalizados sean parciales, que reciban una parte o que vayan a un grupo determinado, no a todos los trabajadores. Advierte que para evitar que los trabajadores de sindicatos más chicos se cambien a otros más grandes, porque por su mayor poder negociador obtienen mayores beneficios –práctica conocida como arbitraje sindical– el proyecto podría aceptar el cambio de un sindicato a otro, pero regulado, es decir, a los que sean similares, como una misma tienda en el caso del retail o una misma planta si son empresas productivas. De lo contrario, el empleador pierde el control de los costos, porque si firma un contrato colectivo con un sindicato de 100 trabajadores y al año siguiente se duplica el número de integrantes es un factor no contemplado en sus gastos.
El documento en estudio persigue que el Gobierno reponga el artículo eliminado en la Cámara de Diputados que termina con el fuero sindical para los trabajadores que en una huelga impidan el ingreso de otros no sindicalizados por constituir una práctica antisindical.
Los servicios mínimos planteados en el proyecto de ley –aquellos que deben seguir funcionando en una huelga y que apuntan a riesgos con el medio ambiente, la salud y accidentes en la empresa– “debieran quedar bien definidos, de manera que lo que diga la ley sea efectivo”.
Se anticipa el voto en contra de Allamand y Larraín este miércoles en la idea de legislar respecto a la reforma laboral en la Comisión de Trabajo, lo que no tendrá efecto, pues a favor lo harán los senadores de la Nueva Mayoría Juan Pablo Letelier, Carolina Goic y Adriana Muñoz.
Simpatizante de RN, se inscribió en el partido cuando se fundó en 1987 y conoció a Allamand mientras era subsecretario del Trabajo. Ocupó el cargo durante un corto período –marzo a julio de 2010– y renunció por diferencias con la ministra del ramo, Camila Merino, para integrarse durante unos meses como asesor del Ministerio del Interior.
Desde hace un año asesora en materia laboral al senador Allamand, que unió fuerzas con el senador y presidente UDI Hernán Larraín, esto para lograr cambiar el proyecto que ha recibido fuertes críticas del sector empresarial representado por la CPC y la Sofofa, que integra el comité laboral pro empresa –también conocido como frente antirreforma– junto a 50 gremios.
Soto egresó del Liceo Manuel de Salas, entró a Derecho en la Universidad de Chile y desde que egresó, en 1991, trabaja en el área laboral. Es profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Los Andes, ligada al Opus Dei.
Tiene llegada a los grupos económicos, a través del estudio de abogados donde entró en 1997 y al que se asoció en 2000. Muy cercano al grupo Matte, al que asesora como abogado, es miembro del Opus.
En la previa a la discusión que se avecina en el Senado, la CUT dio a conocer el sábado los resultados de la primera encuesta sobre sindicalismo en Chile encargada a Mori. Un 70% de los encuestados rechaza el reemplazo en huelga, el 51% cree que los beneficios de las negociaciones colectivas deben extenderse con el acuerdo del empleador y los trabajadores y el 64% apoya la idea de tener «sindicatos fuertes».
