Adelanto del libro de Cristóbal Bellolio sobre los liberales y la Asamblea Constituyente
Este es el título del ensayo del académico y columnista de prensa, fundador de Red Liberal y ex precandidato a alcalde por Providencia, que ahora ofrece una reflexión, siempre con el acento en lo generacional, sobre lo que debería ser una asamblea constituyente, y el rol del mundo liberal en ese proceso. A continuación un extracto de la obra.
La clave del éxito de una AC podría estar en la elaboración de una especie de pacto generacional donde cada una de las partes se comprometa a validar al resto de los actores que quieren AC, independiente de su posición ideológica. De esa manera, entre ellos se articularía una conversación paralela discurriendo por debajo de la que tiene la clase política de la transición. Llegado el momento, estas fuerzas pujarán en conjunto por salir a la superficie. Cuando lo hagan, desplazarán a los actores que no fueron parte de dicha conversación. Así por ejemplo, Revolución Democrática buscará acuerdos con Evópoli, y Amplitud con la generación postransición del PPD. La Izquierda Autónoma preguntará dónde están las fuerzas democráticas de RN que quieren AC. Y así sucesivamente. Es una estrategia de potenciamiento cruzado y recíproco que mata dos pájaros de un tiro: asegura la victoria de la renovación política y transfiere poder a la generación postransición para influir decididamente en el tercer momento constitucional. Eso no es todo. Los acuerdos que las diversas fuerzas políticas y sociales establezcan en una eventual AC pueden ser la semilla de un nuevo tipo de entendimiento cívico, sin revanchismos ni fantasmas. En el mejor de los casos, constituyen una oportunidad para dibujar un nuevo marco de amistad cívica, basado en el respeto al adversario —aunque no necesariamente a sus ideas— y en el robustecimiento de las confianzas políticas. Ese sería sin duda un marco fecundo para empezar a pensar estrategias de desarrollo a largo plazo para Chile, de esas que adoptan los países que transitan por el lado luminoso de la historia.
Procesos constituyentes hay muchos. Pero no todos pueden alumbrar una nueva carta fundamental revestida de legitimidad y además avanzar en los objetivos adicionales descritos en este ensayo. Por eso es tan relevante el proceso que elijamos, independiente del contenido. No pretendo ofrecer el argumento generacional como determinante ni definitivo. Soy explícito en que se trata de un argumento auxiliar a favor de una AC. Pero estoy convencido de que vale la pena seguir explorando sus potencialidades. Especialmente porque no suele ser parte del repertorio de razones comunes a favor de una AC. Así como hay malas razones sobre la mesa (1) también hay buenas razones que han sido subestimadas en el debate. Negligentemente subestimadas, agregaría, en el caso de aquellos grupos que están esperando su momento para hacer entrada en la política chilena. Un acuerdo estratégico entre diversos actores de la generación postransición abre una serie de posibilidades que no solo redundan en robustecer la transversalidad de la invitación a una convención constituyente sino, además, en posicionar a esos mismos actores como oferentes identificables de una propuesta política. Todo ello sin mencionar la oportunidad de empezar a construir desde ya los grandes acuerdos del Chile de los próximos cincuenta años. Pinochet ya tuvo su constitución. Sus partidarios la defendieron a brazo partido mientras pudieron. Lagos borró la firma del dictador y en cambio plasmó la suya, representando los esfuerzos de su generación por superar los amarres del pasado. Eso ya es historia. Ha llegado el momento de dar un paso adelante. Sin la tutela de los herederos de Pinochet. Sin la tozudez de la generación de la transición. Ahora nos toca a nosotros.
La presente propuesta tiene por objeto darle solución al problema constitucional a través de un mecanismo inédito en la historia de Chile: la asamblea o convención constituyente (en adelante, AC). Junto con los criterios señalados en el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet —la necesidad de contar con un procedimiento democrático, participativo e institucional para el alumbramiento de una nueva constitución— la alternativa que paso a describir incluye otros criterios adicionales.
En primer lugar, es un proyecto de largo plazo. Aunque la presidenta Bachelet ganó las elecciones presidenciales con un programa que prometía una nueva constitución, el proceso que sugiero se limita a pedirle al gobierno que deje establecidas las bases para completar la tarea durante el próximo período presidencial. De acuerdo a los plazos indicados a continuación, Chile podría contar con una nueva carta fundamental plenamente legitimada al año 2020. La prisa por entregar una solución constituyente en el corto plazo puede cercenar el incipiente proceso de socialización del problema constitucional, sacrificar las instancias de pedagogía política respectivas y dificultar la formación de acuerdos amplios entre actores que necesitan retejer sus vínculos de confianza. Un proceso constituyente de largo plazo, además, facilita que las generaciones postransición incrementen su perfil público, alejando los espectros de una eventual constitución de revancha y sentando las bases de un pacto político sustentable en el tiempo.
En segundo lugar, la alternativa que presento favorece la dimensión programática del debate. La cuestión constituyente no debe resolverse de acuerdo a la popularidad individual de determinadas figuras políticas, sino que debe conducirse en un marco en el cual sea posible identificar diversas posiciones ideológicas respecto del tipo de sociedad política que se aspira a construir. De ahí nace la propuesta de conformar listas cerradas que permitan a coaliciones, partidos o movimientos determinar quiénes son los mejores exponentes de las visiones que se busca plasmar en el texto. La premisa es que esta elección no es de aquellas en las que se vota por la «persona», sino por las «ideas» encarnadas. Por lo mismo recomiendo el diseño de unidades territoriales extensas que minimicen la introducción de temáticas excesivamente locales o muy particularistas. La discusión en el interior de una AC es eminentemente nacional.
Luego, la mecánica sugerida requiere un esfuerzo colaborativo de diversos poderes del Estado a través del tiempo: del actual y el próximo Ejecutivo, así como del actual y el próximo Legislativo. Los compromisos institucionales que se van adquiriendo en una determinada fase —por ejemplo, tras el resultado de un plebiscito— son traspasados como en una posta a las autoridades siguientes. Dentro de este principio colaborativo destaco la participación del Congreso, que conserva atribuciones fundamentales: no solo debe aprobar las bases con las cuales operará la AC, sino que además continúa cumpliendo su labor ordinaria en paralelo. También es relevante apuntar que el proceso constituyente se desencadena con independencia del color político del próximo presidente de la República, quien está sometido al mismo compromiso aunque su plataforma de campaña no lo incluya.(3)
Finalmente, la presente propuesta incorpora un criterio de concurrencia entre actos eleccionarios. Es decir, hace lo posible para que los hitos del proceso constituyente vía AC coincidan con las elecciones establecidas en el calendario regular, ya sean municipales, parlamentarias o presidenciales. Si el cronograma que recomiendo a continuación se cumple con rigurosidad, el primer plebiscito podría coincidir con las municipales de 2016, el segundo plebiscito con las presidenciales y parlamentarias de 2017, y el plebiscito ratificatorio con las municipales de 2020. Solo la elección de delegados constituyentes —programada para fines de 2018— queda fuera de este patrón. Este criterio tiene un doble objetivo: por una parte, favorecer la participación cruzada de la ciudadanía en los distintos procedimientos eleccionarios; por la otra, transmitir una señal de normalidad institucional: el proceso constituyente no se juega en un mundo paralelo sino que está incrustado en ciertos actos de rutina republicana.
Estos siete criterios centrales —un proceso democrático, participativo, institucional, de largo plazo, programático, colaborativo y concurrente— son los elementos estructurantes de la propuesta que paso a detallar. La dividiré en tres secciones cronológicas: primero, una etapa habilitante. Luego, una etapa preparatoria. Finalmente, la AC propiamente tal con su respectivo mecanismo ratificatorio.
1 Expresadas en el ensayo sobre fetichismo constitucional y en la tendencia a mezclar la AC con un set de demandas sustantivas.
2 Una versión ligeramente recortada del presente artículo forma parte de una ambiciosa compilación que preparan los académicos de la UDP y editores, Claudio Fuentes y Alfredo Joignant, sobre la solución al problema constitucional.
3 Este pareciera ser el temor práctico de muchos partidarios del proceso constituyente vía AC: que Sebastián Piñera —o cualquier otra figura de derecha— retorne a La Moneda en 2018, volviendo todo a fojas cero. El principio colaborativo se encarga de lidiar con estos temores, haciendo los arreglos institucionales respectivos para que la tarea sea efectivamente vinculante y compartida en el tiempo. Mi intuición general es que los gobiernos de turno deben ser neutrales frente a las distintas alternativas ofrecidas a lo largo del proceso constituyente.
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