Sociedad Guerrero y Compañía, fundada Roberto Guerrero del Río
El ex senador está “aflojando” la rígida línea de defensa que lo caracterizó desde que su nombre se vio involucrado en el Caso Penta. A la par surgen nuevos antecedentes de personas cercanas a él que recibieron pagos de SQM. La Fiscalía encargó un informe tributario sobre la sociedad Guerrero y Compañía. Entre 2009 y 2013 emitió facturas a SQM por $600 millones. Guerrero y Cía. ya había aparecido en la contabilidad de “Inversiones y Mandatos S.A” –del ex senador UDI y Carlos Olivo– con 11 facturas por más de $81 millones. Si bien Guerrero y Cía. no está en la rectificación que la minera realizó ante el SII, el fiscal interno de la compañía sostuvo en declaración ante el Ministerio Público que “respecto a Guerrero y Cía., tampoco han sido contratados ni prestado servicios para la fiscalía de SQM. Tampoco he sabido que se hubiera contratado por SQM”.
Ayer declaró por tercera vez el poderoso coronel del gremialismo. Solo que esta vez Jovino Novoa habló ante los fiscales, según ha trascendido, ya que su defensa y el Ministerio Público están en conversaciones para llegar a un juicio abreviado, tal como adelantó El Mostrador la semana pasada. Para que esto suceda, Novoa debe abandonar la rígida defensa que adoptó desde el comienzo del caso y debe reconocer su participación en los hechos que le imputa el Ministerio Público. Estos son: emisión de boletas y facturas falsas, declaraciones de impuestos falsas, y evasión de impuesto a Ley de Donaciones.
Con ese telón de fondo, El Mostrador tuvo acceso a un análisis tributario –incluye declaraciones de impuestos mensuales y anuales– de la sociedad Guerrero y Compañía Ltda. entre los años 2009 y 2013, realizado por la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía. Según consta en el Diario Oficial, la sociedad fue fundada por un ex socio de Jovino Novoa, Roberto Guerrero del Río, el 24 de julio de 1991, junto su hermano Francisco Javier, quien es arquitecto.
En junio de este año, empero, Guerrero del Río quedó solamente en calidad de administrador de la sociedad y como quien puede hacer uso de su razón social. Por lo anterior, los actuales socios son su esposa, María Elena Comandari García, y sus tres hijos: Roberto, Pablo y Luz María Guerrero Valenzuela.
Hasta enero de este año, Guerrero del Río fue socio de Jovino Novoa en el estudio Guerrero Olivos. Este no se dedica a los litigios, por lo que no tienen grandes casos, y tampoco es el más grande de la plaza, pero sí está en el top ten. Han tenido clientes de la talla de La Polar, Azul Azul, Telefónica y Compañía General de Electricidad (CGE), para quienes realiza principalmente asesorías corporativas. El hijo de Guerrero del Río y hasta hace poco decano de la Facultad de Derecho de la UC, Roberto Guerrero Valenzuela, es socio administrador.
Además, los cuatro socios fundadores del estudio coincidieron en diferentes cargos públicos durante la dictadura de Pinochet. Novoa fue subsecretario general de Gobierno, mientras que Hernán Felipe Errázuriz fue vicepresidente del Banco Central y también canciller.
Por su parte, Roberto Guerrero del Río fue rector de la Universidad Finis Terrae entre 1988 y 1996. Además, trabajó en el Banco Central y como asesor de los ministros de Hacienda y Economía durante la dictadura de Augusto Pinochet. Carlos Olivos también trabajó en el Banco Central.
La sociedad de Roberto Guerrero del Río –el señalado ex socio de Novoa– recibió, entre 2009 y 2013, $600 millones de SQM, según dice el informe de la UNAC. Para lo anterior se basa en las facturas emitidas entre 2009 y 2013 que aparecen en el libro de compras de la minera. Los obtenidos por las facturas a SQM corresponden al 42% de los ingresos de la sociedad en los años tributarios 2010 y 2011; y al 45%, 40% y 44% en los años tributarios 2012, 2013 y 2014, respectivamente, de acuerdo al detalle del informe.
“El porcentaje restante de los ingresos ascendente a $ 810.787.135, corresponden a otros clientes”, refiere el informe, sin señalar quiénes son.
[cita tipo=»destaque»] Según el informe realizado en su momento, la sociedad de Novoa “emitió en forma correlativa Facturas de Ventas y Servicios no afectos o exentos de IVA, desde el folio N° 652 al 710. Dentro de estos folios se encuentran nulos los números 671, y desde el número 690 al 700 correlativos. En relación con estos últimos folios llama la atención que las facturas se encuentran en blanco sin ninguna anotación y escrito nulo manuscrito. De lo que podría dar cuenta esta situación es que estas facturas podrían haber sido reservadas, luego se inició la emisión de facturas en la N°701 y se tuvieron que anular las anteriores por no haberse ocupado”.[/cita]
El mismo análisis elaborado por la Fiscalía sostiene que al 31 de diciembre de 2009, que corresponde al Año Tributario 2010 (AT 2010), “existen cuentas por cobrar por la suma $212.182.677, lo que significa que las facturas emitidas se encuentran adeudadas. No obstante esto, las facturas fueron consideradas como ingreso y se tributó por ellas”.
Cabe destacar que en la contabilidad de Inversiones y Mandatos –sociedad de Jovino Novoa y Carlos Olivos– aparecen 11 facturas en 2013 a Guerrero y Cía. por $ 81.459.000, según se ha conocido.
Guerrero y Cía. no está entre las sociedades que SQM rectificó ante el SII. Sin embargo, el 27 de abril pasado el abogado Patricio Matías Astaburuaga, fiscal interno de SQM y sindicado como vicepresidente legal de la firma, se refirió a facturas que el estudio de abogados Guerrero y Cía. emitió a la minera durante su declaración ante la Fiscalía: “Respecto a Guerrero y Cía., tampoco han sido contratados ni prestado servicios para la fiscalía de SQM. Tampoco he sabido que se hubiera contratado por SQM”, dijo, al tiempo que agregó que “pagos de servicios por $10 millones mensuales a Guerrero y Cía. yo no los autoricé”.
El análisis de la UNAC establece que “preliminarmente, no existiría perjuicio fiscal porque las facturas exentas fueron declaradas como ingreso” si existe una norma en la Ley de IVA que indica el momento en que debe emitirse el documento tributario en el caso de los servicios. Cita el Artículo 55 de la Ley del IVA, DL 825/74, el cual establece que “en los casos de prestaciones de servicios, las facturas deberán emitirse en el mismo período tributario en que la remuneración se perciba o se ponga, en cualquier forma, a disposición del prestador del servicio”.
“Lo que ocurre en este caso, es que las facturas fueron emitidas y al 31 de diciembre de 2009 se encuentran adeudadas, sin haber sido pagada la remuneración”, concluye el informe y agrega que “lo anterior, origina para la sociedad Guerrero y Compañía Ltda. el reconocimiento de un ingreso que no ha sido percibido, y para las empresas que recibieron las facturas, su registro implica el respaldo de un desembolso que no se ha realizado, por lo menos a la sociedad Guerrero y Compañía Ltda.”.
En este sentido el análisis no puede comprobar que lo que sucedió en el AT 2010 se haya repetido en los siguientes años, producto de que en la declaración de renta “no se declara el monto de las cuentas por cobrar, debido a que se eliminaron los códigos, pero sí se podría inferir que el saldo de caja, es el saldo ingresado al 31 de diciembre de cada año, cuyos montos tienen la misma tendencia que para el AT 2010”, algo que se “refuerza además, porque en los Formularios 22 se solicita declarar el saldo de la cuenta banco (en el código 784), dato que la sociedad Guerrero y Compañía no ha declarado en los años revisados”.
El informe termina con una recomendación: “Atendido a lo señalado, para poder conocer, entre otras cosas, quiénes son los otros clientes de la sociedad y verificar si corresponden a empresas relacionadas y también para establecer quiénes emitieron boletas de honorarios a la sociedad, se sugiere incautar la contabilidad de Guerrero y Compañía: libro diario, libro mayor, inventario y balances, libro de retenciones, libro de FUT, Libro de Compras y Ventas”.
Tras la incautación de la contabilidad de Inversiones y Mandatos, la sociedad de Novoa y Olivos, la Fiscalía había realizado un informe en donde aparece con 11 facturas emitidas a Guerrero y Compañía Ltda., junto a otras seis empresas a las que facturó durante el periodo electoral del año 2013. En el caso de la primera fueron 11 facturas por un monto anual de $81.459.000 y se suma la Fundación Jaime Guzmán con $18 millones.
Según el informe realizado en su momento, la sociedad de Novoa “emitió en forma correlativa Facturas de Ventas y Servicios no afectos o exentos de IVA, desde el folio N° 652 al 710. Dentro de estos folios se encuentran nulos los números 671, y desde el número 690 al 700 correlativos. En relación con estos últimos folios llama la atención que las facturas se encuentran en blanco sin ninguna anotación y escrito nulo manuscrito. De lo que podría dar cuenta esta situación es que estas facturas podrían haber sido reservadas, luego se inició la emisión de facturas en la N°701 y se tuvieron que anular las anteriores por no haberse ocupado”.
El mismo documento estableció que “las facturas emitidas durante el año 2013 a la Fundación Jaime Guzmán, no han sido pagadas a Inversiones y Mandatos S.A., no obstante fueron incluidas como ingresos en la contabilidad y también declaradas en el Formulario 22 del Año Tributario 2014 de Declaración Anual de Impuestos”, puntualiza el informe.
Además en la contabilidad, se señala que “también se encuentran adeudados dos facturas del mes de noviembre de 2012, por la suma de $ 3.000.000 en total. En total serían $ 21.000.000 adeudados por la Fundación Jaime Guzmán a la sociedad Inversiones y Mandatos S.A.”.
Finalmente, en la revisión efectuada de los antecedentes recopilados también se observó lo siguiente: “Dos de los clientes de la sociedad Inversiones y Mandatos S.A., le emitieron facturas durante el año 2013 por servicios exentos, a las sociedades SQM y SQM Salar, aunque por montos distintos. La Fundación Jaime Guzmán le emitió facturas a SQM Salar S.A., y la sociedad Guerrero y Compañía Ltda., le emitió facturas a SQM”.
