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Inminente entrega de sumario contra Adolfo Galindo al Ministerio de Minería

Las horas claves del operador de Peñailillo

por 2 diciembre, 2015

Las horas claves del operador de Peñailillo
Las conclusiones de la investigación por trato preferente a la minera Los Pelambres en medio del conflicto con la suiza Glencore en Argentina, se mantienen en estricta reserva hasta que formalmente sea entregada a la Subsecretaría de Minería. Sin embargo, altas fuentes vinculadas al caso explicaron que en el gobierno se sabe que en el proceso administrativo se habría logrado “comprobar” situaciones “muy graves” y que los dardos apuntarían al ex jefe de gabinete por la eventual “usurpación de funciones públicas”. De hecho, el sumario iría más allá de las sanciones administrativas y abriría la puerta para la “judicialización” del caso, recomendando una presentación ante el Ministerio Público en su contra.
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Poco y nada queda hoy del poder e influencia que otrora ostentó la llamada G90 en toda la Nueva Mayoría (NM) durante la campaña presidencial y el primer año de la administración bacheletista, tras la salida de La Moneda de su máximo líder, el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Y uno de los integrantes emblemáticos de este grupo PPD, Adolfo Galindo, atraviesa horas claves a la espera de la resolución en estos días del sumario administrativo en su contra por trato preferente a la empresa minera Los Pelambres y que –según pronostican en el propio Gobierno– lo dejarían en una delicada situación.

A principios de junio, la fiscal jefa del departamento jurídico del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Doris Roa, inició una investigación sumaria contra el entonces jefe de gabinete de la ministra de Minería, Aurora Williams, por la firma y entrega de un certificado de buena fe a la minera Los Pelambres en medio de un conflicto con la suiza Glencore, por su accionar en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo, ubicado en el límite entre Argentina y Chile.

La indagatoria de Roa también abarcaba el timbraje –como documento público– que hizo Galindo del estudio técnico de aguas relacionado con el mismo tema, que se realizó en la zona, y que fue financiado íntegramente con recursos privados de la empresa Antofagasta Minerals, del Grupo Luksic.

A finales de agosto, Roa se inhabilitó, por lo que el sumario pasó a manos de una figura de mayor rango: el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, quien ha llevado las riendas de las indagatorias desde entonces. Es más, fue él quien el miércoles 18 de noviembre interrogó a Galindo –que dejó el cargo como jefe de gabinete el 8 de julio para asumir funciones de segundo orden en el área territorial del ministerio– en calidad de “inculpado”, precisamente por haber dado un trato privilegiado a la minera de los Luksic.

Tras esa declaración, explicaron en el Ejecutivo, a Hernández solo le resta terminar de establecer las conclusiones y proponer las sanciones respectivas, las que –agregaron– estarían listas, por lo que se espera que en “cualquier momento” el documento sea entregado formalmente a la Subsecretaria de Minería, para que dé curso a las resoluciones establecidas.

En el Gobierno reconocen que el contenido exacto del sumario está bajo estricta reserva hasta formalizar su inminente entrega. Sin embargo, diversas fuentes ligadas al tema coinciden en que las señales que hay no son nada optimistas para el funcionario PPD, quien recién volvió tras una larga licencia de cuatro semanas.

El sumario iría más allá de las sanciones administrativas –suspensión, multa a costa de un porcentaje del sueldo o salida de la administración pública- y abriría la puerta para la “judicialización” del caso, recomendando una presentación ante el Ministerio Público en contra del ex jefe de gabinete de Minería. Altas fuentes vinculadas al caso explicaron que en la investigación se habría logrado “comprobar” situaciones “muy graves”, más de una de hecho, y que, en ese contexto, la figura jurídica que más complicaría al operador y amigo de Peñailillo sería la de “usurpación de funciones públicas”.

Es más, trascendió –y así se comentó en círculos gubernamentales– que ya hay abogados privados que estarían analizando los posibles caminos a seguir para dar cumplimiento a las “recomendaciones” del sumario y que están a la espera de conocer su contenido oficial para determinar las posibles acciones judiciales contra el ex jefe de gabinete de la ministra Williams.

A finales de agosto, el sumario pasó a manos del vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, quien ha llevado las riendas de las indagatorias desde entonces. Fue él quien el miércoles 18 de noviembre interrogó a Galindo en calidad de “inculpado”, precisamente por haber dado un trato privilegiado a la minera Los Pelambres.

Galindo ha corrido la misma suerte de varios G90, como Harold Correa en Educación y Gabriel Sepúlveda en Energía, que tras la salida de Peñailillo fueron paulatinamente defenestrados de sus cargos de influencia, la mayoría jefaturas de gabinete, a donde llegaron por su cercanía política y personal con el ex ministro del Interior, conformando así la red de operación e influencia política que tuvo el otrora hombre de confianza de la Presidenta Michelle Bachelet. Hoy, la mayoría ha “caído en desgracia” en el mundo de la Nueva Mayoría, al tiempo que han iniciado un intento por reactivar redes y obtener apoyos en su partido, para sortear la orfandad política en la que se encuentran.

La caída en desgracia de la G90 no es un antecedente menor ni antojadizo. Ser víctimas de una suerte de “razia” política ha sido el principal argumento que sus integrantes sacan a colación una y otra vez, cada vez que surgen denuncias o acusaciones en su contra, desde los cuestionamientos al aún administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, en la compra de terrenos con Peñailillo y en el marco del caso Caval, hasta las dudas que hay en el Gobierno sobre los manejos e intereses que desplegó este grupo PPD en el negocio del litio.

El caso de Galindo no es la excepción. Su entorno y defensores han insistido en todos estos meses que el ex jefe de gabinete no actuó de mala fe y que solo se quiere “castigarlo” por su cercanía con Peñailillo para perjudicar aún más al ex ministro.



La historia

Pero la historia es un poco más compleja que eso. El botadero Cerro Amarillo está ubicado a cuatro mil metros de altura y el punto es que está en medio de un litigio que se desarrolla en San Juan, Argentina, debido a que parte de dicho reducto –un 10% aproximadamente– está en suelo trasandino y pertenece a la firma suiza Glencore. Por esa razón, el año 2012 la empresa europea inició un proceso civil para que la minera de la familia Luksic retire los residuos, los traslade a Chile y pague por los daños, a lo que en marzo de este año sumó una acción penal contra la minera Los Pelambres.

En este escenario, en abril pasado el abogado de Pelambres, Andrés Jana –también amigo del ex ministro Peñailillo– pidió por escrito al Ministerio de Minería un certificado que estableciera la “buena fe” con que la empresa había obrado en la construcción y operación del botadero. Tras la insistencia, a finales del mismo mes se hizo llegar el documento a la minera de la familia Luksic, con membrete ministerial y la firma del entonces jefe de gabinete.

La importancia del certificado que firmó y entregó Galindo radica en que ese documento fue presentado por la minera Los Pelambres en el proceso judicial en Argentina como prueba de su correcto actuar en torno al botadero, avalado por el Estado de Chile, ya que tiene la firma de un funcionario público, el jefe de gabinete del Ministerio de Minería.

Eso contradice públicamente la postura que la Cancillería chilena siempre ha expresado en este caso, remitiéndose a mantenerse totalmente al margen del conflicto bajo la premisa de que se trata de un tema entre empresas particulares, en el cual al Gobierno no le caben responsabilidades.

Sobre este punto, el sumario contra Galindo debe determinar si corresponde que un jefe de gabinete firme un certificado de estas características, pero además debe pronunciarse sobre el polémico estudio técnico de las aguas en la zona que pagó Antofagasta Minerals. Dicho análisis lo realizó el laboratorio SGS, contratado por la minera, cuyos resultados fueron entregados después a Sernageomin, mismo texto que después el ex jefe de gabinete de Minería timbró como documento público y entregó a Pelambres.

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