Por el caso de Sandra Pavez, una ex monja, está impedida de hacer clases en Chile desde el 2007, por orden de la Iglesia Católica que fue validada en un fallo de la Corte Suprema.
Tras ocho años de lucha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) declaró admisible la demanda internacional interpuesta por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) contra la Estado de Chile por prohibir hacer clases a una profesora, Sandra Pavez, en razón de su orientación sexual.
Pavez, una ex monja, está impedida de hacer clases en Chile desde el 2007, por orden de la Iglesia Católica que fue validada en un fallo de la Corte Suprema.
La Iglesia se valió del Decreto 924, creado en 1984 por la dictadura de Augusto Pinochet, para pisotear a Sandra. El Decreto 924 no habla de homosexualidad, pero sí entrega a las iglesias la facultad de decidir quiénes son “idóneos” para dictar clases de religión.
Tras 25 años de intachable trayectoria, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, exigió a Sandra que fuera a un psiquiátra de la Iglesia Católica para que dejara de ser lesbiana, Al negarse, le quitaron el certificado de idoneidad y nunca más pudo ingresar a una sala de clases.
El escenario fue avalado por el Mineduc, toda vez que las entonces ministras Yasna Provoste (2006-2008) y Mónica Jiménez (2008-2010) nunca quisieron recibir a Sandra, pese a permanentes solitudes de audiencia.
Hoy Sandra, lidera una travesía histórica que la enfrenta contra la homobia de la Iglesia y del Estado, hecho inédito en el país y el más relevante caso de discriminación llevado por movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
