Según el escrito ingresado esta tarde el artículo en que se basa la acusación de la fiscalía por supuestamente haber obtenido «ventajas indebidas», a partir de su rol en el negocio inmobiliario, fue derogado.
Este viernes el abogado Ciro Colombara, en representación de su cliente Herman Chadwick Larraín síndico de quiebras en el negocio inmobiliario asociado al caso Caval, presentó un requerimiento para anular la formalización de Chadwick que la fiscalía regional de Rancagua solicitó para el próximo 29 de enero.
En el proceso que lleva adelante el fiscal Luis Toledo, se acusa al síndico de haber obtenido «ventajas indebidas» lo que está tipificado en el Articulo 38 Libro IV del Código de Comercio. En la práctica, la justicia cuestiona un pago de $96 millones que recibió Chadwick al margen de sus honorarios por gestionar la liquidación de los terrenos en Machalí.
El escrito incluye como primer antecedente una descripción profesional de Chadwick «Soy abogado desde 1993. Estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y obtuve un Master of Business Administración [sic] en la misma universidad en 2006. Ejerzo como síndico de quiebras desde el año 2000.»
Pero en el fondo el escrito afirma que se vulnera el artículo 19 nº3 que dispone que «ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado».
Según la defensa de Chadwick el artículo 38 del Libro IV del código de Comercio fue «expresamente» derogado en la nueva ley de quiebras promulgada en 2014.
«El día 29 de enero próximo se me formalizará como autor de un supuesto delito, consagrado y tipificado en normas cuya aplicación es inconstitucional, pues la aplicación al caso concreto del artículo 38 de la Ley de Quiebras, en relación al artículo 12 transitorio de la Ley 20.720 y, infringe y vulneran principalmente el artículo 19 número 3, inciso octavo, de la Constitución», consigna el requerimiento de 24 páginas
Ciro Colombara también es el abogado de Marco Enríquez Ominami en el caso SQM donde es indagado por recibir dinero presuntamente irregular desde la minera.