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Fuerte oposición ciudadana por construcción en borde marítimo

Paralizan cuestionado proyecto inmobiliario en ex hotel Las Rocas de Maitencillo

por 19 enero, 2016

Paralizan cuestionado proyecto inmobiliario en ex hotel Las Rocas de Maitencillo
“Todos sabemos que lo que se ha construido y ofertado es un condominio de lujo con viviendas privadas. Ello se explica porque por actos posteriores, no solo irregulares desde el punto de vista administrativo sino que ideológicamente falsos, trataron de ir adecuando los permisos a esa nueva realidad de hecho”, declaró el abogado del Comité por la Defensa del Borde Costero de Maitencillo, Juan Carlos Palma.
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Con fecha 29 de diciembre de 2015, la Municipalidad de Puchuncaví ordenó, mediante decreto alcaldicio, la paralización inmediata de las obras del proyecto inmobiliario Rocas de Maitencillo, cuya ejecución se encuentra a cargo de la empresa Mar de Maitencillo. Esto, luego de la resolución de un dictamen emitido por la Contraloría General de la República y el pronunciamiento de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, los que concluyen que los permisos de construcción que posee el titular del proyecto han caducado por no acreditar fehacientemente el inicio de obras dentro de los plazos establecidos.

Las acciones ciudadanas con respecto a la protección del borde costero y su conservación han cobrado gran importancia durante los últimos meses en Maitencillo. En noviembre pasado, la organización de acción ecológica Chinchimén logró que la Comisión de Evaluación Ambiental rechazara un proyecto inmobiliario que pretendía ser emplazado en un sitio considerado como prioritario para la biodiversidad en la zona y hoy es el turno del Comité por la Defensa del Borde Costero de Maitencillo, agrupación que tras movilizaciones sociales y acciones legales lograron que el municipio paralizara las obras del proyecto Rocas de Maitencillo, cuyo estado de avance alcanza un 80 por ciento de la obra gruesa, contemplando la construcción de cuatro edificios de seis y cuatro pisos respectivamente, en una superficie de 5.370  metros cuadrados, con espacio para 64 estacionamientos.

“Ha sido un proceso bien lago y complejo, ya que no hemos contado con toda la colaboración que nos hubiera gustado por parte de la autoridad local. Hemos tenido que recopilar información, encontrar oficios perdidos y con eso acudir a instancias superiores que, por las vías administrativas, fueron la Contraloría y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, quienes nos encontraron la razón. Por la vía legal, presentamos una querella por falsificación o uso malicioso de documento público en contra de tres directores de obras de la Municipalidad de Puchuncaví, porque nosotros queremos saber por qué se cometieron tantas irregularidades en la emisión de los permisos”.

El 4 de junio de 2014 la inmobiliaria solicita a la Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví una modificación del proyecto donde el mismo ya no es un hotel, sino que un condominio cerrado con viviendas residenciales, lo que a la fecha se contrapone con las exigencias del actual Plan Regulador. No obstante, la modificación del permiso fue aprobada por dicha entidad municipal.

Así lo indicó la Presidenta del Comité por la defensa del Borde Costero de Maitencillo, Francisca González, quien a su vez manifestó su conformidad con la medida adoptada por el municipio, tras más de un año de trámites y movilizaciones. “Siento que de alguna manera se está haciendo justicia, a pesar de que la caducidad de ese permiso debiera haberse notificado el año pasado, la primera vez que lo solicitamos, porque teníamos la certeza de que las obras no fueron iniciadas en el 2012 como lo señala la inmobiliaria”, enfatizó la dirigenta.

La problemática radica en que el titular habría conseguido un permiso de obra nueva con fecha 22 mayo de 2009 para la construcción de un hotel, acogiéndose al uso de suelo permitido a la fecha, época en la que paralelamente se estaba tramitando el nuevo Plan Regulador de Puchuncaví, que dejaría ese lugar como zona exclusiva para proyectos hoteleros. Por lo tanto, el permiso solicitado se adecuaba a la normativa que entraría próximamente en vigencia.

Sin embargo, el 4 de junio de 2014 la inmobiliaria solicita a la Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví una modificación del proyecto donde el mismo ya no es un hotel, sino que un condominio cerrado con viviendas residenciales, lo que a la fecha se contrapone con las exigencias del actual Plan Regulador. No obstante, la modificación del permiso fue aprobada por dicha entidad municipal.

Por otro lado, el 15 de febrero de 2013 la empresa solicitó al municipio que certificaran inicio de obras, situación que fue denegada en primera instancia por no acreditar dichas faenas. Un año más tarde el municipio, ante una nueva solicitud de certificación de vigencia, confirma la validez del permiso. Esto tras la presentación de un nuevo antecedente por parte de la inmobiliaria, quien otorgó un informe de un revisor independiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo contratado por ellos, concluyendo que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5.1.17 de la OGUC, un proyecto se puede modificar entre que fue concedido el permiso y la recepción definitiva municipal.

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Proyecto inmobiliario Rocas de Maitencillo.

“Todos sabemos que lo que se ha construido y ofertado es un condominio de lujo con viviendas privadas. Ello se explica porque por actos posteriores, no solo irregulares desde el punto de vista administrativo sino que ideológicamente falsos, trataron de ir adecuando los permisos a esa nueva realidad de hecho. Solo agregó un antecedente, uno de esos pronunciamientos fue dictado por un falso Director de Obras, que fue nombrado sin tener los requisitos para ello y que tiene denuncias por 5 delitos distintos”, declaró el abogado del Comité por la Defesa del Borde Costero de Maitencillo, Juan Carlos Palma.

El jurista agregó que ha recibido antecedentes que podrían configurar los delitos de cohecho y soborno, los que han sido puestos a disposición de la Fiscalía, pidiendo que investigue. “Estamos evaluando solicitar la intervención de Fiscal Regional para que intervenga la Unidad Especializada Anticorrupción”.

Con todos estos antecedentes a la vista es que la Contraloría General de la Republica emite un dictamen donde le solicita al municipio que debe determinar la necesidad de regularizar la situación de las edificaciones ejecutadas “sin el amparo de un permiso vigente”, además de aclarar que “no se advierten antecedentes que permitan afirmar que dentro del plazo de los 3 años siguientes a la emisión del permiso de obra nueva N° 45, de 2009, ya citado, se hubieren iniciado los trabajos correspondientes”.

Por otro lado, el informe de la Seremi de Vivienda de Valparaíso, propone otorgar un nuevo permiso a la inmobiliaria, pero que se ajuste a la normativa vigente, situación que es imposible, ya que las características del proyecto en desarrollo no cumplen con los requisitos necesarios para ser aprobado.

Tras la paralización, la inmobiliaria emitió una declaración pública señalando que defenderán sus derechos con todas las herramientas que la ley les entrega y de esa manera protegerse de los daños que la situación les ha ocasionado.

“La paralización de las obras constituye, bajo nuestro entender, un acto ilegal y arbitrario, que perjudica y priva nuestros derechos y garantías constitucionales. Como Inmobiliaria, hemos actuado siempre al amparo de la legalidad, contando con un permiso de Edificación, un permiso modificatorio y aún más, con una resolución de la misma Dirección de Obras Municipales que certificó la vigencia del permiso del cual somos titular”, señalan.

Desde el municipio, en tanto, el alcalde Hugo Rojas sostuvo que en su rol siempre ha querido apegarse al principio de la legalidad,  por lo que declaró haber sido muy cuidadoso en el análisis del caso y en la revisión de los antecedentes que le permitieron  determinar la paralización.

“En este proyecto siempre hubo mucha oposición y suspicacias por parte de la comunidad. Una vez analizado el dictamen de la Contraloría y el pronunciamiento de la Seremi de Vivienda, es que hemos determinado que no existen elementos suficientes que acrediten, de manera fehaciente, el inicio de faenas dentro de los plazos que la ley estipula”, concluyó.

 

*Foto por Alberto González C.

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