Se trataría de una delación compensada para partir de cero
«Hemos llegado a una especie de paroxismo de que la institucionalidad debe funcionar y que, en consecuencia, se debe esperar la responsabilidad penal cuando lo que está detrás del comportamiento ético de los miembros de un partido no tiene nada que ver con los delitos, sino que con las conductas dentro del juego correcto de la política», explica el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.
El ex contralor y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ramiro Mendoza, abordó los casos de financiamiento irregular de las campañas políticas, proponiendo una suerte de amnistía para quienes reconozcan prácticas ilegales y paguen las respectivas multas, aclarando que no se trata de un perdonazo, sino que de una reparación desde el punto de vista de la conducta.
En entrevista con La Tercera, Mendoza precisa que la última encuesta Adimark demostró que la corrupción está instalada en el país y que ha provocado una especie de tensión en la institucionalidad.
Agrega que existe actualmente un debilitamiento de los partidos políticos, mencionando que «hemos llegado a una especie de paroxismo de que la institucionalidad debe funcionar y que, en consecuencia, se debe esperar la responsabilidad penal cuando lo que está detrás del comportamiento ético de los miembros de un partido no tiene nada que ver con los delitos, sino que con las conductas dentro del juego correcto de la política».
«Tenemos una cierta confusión de que el Presidente es el Chapulín Colorado que nos va a salvar y que el vehículo de salvamento se llama la ley. Y no es así, al final deben reaccionar las propias instituciones», precisa.
Y aclara que no es que todas las instituciones estén «manchadas», sino que los «conceptos éticos son mucho más rigurosos, las reglas de intervención de los medios tienen un estándar más alto y hoy tú no puedes hacer lo que hacías hace 25 años. Veinte años atrás, tú como gobierno disponías que un barco de la Armada fuera con un grupo de gente y celebraran acuerdos históricos, y hoy impresentable. El estándar cambió».
Sostiene que lo que sucede es que se está reaccionando normalmente como un juego de acción y reacción, donde la acción es la corrupción y la reacción es de carácter normativo y tardíamente una reacción cultural.
«Yo creo que estamos llegando a una reacción cultural, paulatinamente, de a poco. Pero cuando entramos a la reacción normativa o legislativa, uno no debe perderse en que esta sea en la búsqueda del sastre a la medida, sino que tiene que ser una búsqueda del principio para la aplicación de la medida. Entonces, cuando hablamos del financiamiento de los partidos, a mí me llama la atención que se quieran poner reglas de financiamiento, pero ninguna regla de control a los recursos públicos que se están entregando. Tengo la sensación de que cualquier recurso público que yo le entregue a un privado o un ente estatal debe tener un control y ahí debiese tenerlo la Contraloría General. El Servel cumple un rol de control político, pero en lo que tiene que ver con los recursos públicos debiese estar la Contraloría, así como en los recursos públicos que recibe una universidad estatal o una privada que administre recursos estatales», menciona.
En ese sentido, argumenta que es necesario partir de cero y aclara que «no estoy diciendo que sea una amnistía en los términos de un perdón, Estoy diciendo que en los términos de una reparación desde el punto de vista de la conducta, una especie de, entre comillas, amnistía, porque esa figura supone una ley».
«Hablo de una especie de delación compensada de quienes concurrieron en un financiamiento irregular paguen una determinada multa, regularicen los tributos que se dejaron de pagar y partamos de cero. Esa era la idea respecto del financiamiento irregular de la política y no respecto de aquellas conductas delictivas. Deberíamos ser capaces de que quienes concurren con su declaración a esta delación compensada de la política, podamos hacer una conducta de ahí en adelante diferente, porque si no lo que vamos a estar construyendo, a la larga, es una especie de mártires de la política. No podemos hacer una amnistía al modo de la ley de amnistía ni tenemos que vivir con una especie de mártires o detenidos de la política», sostiene.
Sobre esto, afirma que puede ser mal visto por parte de la ciudadanía, pero «si voy a esperar que la institucionalidad me arregle esto, en realidad va a estar mal visto para siempre, porque la institucionalidad no va a tener la capacidad de arreglarlo».
Añade que «las conductas que no logren ser subsumidas en tipos penales van a ser repudiadas desde el punto de vista de la política, pero tampoco van a ser clarificadas desde el punto de vista del ciudadano. Propongo una cosa distinta: abrir un período para hacer esta especie de delación compensada de la política, durante el cual todos nos sinceramos y en realidad partamos con un estándar distinto. Ahora, con la única diferencia, de que quienes no hacen esta delación compensada, lo que uno debiese esperar del funcionamiento institucional es que sea extraordinariamente riguroso con quienes siguen, o se siguen detectando o caen o incurren demostrativamente, con las pruebas de rigor, en los delitos o en las circunstancias que se han castigado».
