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Opinión

Estado solidario (I): nuestra pobreza

por 4 mayo, 2016

Estado solidario (I): nuestra pobreza
En rigor, la "media de Chile" es muy distinta a la que suponen los discursos más complacientes. Acá no nos referimos solo a la amplia heterogeneidad de la llamada clase media (cuestión también olvidada con frecuencia), sino a que al menos un tercio de la población vive los avatares de la pobreza o vulnerabilidad social (alta inseguridad económica y peligro de volver a caer en pobreza). Las cifras pueden variar según el estudio, pero la tendencia es inequívoca.
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Algunas semanas atrás esbocé la idea de avanzar hacia un Estado solidario y, en consecuencia, la necesidad de repensar el concepto de focalización. Un Estado de esa índole resulta coherente con la idea original de subsidiariedad. Se trata de buscar en todo momento el despliegue y plenitud de personas y comunidades y, por tanto, de inhibirse en ciertas circunstancias, pero otorgar activa ayuda en otras, en particular a aquellos que más lo necesitan.

A continuación (y en un par de columnas sucesivas) intentaré ofrecer una justificación de esa idea. Cabe señalar que los argumentos que siguen se desarrollan más latamente en un artículo contenido en el libro colectivo Los invisibles. ¿Por qué la pobreza y la exclusión social dejaron de ser prioridad?, de próxima aparición.

El Chile que no queremos ver

Han pasado casi diez años desde que Gonzalo Vial se quejara, por última vez, por la marginación de los grupos más desposeídos y, sobre todo, por la incapacidad de nuestra sociedad para hacerse cargo o siquiera atender seriamente a esa dramática realidad.

De algún modo, Vial observaba que la historia se repetía: su estudio sobre el cambio de siglo (1891-1920) ya había ilustrado la ceguera de las elites frente a las precarias condiciones de vida de las capas más populares. Ahora, a comienzos del siglo XXI y en su última obra, Vial subrayaba que –más allá de los porcentajes– el número de personas en condición de pobreza (alrededor de dos millones) se mantenía relativamente estable desde 1970. Por si fuera poco, en ese entonces un estudio del economista y posterior ministro de Hacienda, Felipe Larraín, mostraba que, de corregirse la línea de la pobreza, la cantidad de chilenos pobres o indigentes superaría los cuatro millones.

Sería un severo equívoco creer que el panorama ha cambiado demasiado. Sin duda nuestro país ha experimentado importantes avances materiales, pero quizás ese mismo dinamismo ha facilitado la indiferencia: el progreso no ha llegado ni remotamente para todos.

En rigor, la "media de Chile" es muy distinta a la que suponen los discursos más complacientes. Acá no nos referimos solo a la amplia heterogeneidad de la llamada clase media (cuestión también olvidada con frecuencia), sino a que al menos un tercio de la población vive los avatares de la pobreza o vulnerabilidad social (alta inseguridad económica y peligro de volver a caer en pobreza). Las cifras pueden variar según el estudio, pero la tendencia es inequívoca. Si nos remitimos a las conclusiones de la “Comisión para la Medición de la Pobreza”, encargada por el ex Presidente Piñera y de composición transversal, son cuatro de cada diez ―casi la mitad del país― quienes todavía viven en indigencia, pobreza o vulnerabilidad.

 El escenario descrito debiera llevarnos a cuestionar los énfasis y prioridades de nuestro debate político: los grupos con necesidades básicas insatisfechas a menudo son invisibles en la esfera pública. Pensemos, por dar un par de ejemplos, en los privados de libertad y en los menores que viven bajo el amparo del Estado (situaciones, por cierto, muy relacionadas: si alguien duda de ese infernal círculo vicioso haría bien en leer Solos en la noche. Zamudio y sus asesinos, de Rodrigo Fluxá).

El escenario descrito debiera llevarnos a cuestionar los énfasis y prioridades de nuestro debate político: los grupos con necesidades básicas insatisfechas a menudo son invisibles en la esfera pública. Pensemos, por dar un par de ejemplos, en los privados de libertad y en los menores que viven bajo el amparo del Estado (situaciones, por cierto, muy relacionadas: si alguien duda de ese infernal círculo vicioso haría bien en leer Solos en la noche. Zamudio y sus asesinos, de Rodrigo Fluxá).

Salvo una que otra excepción, estos grupos únicamente figuran cuando ocurre algún escándalo, como el incendio en la cárcel de San Miguel o la reciente muerte de una joven en dependencias del Sename, y ello (¿habrá que decirlo?) solo confirma cuán desproporcionados son los énfasis y prioridades que hoy exhibe la discusión pública nacional.

¿A qué se debe nuestra ceguera?

La pregunta, desde luego, es ineludible: ¿cómo se explica que en nuestra esfera pública las dificultades de los más pobres y vulnerables no ocupen un lugar prioritario? ¿Por qué, de hecho, pareciéramos marchar en sentido inverso?

Aunque pueden ensayarse varias hipótesis (por ejemplo, la escasa capacidad de presión de los grupos más desventajados, eventual impacto del “voto voluntario”), resultaría iluso creer que las ideas y corrientes dominantes no influyen en este panorama. En efecto, y tal como notara Isaiah Berlin, al indagar en las tensiones de una comunidad política no es suficiente limitarnos a los procesos o estructuras: tanto o más importante es atender a las ideas que subyacen a los modos en que personas y grupos se relacionan entre sí.

Es imprescindible, entonces, analizar aquellas ideas que dificultan advertir el papel central que corresponde (tanto en la opinión pública como en el actuar del Estado) a las necesidades de los grupos más desposeídos.

El propósito de las siguientes columnas será precisamente analizar dichas ideas (el viejo anhelo del laissez faire y el “Estado mínimo”, por un lado; el particular régimen de derechos sociales propuesto por Fernando Atria, por el otro). Ese mismo análisis, por cierto, será el que nos permitirá proponer aquello que hemos esbozado como “Estado solidario”.

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