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Comité de Ministros evalúa proyecto inmobiliario en Maitencillo, vinculado a hermano de senador Walker

por 9 mayo, 2016

Comité de Ministros evalúa proyecto inmobiliario en Maitencillo, vinculado a hermano de senador Walker
En su tercer ingreso a la Evaluación Ambiental, el proyecto fue rechazado por presentar deficiencias en su línea de base, medidas de mitigación y por no garantizar la factibilidad de agua potable y alcantarillado. A raíz de ello la comunidad teme que sea aprobado en una instancia de votación política.
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Este martes el Comité de Ministros someterá a votación el proyecto “El Alto”, perteneciente a la Inmobiliaria Don Lionel Bastías Limitada, la que ha sido asesorada por la empresa Banmerchant, donde el socio, director y gerente del área inmobiliaria es Francisco Walker, hermano del Senador por la Región de Valparaíso, Ignacio Walker. El proyecto busca ser emplazado en la comuna de Puchuncaví, en los Acantilados de la Quirilluca, lugar considerado por el Ministerio del Medio Ambiente como Sitio Prioritario No1 para la Conservación de la Biodiversidad.

Lo anterior, tras un recurso de Reclamación presentado por el titular, que a la fecha dispone de una Resolución de Calificación Ambiental que fue rechazada en Valparaíso por presentar deficiencias en su línea de base y medidas de mitigación, respecto de la colonia reproductiva del ave piquero común que habita en una zona que ha sido propuesta como Santuario de la Naturaleza.

“Estamos muy preocupados porque en Mejillones existe una colonia de similares características y estas fueron gravemente afectadas por la implementación de un sendero peatonal, donde en muchos sectores se perdió la capacidad reproductiva de dicha especie. Nuestra preocupación radica, en especial, en lo que afectaría al sector sur del predio, que colinda con otro proyecto inmobiliario, donde se ubica el centro de la nidificación porque el proyecto El Alto no propone una zona de protección ornitológica, más allá del acantilado, situación que estaría fragmentando el hábitat del Piquero Común, lo que pone en serio peligro la reproducción de 12.000 aves”, aseguró el presidente del Grupo de Acción Ecológica Chinchimén, Javier Trivelli.

El 1 de diciembre de 2015, durante la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso, el Intendente Gabriel Aldoney, ofreció a la inmobiliaria aprobar el proyecto con modificaciones, ofrecimiento que el titular rechazó, razón por la cual fue sometido a votación, dando como resultado la no aprobación del mismo con los votos en contra de las Seremias de Medio Ambiente, Salud, Vivienda, Energía, Desarrollo Social y el del propio presidente de la comisión.

Ante esto, la inmobiliaria ingresó un Recurso de Reclamación para cambiar la naturaleza del acto jurídico que rechaza el proyecto, solicitando que se califique de manera ambientalmente favorable, señalando que los argumentos de la RCA de rechazo son extemporáneos, apareciendo muchos de estos “recién” en la Comisión de Evaluación Ambiental y que tanto la Línea de Base del Proyecto como las medidas de mitigación, reparación y compensación, en especial en materia de aves, resultan ser suficientes para asegurar las medidas de protección. Sobre la factibilidad sanitaria esgrimen que el proyecto cuenta con el certificado otorgado por una empresa sanitaria vigente, versión que la RCA 405/2015 también desestimó, en su considerando 20, señalando que “el proyecto no garantiza la factibilidad de agua potable y alcantarillado, dado que la empresa concesionaria, Empresa Sanitaria El Molino Uno y Compañía Limitada no contaría con autorización en la región de Valparaíso".

Sin embargo, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso, con los antecedentes que aportaron los servicios públicos al proceso de evaluación ambiental, pudo comparar el estudio de la inmobiliaria con el de la Seremi de Medio Ambiente, el que fue financiado con fondos del Gobierno Regional y ejecutado por la Universidad Católica de Valparaíso en conjunto con la Universidad de Playa Ancha, poniendo en valor el estudio del Gobierno ya que el de la inmobiliaria presentaba un número muy inferior, tanto en individuos censados, como en las zonas de protección para la colonia de aves.

“Realizamos observaciones al Estudio de Impacto Ambiental donde señalamos que faltaba proporcionar información respecto a los impactos, tanto de la flora y fauna, como de las colonias y sitios de nidificación del piquero por efecto lumínico. A su vez, al inicio del proceso de evaluación, el titular señaló como zona de protección 80 mts desde el inicio del acantilado sin mencionar la longitud de la misma”, expresó la Seremi de Medio Ambiente de la región de Valparaíso, Tania Bertoglio.

La misma fuente mencionó en junio de 2015 que el titular no habría subsanado las observaciones planteadas desde el comienzo del proceso de evaluación, y que tampoco habría mostrado interés en hacerlo, por lo que no se pudo establecer el real impacto o efectos a la población de sula variegata, piquero común, y que en marzo de 2015  ya se contaba con la información del estudio finalizado y disponible para la ciudadanía.

Conociendo que esta seremi estaba dando curso al estudio, el titular nunca mostró interés en conocer antecedentes del mismo, razón por la cual esta seremi, a través de  un segundo oficio reitera las observaciones a la Adenda 1, ya que el titular no subsanó los reparos esgrimidos en el primer oficio”, concluyó.

Medio Ambiente no fue el único que presentó observaciones al proyecto, también se pronunciaron tres servicios púbicos con competencia ambiental, donde destacan los realizados por la Seremi de Salud que considera como un fraccionamiento del proyecto, el no incorporar la planta de tratamiento; la Seremi Minvu, al establecer que el proyecto sería compatible territorialmente con los usos de suelo establecidos, sin considerar la planta de tratamiento y el del SAG que estima que el titular no da respuesta satisfactoria al Icsara. Mientras que la Municipalidad de Puchuncaví establece que el proyecto adolece de información relevante y esencial para efectos de calificar ambientalmente el proyecto.

Por su parte el Consejero Regional, Manuel Millones, manifestó su temor de que el proyecto sea aprobado en una instancia política, como lo es el Comité de Ministros, donde, según dijo, el lobby es parte de las reglas del juego que habría desplegado el socio director de la empresa asesora.

“El Comité de Ministros es donde ellos tienen mayor poder político, razón por la cual rechazaron que el proyecto fuese aprobado con modificaciones, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Si ello ocurre confío en que los servicios públicos como Salud, Medio Ambiente y Vivienda mantendrán  los reparos en los premisos sectoriales y la iniciativa, que atenta contra un sector con valor ambiental, no se ejecute por esas consideraciones técnicas”.

La autoridad regional también anunció que de aprobarse El Alto, presentará acciones legales para que la resolución sea anulada y el proyecto no prospere en las condiciones que el titular plantea ya que, según declaró, el Consejo Regional no habría emitido el informe de compatibilidad territorial, exigido por la ley y la Contraloría General de la República.

“Si el loby prevalece y el proyecto se aprueba, vamos a interponer un recurso de nulidad ya que es evidente que este no cumple con los requerimientos necesarios y vamos a impugnar todo acto administrativo en contrario. Sería grave que nuestros ministros se involucren, en especial el de Medio Ambiente, razón por la cual confío en el estado de derecho y que el lobby no va a prosperar”, concluyó.

Ante este escenario, Javier Trivelli, afirma que el proyecto pretende pasar por alto los estudios de Línea de Base realizados por la Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso y que si el proyecto fuera aprobado no solo estaría en juego la conservación de la naturaleza, sino que invalidaría la estrategia de la Seremi de Medio Ambiente, en conjunto con el Gobierno regional, de levantar la línea de base de 8 sitios prioritarios en la Región de Valparaíso. Es por esta razón que ingresó un “Téngase Presente” al Comité de Ministros, descartando de plano los argumentos que expone la inmobiliaria, en especial que los argumentos fueron extemporáneos ya que, según dijo, el pronunciamiento tardío se produjo porque el titular habría omitido la actualización de fichas y tablas de la Medida de Protección para las aves, recién mostrando estas en la Adenda 3.

“Esperamos que el Comité de Ministros tome en consideración nuestro escrito ingresado al proceso de Reclamación, ya que un indicador de éxito es nuestra única herramienta para demostrar el real impacto del proyecto ante la Superintendencia del Medio Ambiente. Si se aprueba este indicador con 824 individuos que es lo que propone la inmobiliaria, sólo podremos recurrir cuando la colonia tenga menos del 30% de piqueros de lo que vemos hoy, en conclusión, sólo se le podrán exigir medidas extras de conservación cuando el impacto sea irreversible”, concluyó.

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