En medio de la incertidumbre por incorporación de nuevos parlamentarios
Varios legisladores están realizando acciones por estos días para materializar una idea que se viene discutiendo hace un cuarto de siglo, casi con el mismo arribo de la sede legislativa a Valparaíso. El incremento de legisladores debido al nuevo sistema electoral es uno de los argumentos utilizados por quienes patrocinan la idea y que apelan a que el cambio de la sede legislativa a la capital implica un importante ahorro de gastos. Algunos sostienen que esta idea evitaría profundizar, además, la discusión sobre una reducción de la dieta parlamentaria. Mientras, el Ejecutivo sigue recibiendo presiones para cumplir con la palabra y no involucrar platas del erario fiscal para financiar a los nuevos senadores y diputados.
Corría abril de 2012 y los entonces diputados Jorge Burgos (DC) y Marcelo Díaz (PS), junto a otros parlamentarios, incluso de la Alianza, presentaban un proyecto de ley que buscaba cambiar la sede del Congreso Nacional desde Valparaíso a Santiago, con el objetivo de “mejorar la eficiencia del trabajo y ahorrar recursos”.
Cuatro años más tarde y desde la vereda del Ejecutivo, los ahora ministros de Interior y de Segegob, deben hacer frente a los cuestionamientos que han surgido por la supuesta falsedad que significa el “costo cero” –prometido por el Gobierno– que conllevaría la incorporación de parlamentarios en el marco del nuevo sistema electoral que reemplazó al binominal.
Entonces, otra vez el traslado de la sede del Poder Legislativo a la capital surge como alternativa para resguardar los recursos del Estado, como ha ocurrido en varios otros momentos desde el regreso a la democracia.
Esta vez la presión de los congresistas es fuerte y varios están promoviendo la idea y realizando acciones en tal dirección. Aseguran que hay un importante consenso en esa línea y que en los próximos días podría haber novedades al respecto.
Por el momento, mañana nuevamente la Presidenta Michelle Bachelet entregará su cuenta pública desde el Salón de Honor de la sede de Valparaíso del Congreso, pero varios legisladores esperan que sea una de las últimas veces que ello ocurra. Incluso, algunos apuntan directamente a que la Mandataria anuncie que, debido al aumento en 35 diputados y 12 senadores (de 120 a 155 y de 38 a 50, respectivamente) con el nuevo sistema electoral, la idea del traslado a la capital es una carta que baraja el Gobierno.
“A mí me encantaría que el 21 de mayo la Presidenta anunciara que es una alternativa que el Congreso se traslade definitivamente a Santiago, lo que significaría un ahorro de costo gigantesco y no solamente para el Congreso, sino que también para el Ejecutivo”, manifestó a El Mostrador el diputado Daniel Farcas (PPD), quien hace algunos meses, junto al diputado Gabriel Silber (DC) y Alberto Robles (PR), anunció la presentación de un proyecto de ley que buscará materializar el cambio y cuyos detalles se estarían afinando para que se discuta en la Comisión de Constitución.
La idea del traslado se ha ido fraguando con calma en los pasillos del propio Congreso. Desde que el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo impulsaba en 2014 el proyecto del fin al binominal, surgían las voces que consideraban inviable un aumento de parlamentarios con los mismos recursos. En mayo de ese año, por ejemplo, el senador Andrés Zaldívar (DC) sostuvo que «la idea de trasladar el Congreso puede renacer». El legislador recordó entonces que, durante los 90, él y otros parlamentarios, como el entonces senador RN Sebastián Piñera, encargaron un informe sobre un eventual traslado del Congreso a Santiago, donde se establecía que se ahorraría cerca del 20% de gastos en traslado y viático de funcionarios, entre otros puntos.
El mismo año 2014, en agosto, se conoció un informe de la Biblioteca Nacional del Congreso que aseguraba que el incremento de parlamentarios tendría un costo de 13 mil millones de pesos. Esta cifra fue calculada sobre la base de las actuales dietas y gastos de los congresistas. Los números preocupan y, a medida que se acerca la implementación del nuevo sistema electoral con las elecciones de 2017, las iniciativas para sortear el nuevo escenario se activan.
En el Congreso confirman en reserva que el tema del traslado del Poder Legislativo a Santiago está efectivamente sobre la mesa y que uno de los principales promotores, en esta ocasión, es el diputado radical Marcos Espinosa.
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La idea tiene adherentes y detractores, aunque los primeros hoy serían mayoría entre los legisladores. ¿Las razones? Son muchas. Entre ellas está un tema no necesariamente ligado a lo monetario sino que al tiempo: los traslados. Incluso, para los representantes de regiones, está el antecedente de que el aeropuerto está emplazado en Santiago y se ahorrarían la hora y media extra de viaje hasta el puerto.
Según explican parlamentarios que están impulsando la modificación, también el traslado del Congreso a la capital generaría un ahorro para el propio Ejecutivo. “Siempre dijimos que en algún momento iba a surgir la necesidad de bajar los costos, porque era imposible que no hubiese un aumento del erario fiscal teniendo 155 diputados, eso era absurdo y ridículo. Además, no solo para los gastos del Congreso sino que los gastos asociados del Ejecutivo, ¿cuánto se gasta en traer a cada ministro, subsecretario, jefe de servicios todos los días, tres veces a la semana durante tres semanas del mes, para que vengan con sus distintos asesores, personas que trabajan con ellos? Es una gastadero de plata impresionante”, explicó un legislador oficialista.
No solo eso. Entre los parlamentarios hay cierta convicción de que al menos una parte del trabajo legislativo es factible de ser realizado en Santiago, para aprovechar mejor días como los lunes y jueves.
En el caso de los lunes, hace un tiempo ya que la premura de los plazos y la carga de proyectos de ley a discutir han llevado a que las comisiones permanentes, especiales e investigadoras, sesionen ese día en la histórica sede de Santiago. Lo que se buscaría es precisamente instaurar ese criterio de trabajo.
El punto anterior tiene el elemento adicional –antes señalado– para los que abogan por un traslado de, al menos, algunas de las funciones legislativas: la reducción de gastos para el aparato estatal, al ahorrarse recursos en traslado de invitados, viáticos, etc.
Concentrar la tarea de las comisiones en Santiago los lunes y jueves, afirmaron en la Cámara de Diputados, permitiría optimizar el trabajo legislativo en la Sala del hemiciclo, con mayor asistencia en el debate.
En el Congreso aseguran que los detractores a la idea de cualquier forma de traslado son los parlamentarios vinculados a la propia Región de Valparaíso, ya que sería una medida poco popular en la zona, por el concepto de centralización y generación de empleos en el puerto y las ciudades aledañas.
Otro elemento que juega en contra es que la sede en Santiago no permite, por razones de infraestructura, avanzar más allá de establecer las comisiones los lunes y jueves. No existen oficinas disponibles para todos los parlamentarios, a lo que se suma que el histórico edificio sufrió daños en el terremoto de febrero de 2010, aunque en su mayoría fueron reparados. El 16 de septiembre del año pasado otro terremoto volvió a remecer sus dependencias.
Sin embargo, para algunos legisladores, la reactivación de la idea del traslado del Congreso surge como respuesta al reimpulso que estaba tomando la iniciativa de varios parlamentarios, encabezados por los independientes Giorgio Jackson y Gabriel Boric, sobre una disminución de la dieta.
En el marco del cumplimiento de los dos años desde que se presentó ese proyecto de ley para disminuir el sueldo de los parlamentarios, y que “está durmiendo” en la Cámara, los diputados dieron a conocer hace unos días un video que molestó a varios y donde, entre otras frases, se puede escuchar que “los parlamentarios ganan 40 veces el sueldo mínimo”, “con el sueldo de un parlamentario entras inmediatamente al 1 por ciento más rico de Chile” o “ya demostraron que los sueldos altos no los hace incorruptibles”.
El proyecto, que para muchos podría beneficiar la incorporación de nuevos legisladores con el denominado “costo cero” que prometió el Ejecutivo, se encuentra alojado en la Comisión de Constitución y varios están empujando para que se discuta en la instancia, a la vez que presionando al Ejecutivo para que le sume algún tipo de urgencia. No obstante, hay detractores férreos.
“Si vamos a hablar de la dieta, tiene que ser entre los tres poderes del Estado. Aquí hay una gran dosis de demagogia y populismo en este grupo de personas que promueven esta idea, porque finalmente no tiene ninguna incidencia sobre el presupuesto real que tiene esta Corporación. Siempre estamos dispuestos a discutirlo, si este es un Parlamento, pero hablemos en serio”, señaló el diputado Farcas respecto a la iniciativa de Jackson y Boric.
Sin embargo, las presiones para el Gobierno también están dadas para que explique con mayor claridad cuál será la real fórmula de financiamiento de estos nuevos legisladores. Hace algunos días el diputado Marcelo Schilling, uno de los redactores del anteproyecto de la reforma que reemplazó el sistema binominal, mandó una dura carta a los ministros del comité político y a los presidentes del Senado, Ricardo Lagos Weber, y de la Cámara, Osvaldo Andrade. Ahí el parlamentario propuso una disminución del 20% de la dieta y recordó el compromiso de que la reforma electoral no significaría mayor gasto fiscal.
“Te informo desde ya que no votaré favorablemente ningún proyecto que signifique aumentar el gasto fiscal para financiar la reforma electoral», expuso el socialista en la misiva.
La respuesta de Burgos no se hizo esperar, asegurándole al diputado que «debe cumplirse la palabra empeñada», es decir, que el Estado no desembolsará dinero adicional del erario público, sino que debe financiarse con reasignaciones y ahorros del propio presupuesto del Parlamento.
A partir de marzo de 2018 ya estarán incorporados nuevos legisladores y veremos entonces si en la práctica el Ejecutivo debió asignar nuevos recursos y si efectivamente se materializó la idea de un traslado a Santiago. Por lo pronto, los parlamentarios intentarán seguir incidiendo en esa decisión.
