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Pablo Gómez, persecutor en SQM, es cuestionado por sus pares

Prisión preventiva de Orpis revela fuerte diferencia de criterios al interior de la Fiscalía en casos de platas políticas

por 20 junio, 2016

Prisión preventiva de Orpis revela fuerte diferencia de criterios al interior de la Fiscalía en casos de platas políticas
A las discrepancias públicas que han enfrentado el fiscal del caso SQM, Pablo Gómez, y el de Corpesca, Emiliano Arias, por la fecha en que habría conocido el primero los antecedentes que vinculan a Pablo Longueira con el delito de cohecho, se suma la amplia brecha entre la medida cautelar de Jaime Orpis, y la intención de fiscal Gómez de pedir para el coronel UDI solo arraigo. Una situación que no solamente ejemplifica una disparidad de criterios sino también evidencia una crisis de confianza al interior del Ministerio Público.
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Los casos que afectan al desaforado senador Jaime Orpis y al ex parlamentario y ex ministro de Economía de Piñera, Pablo Longueira, tienen tantas similitudes en lo procesal, que las discrepancias de criterio hechas públicas en ambos casos no han hecho más que remarcar la existencia de una fuerte división al interior del Ministerio Público y, de paso, evidenciar la falta de liderazgo del Fiscal Nacional, Jorge Abbott.

La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de revertir el fallo del 4° Juzgado de Garantía, ordenando la prisión preventiva de Orpis por “peligro para la sociedad”, no solo significó un fuerte remezón político al interior de la UDI sino que también –según fuentes cercanas al caso– provocó un intenso movimiento al interior de la Fiscalía.

Lo anterior, debido a que el fallo fortaleció la tesis de la gravedad de los delitos, en este caso cometidos por el desaforado senador en el caso Corpesca, en perjuicio de lo sostenido por el fiscal de la causa SQM, Pablo Gómez, que ante delitos similares adelantó que en el caso que afecta a Pablo Longueira no pediría ni siquiera arresto domiciliario. “Tratándose de una infracción que tiene una pena tan baja, las cautelares van a ser de un rigor bastante menor. Puede ser el arraigo perfectamente”, dijo hace algunos días.

En términos prácticos, esta discrepancia –de acuerdo a fuentes cercanas a la defensa– se explicaría en el hecho de que mientras Orpis fue formalizado por los delitos de cohecho (habría recibido de forma ininterrumpida, entre marzo del año 2009 y abril del año 2013, un total de $233 millones), delitos tributarios (facilitó 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca) y fraude al fisco (habría utilizado fondos que le eran entregados para contratar personal a su cargo, "apropiándose indebidamente" de ellos, abultando honorarios de asesores y simulando contratos), la solicitud de formalización de Pablo Longueria en SQM, solo contemplaría los dos primeros delitos –cohecho y delito tributario– cuyas principales evidencias estarían en el intercambio de correos electrónicos entre ex el parlamentario y el ex gerente de SMQ, Patricio Contesse, en medio del debate para dar forma al nuevo proyecto de impuesto específico a la minería en 2010.

Todo lo anterior en un contexto en que existe un conjunto de antecedentes sobre aportes ilícitos efectuados, por más de 700 millones de pesos, al entorno directo de Longueira, entre los cuales se halla un informe encargado por SQM a la firma norteamericana Shearman & Sterling.

Lo que para algunos podría parecer casi el resultado de una simple operación aritmética, la decisión de apelar a la Corte y poner en prisión preventiva a Orpis en Corpesca, así como la de Gómez de adelantar que el estándar sería inferior para Longueira en el caso SQM, revelan, sin embargo, que el problema no se trataría solo de criterios sino también de una crisis de confianza entre pares al interior del Ministerio Público.

Fuentes que conocen bien la causa señalan que evidencias de esto es posible hallarlas no solo en el criterio sobre las medidas cautelares, sino incluso en la estrategia de formalización adoptada en SQM versus Corpesca o Penta.

Así, por ejemplo, se cuestiona la decisión de Pablo Gómez de solicitar la formalización del coronel UDI, sin hacer lo propio con todos los boleteros y facilitadores. “Es distinto que aparezca solo Longueira en calidad de imputado a que lo haga con los boleteros a su lado. Si fuera así, como sería lógico, quedaría claro que en su caso se trataba de una red formada por sus parientes y asesores. Más que una estrategia procesal, lo que parece pasar aquí es un intento de minimizar el impacto político de la audiencia”, sostienen las fuentes.

Otro de los ejemplos de división interna en el MP, y que ha redundado en quiebres de confianzas, fue el conflicto público que protagonizó el Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez Niada, y su similar de la región de O'Higgins, Emiliano Arias.

La controversia se desató cuando Gómez Niada afirmó que el fiscal Arias no le avisó, antes de dejar el equipo que investigaba esta causa en enero de este año, que existían los referidos correos entre Contesse y Longueira en la carpeta investigativa, ni tampoco le habría advertido que podrían existir eventuales delitos de cohecho fundados en los antecedentes señalados. El fiscal Arias, por su parte, sostuvo que Gómez conocía de esta información antes que él saliera del equipo de investigación.

Lo anterior en un contexto en que el fiscal Valparaíso, a través de una entrevista concedida a El Mercurio, aseguró –a mediados de febrero– que no existían antecedentes para fundar una investigación en contra de Pablo Longueira por delitos de cohecho.

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se vio obligado a intervenir, afirmando que se trataba de un debate intrascendente", al tiempo que llamó a evitar "debates públicos" entre fiscales.

Al interior de la institución, sin embargo, la polémica estuvo muy lejos de ser intrascendente, especialmente porque reflejó la falta de liderazgo de Abbott. Nada más el Fiscal Nacional llamó a sus subordinados al orden, Gómez desobedeció y continuó con las declaraciones, agregando que si Arias sabía de los eventuales delitos de  Longueira, había sido responsabilidad suya no haberle advertido oportunamente.

Lo que para algunos podría parecer casi el resultado de una simple operación aritmética, la decisión de apelar a la Corte y poner en prisión preventiva a Orpis en Corpesca, así como la de Gómez de adelantar que el estándar sería inferior para Longueira en el caso SQM, revelan, sin embargo, que el problema no se trataría solo de criterios sino también de una crisis de confianza entre pares al interior del Ministerio Público.

Para dar término a esta nueva polémica –según fuentes del Ministerio Público–, a Jorge Abbott le fue reenviado un correo –que originalmente fue enviado a Gómez en la fecha en que Arias dejó la causa SQM– en el cual se le especificaba cuáles eran los puntos pendientes de la causa SQM, entre ellos el caso cohecho de Longueira y la dilatada formalización de MEO, entre otros.

El conocimiento del Fiscal Nacional sobre ese correo coincidió por esos días con el lanzamiento del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que inició su puesta en marcha en el año 2016 en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Biobío y La Araucanía, en el marco de la implementación gradual 2016-2018 del Plan de Fortalecimiento Institucional.

Dicho lanzamiento, encabezado por Abbott y al que asistieron también las planas mayores de las policías, fue comunicado como un acto institucional de alta trascendencia, por lo que la asistencia de los fiscales regionales de las regiones pilotos era considerada imprescindible. El único que no llegó al evento fue Gómez, situación que fue interpretada al interior del Ministerio Público como una muestra de la débil posición en que se encuentra el Fiscal Regional de Valparaíso frente a sus pares y ante el Fiscal Nacional.

El abogado querellante en el caso SQM, Mauricio Daza, representante de Ciudadano Inteligente, quien debería ser un aliado de Gómez, ha manifestado públicamente que no se explica la actitud del Fiscal Nacional de nombrar y mantener en la dirección del caso SQM a un fiscal como Gómez Niada, fundado principalmente en consideraciones de cercanía personal “y cuyas actuaciones han sido imprudentes, además de tener un desempeño moderado ante los tribunales en las audiencias en que ha participado”.

En tal sentido, señala que le resulta impresentable que, mientras en la causa de Corpesca “la Fiscalía está haciendo un trabajo serio y comprometido para aplicar todo el rigor de la ley por delitos graves de corrupción, en el caso SQM el fiscal Gómez Niada haya planteado públicamente la posibilidad de terminar por la vía fácil esta causa, a través de pactar con las defensas de Martelli y Contesse procedimientos abreviados con penas de conveniencia para los imputados”.

Si bien en la audiencia de formalización de Longueira, planificada para el 22 de junio, también será formalizado el ex gerente de SQM Patricio Contesse, ahora por el delito de soborno, trascendió que en privado Gómez habría comunicado al Fiscal Nacional efectivamente su intención de arribar a un juicio abreviado con Contesse, para lo cual solo bastaría el mero consentimiento de la defensa, situación que comienza a despertar más de una suspicacia.

Y es que, de acuerdo al cálculo de pena que afecta a Contesse, esta llegaría a los 10 años y 1 día, una pena suficientemente elevada como para lograr un fallo condenatorio en juicio oral.

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