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La abogada que barre con el oficialismo y las fuerzas políticas emergentes 

Carola Canelo: "Es escandaloso que los ministros Eyzaguirre y Delpiano no hayan sido acusados constitucionalmente"

por 8 septiembre, 2016

Carola Canelo:
Estuvo detrás de los argumentos legales que llevaron a Harald Beyer a ser destituido por el Congreso. Dice que hay un delito civil tras todos los ministros que no fiscalizaron el lucro desde 1990. Y no se compra los vientos de cambio de RD y el Movimiento Autonomista, a los que no cree tan preocupados por los cambios sociales ni, menos, independientes. 
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Basta con escribir #CarolaCanelo en Twitter para ver cómo se han replicado sus últimas entrevistas entre los jóvenes, desde que hace algunas semanas irrumpiera en las pantallas de CNN. La abogada y académica de la Universidad de Chile acusó el delito civil cometido por todos los ministros de Educación desde 1990, al no fiscalizar el lucro en entidades educativas. Asimismo, evidenció los conflictos de interés del oficialismo con ciertas universidades.

La profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Chile profundiza sus polémicas declaraciones sobre la actual reforma del Gobierno de Bachelet, que –a su juicio– es un “golpe a la educación, por no lograr la inclusión prometida –y ser más bien discriminatoria– además de mantener el  lucro, de la misma forma que lo hizo el Crédito Con Aval del Estado (CAE) al haber destinado billones de pesos de recursos públicos a los dueños de los bancos. Entremedio de una agenda que incluye seminarios legales y entrevistas, la Master of Laws en International Legal Studies en American University USA, detalla sus fuertes acusaciones.

-¿Podría explicar por qué todos los ministros de Educación han incumplido con la ley y solo uno ha sido destituido por dicha razón?
-Todos los ministros de Estado de la Nueva Mayoría, antes Concertación, y del Gobierno de Piñera, desde el año 1990 a la fecha, han infringido la obligación legal que tienen de fiscalizar a las universidades, de iniciarles un procedimiento de investigación administrativa y de sancionarlas en caso de que lucren o incurran en otro tipo de ilícitos.

Conforme al artículo 15 del DFL Nº 1 de 1981, las universidades son corporaciones sin fines de lucro. Es decir, una universidad no puede constituirse ni operar con la finalidad de sus dueños de obtener ganancias económicas. Ello porque la finalidad de una universidad, conforme al mismo DFL citado, es el cultivo del saber superior, el otorgamiento de grados, postgrados, títulos profesionales, y ejercer las funciones de investigación, docencia y extensión al servicio del país.

Todos los ministros de Educación, desde el Gobierno de Patricio Aylwin –cuyo ministro de Educación fue Ricardo Lagos Escobar, que impuso el Crédito con Aval del Estado– a la fecha, han infringido esta obligación y, de esta forma, varias universidades privadas de aquellas creadas en Chile desde 1981. Es decir, bajo la dictadura cívico-militar y la Nueva Mayoría, han infringido la prohibición legal de lucro con total impunidad.

-¿Esas fueron las causas que destituyeron al ex ministro Beyer?
-Por esta razón fue destituido el ministro Harald Beyer, ya que la suscrita, junto con otros colegas, solicitamos al ministro Bulnes en su momento la debida fiscalización de todas las universidades privadas creadas desde 1981 y reiteramos la solicitud al ministro Beyer. Bulnes no dio respuesta a nuestra solicitud y Beyer se negó a fiscalizar, argumentando erróneamente que no tenía atribuciones legales para ello y que el Gobierno de Piñera había enviado un proyecto de ley para crear una Superintendencia de Educación Superior, ya que sería esa entidad la que, según él, procedería a fiscalizar. La acusación constitucional fue acogida precisamente en el capítulo relativo a que el ministro de Educación, teniendo la obligación de fiscalizar, no lo hizo, incurriendo entonces en la causal de acusación constitucional establecida en el artículo 52, Nº 2, letra b) de la Constitución, consistente en infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución. En este caso, claramente el ministro Beyer, debiendo fiscalizar y ejecutar o cumplir las normas legales que lo obligan a fiscalizar, investigar y sancionar a una universidad en los casos citados, entre ellos, cuando lucra, no lo hizo, dejando sin ejecución o cumplimiento las leyes.

-Entonces, si el lucro se mantiene, ¿por qué no ha ocurrido lo mismo con el resto de los ministros?
-El Gobierno de Bachelet prometió mejorar el sistema educacional, lo cual exige de suyo una mayor fiscalización. Sin embargo, a través de los ministros Eyzaguirre y Delpiano ha seguido infringiendo esta obligación legal de fiscalizar y, con ello, ha permitido que algunas universidades sigan lucrando en grave infracción a la ley y, por cierto, en perjuicio de millones de estudiantes y sus familias. La Nueva Mayoría, y sus derivados, La Izquierda Autónoma y Revolución Democrática (esta última partícipe en su momento en el Ministerio de Educación), no han efectuado acusación constitucional alguna contra los ministros de Bachelet. No obstante, han incurrido en la misma causal de acusación constitucional que justificó la destitución de Beyer. Por el contrario, consta en la prensa que, cuando Eyzaguirre fue interpelado, la opinión del diputado Boric, por ejemplo, fue que el ministro lo había hecho bien. Es decir, lo apoyó públicamente en desmedro del derecho a la educación de los estudiantes y sus familias. El que una universidad persiga lucro no es solo una grave infracción legal y de sus estatutos, sino que importa socialmente un daño muy grave, tanto económico como moral, de millones de estudiantes y sus familias.

-Por otro lado, se ha dicho que el lucro no tiene sanción y, por tanto, queda impune.
-Desde un punto de vista jurídico y de Derecho Positivo vigente en Chile, el lucro para las universidades es un ilícito civil. Es decir, es una conducta prohibida por la ley. Es una conducta antijurídica. La autoridad competente para fiscalizar y sancionar este delito civil es el ministro de Educación, como consta en el artículo 64 del DFL Nº 2 de 2010 ya antes citado, el que repite normativa proveniente de los años 90.

Lucrar en una universidad significa que las personas, particulares que crean y organizan una universidad, en vez de dedicarse a la actividad universitaria, lo que hacen es tratar a la universidad como un centro de negocios con la finalidad de obtener ganancias económicas para los dueños de la universidad o para sus empresas.

Toda universidad, por cierto, recibe ingresos, provenientes de donaciones u otras. El no lucro significa que ese ingreso se destina a pagar los gastos y costos de la universidad, entre ellos, el pago de las remuneraciones de su personal, a los proveedores y demás que correspondan para el cumplimiento de los fines de la universidad.

Es falso y un error de proporciones que he oído de la diputada Camila Vallejo, la profesora María Olivia Mönckeberg, la presidenta de la FECH, Camila Rojas (cercana a la Izquierda Autónoma), y la periodista de CNN Matilde Burgos, entre otros, que el lucro en las universidades no sea un delito.

"Es falso y un error de proporciones que he oído de la diputada Camila Vallejo, la profesora María Olivia Mönckeberg, la presidenta de la FECH, Camila Rojas (cercana a la Izquierda Autónoma), y la periodista de CNN Matilde Burgos, entre otros, que el lucro en las universidades no sea un delito. Para las universidades, no así para los institutos profesionales y los centros de formación técnica, el lucro es claramente un delito, pero un delito de carácter civil".

Para las universidades, no así para los institutos profesionales y los centros de formación técnica, el lucro es claramente un delito, pero un delito de carácter civil.

Ahora bien, de los hechos constitutivos de lucro puede ocurrir que existan otros hechos que pudieren configurar delitos penales. En esos casos, la entidad debería ser entonces sancionada por el delito civil de lucro por el ministro de Educación y si hay, además, un delito penal, ser sancionados los responsables por la justicia penal.

Es realmente escandaloso que tanto el ministro Eyzaguirre como la ministra Delpiano, ante los hechos ocurridos y que no han sancionado a universidad alguna, no hayan sido debidamente acusados constitucionalmente y sigan en el Gobierno. Esto es responsabilidad de los ministros, los diputados que no fiscalizan y, por cierto, de la Presidenta Bachelet que designó a esos ministros y les ha mantenido la confianza.

-¿Cuáles son los tratados internacionales que Chile no ha respetado?
-El Estado de Chile es un infractor, ya que ha violado el derecho fundamental a la educación. Conforme a diversos tratados internacionales en los que el Estado de Chile es parte, nuestro país está obligado a respetar y resguardar el derecho a la educación. Es decir, toda persona tiene derecho a educarse en las instituciones educacionales del Estado.

Más precisamente el artículo 13 Nº 2 letra c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales vigente en Chile desde 1989 obliga al Estado de Chile a implantar progresivamente la gratuidad en la enseñanza superior. Obligación incumplida por todos los Presidentes de la República de Chile desde 1989 a la fecha. Esto es muy grave, especialmente porque varios de esos Presidentes fueron egresados de la Universidad de Chile, algunos de ellos estudiaron gratis antes de la dictadura cívico-militar y son incluso abogados, lo que hace aún más grave esta violación de un derecho humano fundamental.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos tienen un rango incluso superior a la Constitución. El artículo 5 establece que el Estado debe respetar los derechos esenciales establecidos.

En el caso de la gratuidad, la obligación del Estado de Chile es aumentar el financiamiento estatal a las instituciones de educación pública superior, esto es, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, de carácter público o estatal. Público o estatal significa de propiedad del Estado, no –como erradamente indica Carlos Peña– que cumplan una función pública.

-¿Qué vamos a entender por público entonces? ¿Solo la educación pública debe ser gratuita?
-Como dice la ley, todas las universidades sean públicas o privadas cumplen una función pública. La diferencia entonces entre una universidad pública o privada consiste en que la pública le pertenece al Estado (la sociedad organizada políticamente) y la privada les pertenece a determinados particulares.

También es un grave error decir, como lo ha sostenido Fernando Atria, que la universidad pública es aquella que no tiene dueño, como si fuese res nullius o cosa de nadie y cualquiera pudiera apropiarse de ella. La universidad pública es la que pertenece al Estado y, por eso, es legalmente procedente, por ejemplo, que la Universidad de Chile, que es pública, le exija al Estado, su dueño, que la financie hasta la completa gratuidad.

Contrariamente a ello, los Presidentes de la República, de la Nueva Mayoría, la Derecha, y con la participación de la Izquierda Autónoma y de Revolución Democrática, no han implantado la gratuidad. Por el contrario, crearon el Crédito con Aval del Estado (CAE), que el proyecto del Gobierno de Bachelet mantiene, que hace más onerosa la educación, incluso la pública, y ha destinado billones de pesos de recursos públicos a los dueños de los bancos que obtienen las licitaciones del CAE, los que a su vez destinan cuantiosos recursos públicos a los dueños de varias universidades privadas e institutos profesionales y centros de formación técnica de particulares.

Por eso las instituciones privadas han crecido tanto y en cambio el Estado no ha destinado recursos públicos a las estatales, ni ha creado instituciones superiores de educación pública que impliquen aumentar la cobertura de educación pública en sus diversos niveles, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, de carácter estatal. No hay una cobertura pública adecuada y la educación pública escolar, en general, no es de excelencia. Esto obliga entonces a la mayor parte de los jóvenes a tener que acceder a universidades privadas, varias de las cuales no ofrecen estándares de excelencia académica, que reciben recursos públicos y algunas de las cuales, incluso, lucran. Por cierto, con la impunidad que les otorga la falta de fiscalización del respectivo ministro de Educación.

En ese contexto, el llamado del diputado Giorgio Jackson, en orden a que los estudiantes no se matriculen en las universidades del conglomerado Laureate, supone no entender los graves problemas del sistema educacional chileno, ni comprender el sufrimiento humano de millones de personas.

-Si se está incumpliendo un tratado, ¿qué instancias legales son apropiadas para que se respete?
-Con un grupo de estudiantes de Derecho, a quienes felicito por su compromiso social, interpusimos una acción constitucional de protección ante los tribunales superiores de justicia, para que dispusieran un plazo dentro del cual la Presidenta Bachelet mandara a hacer el proyecto de ley de progresiva gratuidad en la educación pública superior. Sin embargo, no quisieron siquiera entrar al fondo del asunto y lo declararon inadmisible. No obstante que días antes habían acogido en el fondo una acción similar, pero a favor del venezolano Leopoldo López. Por ello, presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que, sin embargo, toma usualmente bastante tiempo en la tramitación de estas peticiones.

El gran movimiento

-El 2011 se instala “el fin al lucro” gracias al movimiento estudiantil. Luego de 5 años, ¿qué rescata de la llegada de ex dirigentes al Congreso y de la reforma?
-En el año 2011, presenté una carta a la Fech informando que, conforme a la legislación, las universidades no pueden lucrar, que el ministro de Educación es el encargado de fiscalizar y que existe la obligación de gratuidad. Sin embargo, no recibí respuesta alguna. Luego, cuando Camila Vallejo ingresó a mi sala a pedir el voto a los estudiantes de mi cátedra, yo me permití informarle personalmente de estos temas y ofrecerle ayuda. También la manifesté que, a mi juicio, ella iba a tener que decidir entre defender los intereses de los estudiantes o de su partido. Claramente ella eligió al Partido Comunista y la vemos hoy intentando defender el comportamiento del Gobierno de Bachelet.

Respecto a Bachelet, llegamos a la conclusión que ella ha hecho un verdadero golpe a la educación pública. La ley de inclusión y no lucro, no se hizo con ese fin. La inclusión no se logrará, porque se destinaron con prioridad los recursos públicos a los dueños de los colegios particulares subvencionados, cuando en rigor debían destinarse a los colegios públicos. Así los colegios públicos, no obstante que se suponía serían especialmente apoyados, se encuentran aún en pésimas condiciones y se ha afectado especialmente a los pocos colegios públicos que ofrecen una educación de excelencia.

Bachelet premió, mediante la gratuidad, con recursos públicos, a los colegios particulares subvencionados cuando varios de ellos habían sido cuestionados porque se había detectado que entregaban información incorrecta respecto del número de estudiantes asistentes a clases, para cobrar subvenciones de manera ilegal. Cabe destacar que, en general, tanto los colegios públicos como los particulares subvencionados son de mala calidad.

A nivel de enseñanza superior, Bachelet también dio un golpe a la educación pública porque destinó con preferencia los recursos públicos a las instituciones privadas, mediante una beca de gratuidad, establecida en una glosa del presupuesto de la Nación. Es decir, no destinó, como corresponde, los recursos públicos que pagamos todos los contribuyentes a la educación pública superior gratuita, sino que premió a las universidades privadas y demás instituciones de particulares, varias de las cuales habían sido cuestionadas por, incluso, infringir la prohibición de lucro. Además de favorecer a los dueños de las instituciones privadas, esta beca de gratuidad es discriminatoria, ya que se destina a las instituciones en atención a las condiciones socioeconómicas de los padres de los estudiantes y no es concebida como un derecho, ya que cada año los estudiantes deben postular a ella. Con toda la incertidumbre y falta de respeto a los estudiantes y obligándolos a permanecer vinculados a instituciones privadas que no tienen los estándares de excelencia de una universidad.

-Cuando acusa los conflictos de intereses que mantienen los “derivados de la Nueva Mayoría”, se refiere a Revolución Democrática e Izquierda Autónoma... ¿Podría dar ejemplos de ello?
-Integrantes de Revolución Democrática participaron en el Ministerio de Educación durante el Gobierno de Bachelet y sabemos que electoralmente Giorgio Jackson fue beneficiado por la Nueva Mayoría para acceder al Congreso Nacional. De manera que RD tiene responsabilidad en el desastroso proyecto de ley de Bachelet en la educación superior. Es inaceptable que ahora pretenda dar una apariencia de rechazo del proyecto, ya que sus propios integrantes participaron en el ministerio. Yo pienso que Revolución Democrática no tiene ningún planteamiento revolucionario y su conducta tampoco tiene esos caracteres. De hecho, el diputado Jackson ni siquiera ha iniciado una acusación constitucional contra la ministra Delpiano por el escándalo de sus propias declaraciones en Laureate, ni por la gratuidad ni por sus expresiones relativas a la Universidad Autónoma. Claramente RD no tiene ningún compromiso social. También es sabido que RD ha recibido influencia del Partido Socialista, lo cual es coherente con la pasividad que ha tenido frente al Gobierno de Bachelet.

A su vez, la Izquierda Autónoma, a mi juicio, no es ni de izquierda ni menos autónoma. Aparte de que está dividida por rencillas personales y caudillismos. Lo más grave es que no tiene un comportamiento de izquierda, carecen de la sensibilidad social correspondiente y no son autónomos, ya que en su origen han recibido apoyo en su propia configuración o creación de personas de la Nueva Mayoría, especialmente vinculados a la Democracia Cristiana.

Quizás por ello tienen en su comportamiento un ADN golpista y mesiánico. Esto me consta personalmente, ya que Gabriel Boric, cuando fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, junto a quien fuera su aliado, Sebastián Aylwin –pariente del Presidente Patricio Aylwin–, en la toma de la Escuela de Derecho del 2009, fue promovido y auspiciado por académicos vinculados a la Democracia Cristiana o grupos relacionados. El actual Decano Davor Harasic, recuerdo, le ofreció ayuda para esa toma, hecho que presencié personalmente; el profesor Enrique Barros, también vinculado a la DC, actual presidente del CEP y abogado del destituido ministro Harald Beyer; Fernando Atria, vinculado al Partido Socialista, entre otros académicos. De manera que me consta de manera directa la decisiva participación de la Nueva Mayoría, especialmente de la DC, en la configuración del supuesto liderazgo del ahora diputado Boric.

Esto explica el comportamiento de RD y de IA de apoyo a la Nueva Mayoría y de abstención de toda acción concreta a favor de los estudiantes y del derecho a la educación.

-Además de la reforma educacional, ¿por qué cree que se genera esta “situación límite”, si –según ha dicho usted– viene desde 1990?
-Desde el año 1990 al año 2009, la Concertación violó el derecho a la educación, entre otros derechos fundamentales, y no manifestó interés alguno en una nueva Constitución. Se dedicó además a inmovilizar a los movimientos sociales, mediante el control de las designaciones de sus dirigentes.

En el año 2009 se sabía en los círculos políticos que existían altas posibilidades de perder el Gobierno y, por lo tanto, se preparó lo que se denominó el desembarco de la Concertación a la Universidad de Chile, ya que se sabía que los concertacionistas perderían sus fuentes de trabajo. Como la DC es cercana a la derecha, varios DC mantuvieron sus puestos de trabajo bajo el Gobierno de Piñera. No es casualidad esta fecha con la toma de la Escuela de Derecho el mismo año 2009. Así, desde 2010, la Concertación tuvo que pedir ayuda a los movimientos sociales, los mismos que había tenido dormidos y en ese contexto tomaron la bandera de la educación, destituyeron al ministro Beyer y la bandera de una nueva Constitución. La tildaron de tramposa, cuando en realidad la Concertación ejerció el poder bajo esa trampa y hasta el día de hoy. Incluso el proceso constituyente que ha iniciado la Presidenta Bachelet, en rigor, no es constituyente, ya que ni siquiera participa en él la sociedad de manera vinculante, la que por esencia es el constituyente.

La Nueva Mayoría, así, abrazó –bajo el supuesto liderazgo de Bachelet– la gratuidad de la educación pública, gratuita y de calidad y una nueva Constitución. Se hablaba también de una Asamblea Constituyente. Eso lo hizo no por convicción, lo que ha quedado acreditado, ya que no han cumplido, sino con el único fin de ganar las elecciones y volver a sus cargos millonarios.

De manera que, a mi juicio, hay contundente evidencia de que lo peor que le podría ocurrir a Chile es seguir permitiendo que este 3% siga gobernando el país. El 97% debe asumir su poder soberano y por ningún motivo abstenerse de votar. De hecho, a mi juicio, el voto voluntario fue establecido con la evidente idea de que pocas personas voten ante tanta corrupción y desilusión, conducta esperada y deseada por este 3% que, bien organizado, puede ganar las elecciones y gobernar nuestro país por la eternidad.

-Entonces, ¿se adscribe a la baja aprobación que mostró la CEP respecto a la política?
-El CEP, a mi juicio, no es referente real de lo que ocurre en el país. Ello, porque es un centro de estudios profundamente politizado, de derecha básicamente, con el apoyo de la Nueva Mayoría, y responde al deseo de los grandes grupos económicos de influir en la opinión pública. De hecho, si uno analiza con profundidad las encuestas que realiza, son bastante guiadas, en el sentido de que buscan un objetivo claramente político. El CEP no es una universidad e, incluso, sabemos que las universidades tienen graves problemas de militancia que les impiden ejercer el pensamiento crítico.

Un buen ejemplo de ello, y recordando la relación de Enrique Barros, actual Presidente del CEP (quien ha sido abogado de Matte, de Edwards y del destituido Beyer), con Gabriel Boric, no me extraña que en las encuestas pregunten por Boric, no obstante no reunir la edad para una candidatura presidencial.

Es sabida, a nivel político general, la importancia que hoy tienen las encuestas en la formación de la opinión pública, lo que unido al control de los principales medios masivos de comunicación social, canales abiertos de televisión y prensa, lo que buscan es orientar a la sociedad a un determinado pensamiento. Afortunadamente, hoy existe Internet y, por lo tanto, la censura hoy tiene ribetes distintos a los de antaño y existen posibilidades reales de acceder a la información y conocer las relaciones entre políticos, sus comportamientos y adquirir conciencia respecto de qué personas son adecuadas para liderar los destinos de nuestro querido país.

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