Opinión
La disyuntiva no está en quitar ayuda a los estudiantes que actualmente tienen becas o créditos sino en crear los instrumentos de financiamiento por parte del Estado que propicien y aumenten las matrículas de las instituciones que estarán adheridas al régimen de gratuidad, con un trato prioritario a las instituciones estatales. Esto requiere poner fin al CAE e impulsar un crédito, administrado por el Estado, de carácter transitorio y que dé cobertura a todos los deciles socioeconómicos que aún no se incorporan a la gratuidad.
En su editorial del 7 de octubre El Mercurio acusa a los detractores del Crédito con Aval del Estado (CAE) de realizar críticas interesadas y que nacen de una incomprensión del funcionamiento de este mecanismo de financiamiento de la educación superior. Estas y otras afirmaciones que han surgido los últimos días en defensa del CAE, no son más que la defensa política y puramente ideológica de un instrumento de financiamiento que concibe los principios del mercado, sus reglas y sus normas, como el ambiente propicio para desarrollar los sistemas educativos, el CAE es la expresión material de una concepción que ve a la educación como un negocio más y del cual, por tanto, se puede y debe extraer utilidades.
Creado el 2005, el CAE fue la base para el inicio de un proceso de acelerado crecimiento de la matrícula en las instituciones privadas nacidas a partir de la década de los 80. Según los datos del Ministerio de Educación, entre los años 2007 y 2016, mientras las universidades estatales aumentaron su matrícula en un 9,6%, las universidades privadas no tradicionales lo hicieron en un 51,2%, los CFT un 63,2% y los Institutos Profesionales en un 146,4%. Gracias a eso, en la actualidad de los más de 1.200.000 estudiantes matriculados en la educación superior, apenas un 15% lo está en una institución estatal.
De esta forma, la educación se convirtió en un suculento negocio para bancos e instituciones privadas que, violando la ley que prohíbe el lucro en las universidades, se han apropiado de cuantiosos recursos sin importar los altos niveles de endeudamiento que han sufrido los estudiantes.
Esta dura realidad fue la base del profundo malestar que movilizó a millones de chilenos y chilenas el año 2011, demandando el fin al lucro en la educación y el cambio estructural del sistema por uno basado en entender la educación como un derecho social y al Estado como el responsable de proveer y garantizar calidad y pertinencia.
El Gobierno de Sebastián Piñera intentó responder a la demanda social, pero sin tocar el corazón del negocio. En esa línea el año 2012 impulsó la ley 20.634, que bajó los onerosos intereses del CAE de un 6% a un 2%. Un significativo alivio a las familias, pero manteniéndoles el negocio a los bancos: gracias a dicha iniciativa, en las leyes de presupuesto desde el 2013 al 2016 el Estado ha asegurado recursos equivalentes a M$ 39.411.254 (en pesos del 2016) para traspasar directamente a los bancos y así financiar la rebaja al interés de este nefasto experimento a la educación que ha sido el CAE.
[cita tipo=»destaque»]Materializar un sistema de educación superior basado en los principios del bien común y que contribuya decididamente al desarrollo del país y cada una de sus regiones, requiere aumentar la matrícula de las instituciones estatales. No es posible un régimen mixto de educación superior solo con una participación subsidiaria del Estado.[/cita]
La disyuntiva no está en quitar ayuda a los estudiantes que actualmente tienen becas o créditos sino en crear los instrumentos de financiamiento por parte del Estado que propicien y aumenten las matrículas de las instituciones que estarán adheridas al régimen de gratuidad, con un trato prioritario a las instituciones estatales. Esto requiere poner fin al CAE e impulsar un crédito, administrado por el Estado, de carácter transitorio y que dé cobertura a todos los deciles socioeconómicos que aún no se incorporan a la gratuidad.
Junto con esto es necesario realizar una significativa inversión creando un “Fondo de Infraestructura para Ampliación de Matrícula Estatal”, para que las universidades y los recientemente creados CFT estatales aumenten su cobertura del 14% actual a un 50% del total del sistema en un plazo de 10 años. Materializar un sistema de educación superior basado en los principios del bien común y que contribuya decididamente al desarrollo del país y cada una de sus regiones, requiere aumentar la matrícula de las instituciones estatales. No es posible un régimen mixto de educación superior solo con una participación subsidiaria del Estado.
