Salir del “Macondo electoral”

El padrón electoral es el engranaje central y básico del proceso democrático y por lo mismo, históricamente es uno de los temas que más conflicto político ha ocasionado en nuestra república. De hecho, durante prácticamente todo el siglo XIX, una de las grandes batallas políticas que confrontó a conservadores y liberales de la época fue precisamente este tema.

Fueron tan escandalosos los recurrentes fraudes electorales, doble inscripción, registro de fallecidos, y otras prácticas, que hacia 1912 nuestra tan “prestigiada” república de hombres honorables y probos contaba con un padrón con cerca de 600 mil inscritos, cuando en la realidad solo debían votar menos de 200 mil. A comienzos del siglo XX el padrón estaba inflado tres veces y aquello no había producido demasiado escándalo. Fue la emergencia de un sistema político más competitivo lo que motivó a determinados partidos a buscar resolver el problema del padrón tal cual había sucedido en la década de los 1870. Y así, en 1914, se aprobaba una nueva ley que permitía la actualización del padrón cada 9 años.

Pero las reformas no fueron suficientes. En 1958 se introdujo por primera vez la cédula única nacional para evitar recurrentes fraudes electorales que continuaron sucediendo. Tal como Ricardo Gamboa lo ha escrito, la motivación principal de aquella reforma fue el interés de un bloque de partidos de limitar las posibilidades de que la derecha llegara al poder. Como el padrón se traduce en votos y el voto se traduce en poder, entonces la forma en que se confecciona y se materializa una elección es, de nuevo, central al sistema democrático.

[cita tipo=»destaque»]La urgencia de esta tarea se asocia al proceso electoral del próximo año. Si no se toman medidas urgentes (que implican recursos, asesoría y coordinación de los diferentes órganos del Estado), enfrentaremos una de las elecciones presidenciales más cuestionadas desde el retorno a la democracia. Volveremos a repetir una historia muy conocida en el siglo XIX y gran parte del siglo XX.[/cita]

A 26 años del retorno de la democracia enfrentamos una nueva crisis del padrón –insisto, no es la primera ni seguramente será la última–. La dificultad se produjo cuando se pasó del registro voluntario a uno automático. En el mundo del “registro voluntario”, le correspondía al Servel llevar un recuento de domicilios electorales. El procedimiento era engorroso, lento, arcaico, poco tecnificado, pero seguro.

Cuando se introdujo el registro automático para personas en edad de votar el contexto se modificó. Y la dificultad fue que las instituciones del Estado (Registro Civil, Servel) no fueron capaces de resolver adecuadamente este nuevo desafío. Ya no era posible un sistema como el anterior pero, a la luz de los hechos, tampoco las autoridades –desde 2012 a la fecha– fueron capaces de implementar un procedimiento para dar garantías de que contábamos con un padrón certero.

En 2013 conocíamos sobre cerca de 500 mil fallecidos que se mantenían en el padrón. Luego, en 2014, comenzaron los oficios del Servel hacia el Registro Civil alertando de problemas en el registro de domicilios. A comienzos de 2016 se estableció una mesa de trabajo para resolver las inconsistencias. Las alarmas en el Gobierno se encendieron a mediados de julio, pero ninguna autoridad tomó cartas en el asunto. Pese la trascendencia del tema, pese a que diversas autoridades alertaron de la situación, no se intentó resolver el problema sino hasta 5 días antes de la elección.

¿Cuál es la solución? El primer problema es la existencia de una ambigüedad en la norma (Código Civil) respecto de la fijación del domicilio que puede ser el lugar de residencia o el lugar de trabajo habitual o cualquier otro. Lo anterior ha generado una mala práctica de cambios de domicilio motivados por el interés individual de votar en alguna elección local, o de algunos partidos por acarrear votantes hacia algún territorio. Para terminar con el acarreo y estas malas prácticas se requiere establecer que domicilio de residencia primario será el domicilio electoral y ello implica una revisión de la ley.

El segundo problema es realizar un diagnóstico urgente de la gravedad del problema, porque no sabemos a ciencia cierta la magnitud de los errores en las direcciones. El Ministerio de Hacienda debiese entregar todos los recursos extraordinarios necesarios para que el Servel realice una auditoría del padrón electoral, de modo de identificar cuántos ciudadanos presentan el problema de relocalización de su lugar de votación, ausencia de domicilios electorales, presencia de fallecidos, etc. Esta depuración del padrón debiese ser una prioridad del Estado de Chile y debiese completarse en no más de 6 meses.

El Estado de Chile debiese solicitar apoyo internacional urgente de órganos especializados en modernización de padrones electorales, constituyendo un grupo de tarea y resolver el problema del padrón. De verificarse inconsistencias, debiese realizarse una masiva campaña ciudadana para actualizar los domicilios de los ciudadanos. Todo esto antes del mes de julio de 2017.

La urgencia de esta tarea se asocia al proceso electoral del próximo año. Si no se toman medidas urgentes (que implican recursos, asesoría y coordinación de los diferentes órganos del Estado), enfrentaremos una de las elecciones presidenciales más cuestionadas desde el retorno a la democracia. Volveremos a repetir una historia muy conocida en el siglo XIX y gran parte del siglo XX.

Para salir de este Macondo Electoral en que nos encontramos se requieren decisiones que no sean “reguleques”, actuar con seriedad, agachar la cabeza, y pedir ayuda a instituciones internacionales que por años han modernizado los procedimientos electorales en el mundo.