Mineduc entregó a los rectores un documento donde se establece que cualquier persona podrá denunciar el mal uso de recursos para que se inicie una investigación.
En Concepción se llevó a cabo un encuentro entre el Consejo de Rectores (Cruch) y la jefa de la División de Educación Superior (Divesup) del Ministerio de Educación, Alejandra Contreras, quien les entregó un documento titulado «Protocolo de rediseño reforma a la educación superior«.
Entre las indicaciones que el Ejecutivo tiene contempladas para rediseñar la reforma están: mayor fiscalización a las universidades y la incorporación de la figura de lucro como delito penal.
Según consigna La Tercera, en el punto 10 de dicho documento, en donde trata sobre la Superintendencia de Educación Superior y regulación a la prohibición efectiva del lucro, dice: «Se regulará que la labor fiscalizadora de la superintendencia la realizará sobre la base de indicadores de riesgo financiero y de incumplimiento de la prohibición de lucrar. De esta manera, el control se focalizará en las instituciones que presenten mayor riesgo».
Agregando que se incorporará el tipo penal de lucro. En definitiva: que el desvío de recursos que deben ser reinvertidos podía configurar el delito de apropiación indebida.
«Pero se pasa por muchas etapas, entonces sentíamos que existía insatisfacción respecto a ese mecanismo», sostuvo al respecto Contreras.
Además, dijo, «se establece un delito de acción pública, lo que significa que cualquier persona que toma conocimiento de este delito puede denunciarlo».
En cuanto a las penas, explicó que «se va a especificar que generar excedentes en una institución y que en lugar de que sean reinvertidos en el plantel sean llevados a otra parte, con otros fines, va a constituir un delito. Y esa persona tendrá que responder penalmente».
De igual modo, el gobierno presentará en 2017 un proyecto para eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y reemplazarlo por uno que saca a los bancos del sistema de financiamiento para la educación superior e incluye una agencia estatal.
«Este nuevo instrumento será uno que excluya a los bancos de la operación y que sea manejado por una agencia estatal, con potestades de cobro a través del sistema de impuestos», indica el texto entregado por la jefa de la Divesup al Cruch.
«Lo importante es que se decide eliminar el CAE y se está trabajando en un nuevo sistema de crédito que esté en manos probablemente de una agencia pública y que tenga posibilidades de poder hacer cobranzas a través del Servicio de Impuestos Internos», aclaró Contreras.
