La defensa del ex jefe comunal negó las acusaciones del organismo asegurando que existió una «correcta aplicación de la norma» adjudicando la oferta más barata.
La querella presentada por el Consejo de Defensa (CDE) en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, en el denominado caso Basura, da algunas pistas de cuáles serían las imputaciones que haría la Fiscalía Occidente en contra del ex alcalde de Ñuñoa Pedro Sabat.
El ex jefe comunal será formalizado el 21 de noviembre por fraude al fisco, por la adjudicación de una licitación de recolección de desechos sólidos a la empresa Demarco (filial de KDM) en 2012. Al respecto, el CDE aclara: «No era la más ventajosa desde un punto de vista económico, pues era más costosa que la propuesta de otras empresas e importaba un costo mayor del 72%».
Tal como consigna El Mercurio, esto generó un perjuicio de $1.300 millones por año de vigencia.
La querella presentada por el CDE detalla que el 14 de marzo de 2012, Sabat propuso al concejo municipal la adjudicación, lo que fue rechazado por tres votos contra cinco.
Entonces, el otrora edil habría usado «subterfugios» y «un informe de contraloría interna y asesoría jurídica del municipio», para lograr la adjudicación de la propuesta de licitación.
Al no realizarse la reunión que estaba programada para el 21 de marzo, no hubo quórum para sesionar, lo que permitió al alcalde Sabat aprobar la adjudicación igualmente.
CDE afirma en el libelo que así Sabat concedió el contrato el 28 de marzo, «siguiendo para ello el referido alcalde un procedimiento ilegal y a la medida».
Luis Masferrer, abogado defensor del ex alcalde de Ñuñoa, negó que hubiese un subterfugio: «Existió una correcta aplicación de la norma, las bases de licitación y se terminó adjudicando ante la falta de acuerdo para aprobar o rechazar, según establece la ley, con la decisión del alcalde».
«Se adjudicó a la oferta más barata y eso es lo que corresponde del punto de vista a la autoridad (…) el valor más oneroso del contrato es porque se están comparando peras con manzanas: el año 2006, las condiciones técnicas de las ofertas eran bastante inferiores a lo que se estaba resolviendo el 2012», afirmó.
La querella del CDE está dirigida también contra el alcalde de Colina, Mario Olavarría; Marcela Morales (asesora Secretaría de Planificación, Secpla); Isabel Valenzuela Ahumada (ex directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco); Jéssica Severino (ex directora de Secpla) y César Vidal (apoyo profesional Dideco).
A todos ellos, les imputa el delito de fraude al fisco, ya que habrían suscrito contratos ideológicamente falsos para desempeñar funciones dentro de la municipalidad que no se habrían prestado efectivamente.
