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Chile gasta un 2,77% del PIB y es el número 14 entre los 17 países estudiados

El alto costo del crimen y violencia en América Latina y el Caribe

por 3 febrero, 2017

El alto costo del crimen y violencia en América Latina y el Caribe
Un detallado informe del Banco Interamericano de Desarrollo enciende las alarmas acerca de la crisis. El estudio destaca que la región es la “más violenta del planeta”. Uno de sus puntos más relevantes precisa que la inversión gubernamental en cárceles, los sistemas de rehabilitación de los condenados y las precarias condiciones de hacinamiento en las que viven, entre el período 2010-2014, ascendió a US$ 6.500 millones al año, "para mantener y construir prisiones”. El documento agrega que las cifras plantean interrogantes sobre la eficiencia de la política penitenciaria de varios países.
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La problemática de la violencia y el crimen se ha tomado la agenda mediática de los últimos años en Chile. La sensación de inseguridad y victimización ha ido en un aumento constante, a pesar de que –según cifras oficiales del Gobierno– la materialidad del crimen ha disminuido. Así, la presión social por mejorar los sistemas internos de seguridad ha apuntado a que se inyecten mayores recursos en las instituciones que prestan estos servicios, como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, de esta forma se influye directamente en la toma de decisiones respecto a las políticas públicas del país y en el gasto familiar a la hora de tener mayor seguridad en casa, según señala el estudio “Los costos del crimen y de la violencia: nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el estudio –que por primera vez ahonda en los gastos materiales de un país en materia de seguridad y crimen, tanto a nivel gubernamental como privado–, a pesar de que en América Latina y el Caribe (ALC) “la mayoría de los países experimentó tasas de crecimiento anual cercanas al 4%, las tasas de pobreza disminuyeron y los ciudadanos de la región se volvieron más saludables y alcanzaron un mayor nivel de estudios”, el crimen ha ido en constante aumento. Esta región se constituye como la “más violenta del planeta”, y la “Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado que el crimen y la violencia en la región se encuentran en niveles epidémicos”.

El informe realiza una estimación de los costos de la delincuencia en 17 países durante el período 2010-2014, y distingue entre tres tipos: “El costo social de la delincuencia, que incluye los costos de la victimización en términos de la pérdida de la calidad de vida por homicidios y otros delitos violentos y los ingresos no percibidos de la población penitenciaria”, que significan un 0,64% del PIB de la región. También incluye el gasto privado en seguridad hecho por empresas y hogares, es decir, el gasto en servicios de seguridad, que alcanza a un 1,37% del PIB. Finalmente, también introduce el gasto público. En este ítem, se “incluye el gasto público en el sistema judicial, los servicios policiales y la administración de prisiones”, el cual alcanza a un 1,51% del PIB de la región.

“Las estimaciones de los costos totales revelan que el delito les cuesta a los países de ALC, en promedio, entre 2,41% y 3,55% del PIB. Esto equivale, para la región, a un monto de entre US$115.000 millones y 4 US$170.000 millones (a tipo de cambio de 2014)”, refiere el estudio. Lo preocupante de estas cifras es que este gasto –que en países desarrollados es mucho menor– “es similar al que gastan esos países en infraestructura y es aproximadamente igual a la porción de los ingresos de la región que va al 30% más pobre de la población”.

Según el BID, “estas estimaciones de costos proporcionan una imagen clara del impacto del crimen y la violencia en ALC, y se espera que fomenten mejoras en las políticas públicas que en última instancia pueden reducirlo”.

La lista de países que incurren en mayor gasto del PIB relacionado con el crimen es liderada por Honduras (6,51%), al que le sigue El Salvador (6,16%) y luego Bahamas (4,79%). Chile, con 2,77% del PIB, se encuentra en el número 14 entre los 17 países estudiados, mientras que México (1,92%) es el país que menos incurre en gastos asociados al crimen.

La lista de países que incurren en mayor gasto del PIB relacionado con el crimen es liderada por Honduras (6,51%), al que le sigue El Salvador (6,16%) y luego Bahamas (4,79%). Chile, con 2,77% del PIB, se encuentra en el número 14 entre los 17 países estudiados, mientras que México (1,92%) es el país que menos incurre en gastos asociados al crimen.

Mayor encarcelamiento, menor eficiencia

Un punto relevante, para el informe del BID, es la inversión gubernamental en cárceles, los sistemas de rehabilitación de los condenados y las precarias condiciones de hacinamiento en las que viven. El documento asegura que el costo de este ítem es alto, debido a que las tasas de encarcelamiento de América Latina son altas. “Para el período 2010-2014, la región gastó 6.500 millones de dólares al año para mantener y construir prisiones”, detalla el texto.

A ello se le debe sumar el hecho de que “las personas encarceladas renuncian a un ingreso adicional de 7.300 millones de dólares anuales”, números que en conjunto representan el 0,39 por ciento del PIB, “más que las transferencias monetarias condicionales para los pobres de la región”, alto costo en prisiones que no necesariamente se traduciría en menos violencia.

El estudio concluye que “no está claro que las políticas de encarcelamiento hayan tenido un efecto significativo en el crimen, ya que no están particularmente dirigidas a los ‘criminales de carrera’, que con mucha probabilidad cometen nuevos delitos una vez liberados, ni tampoco son particularmente exitosas en reinsertar a los ex convictos en la sociedad. En consecuencia, los altos costos del encarcelamiento, incluido el ingreso perdido de los reclusos, plantean interrogantes sobre la eficiencia de la política penitenciaria en varios países de la región. Sin embargo, parece que hay espacio para pensar en reformas que simultáneamente reduzcan los niveles de violencia y los costos de encarcelamiento en muchos de los países de ALC”, se añade.

El documento del BID aborda asimismo la temática de la violencia en contra de la mujer desde una cifra que prende las alarmas: “La tasa de homicidios femeninos en la región es el doble del promedio mundial”, pero también incluye el concepto macro de violencia, desde la “psicológica hasta el femicidio, en situaciones extremas, e incluye una amplia gama de delitos de violencia doméstica a agresión sexual”.

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (OMS, 2013), el 29,8% de las mujeres en América Latina y el Caribe (ALC) ha sufrido violencia física y/o sexual durante su vida. Esta cifra desciende a 23,2% en los países de ingresos altos (América del Norte y Europa Occidental), pero aumenta hasta el 37,7% en el Sudeste de Asia y al 37% en la Región del Mediterráneo Oriental. Considerando la violencia sexual no asociada a la pareja, la prevalencia entre las mujeres latinoamericanas y caribeñas es cercana a la observada en África (10,7% y 11,9%, respectivamente), y mucho menor que en Europa (5,2%) o incluso el Sudeste de Asia (4,9%). Estas altas cifras de violencia contra la mujer demuestran que el problema es grave y genera muchos costos en términos de bienestar”, explica el informe.

Los costos asociados a la violencia contra la mujer incluyen el gasto público en seguridad y, también, aquellos del sistema de salud, la atención a las víctimas, el sistema judicial y los costos sociales, “como la pérdida de vidas y la disminución de la calidad de vida debido a la violación y otros delitos violentos”, indica.

De acuerdo al BID, la violencia en contra de la mujer requiere atención específica. En Brasil, por ejemplo, existe una policía especializada, conocida como la Patrulla Maria da Penha, cuyo objetivo es prevenir este tipo de violencia, apoyar a las víctimas y asegurarse de que se aplique la ley.

“Desde el sistema de salud, las víctimas requieren cuidados diferenciados, como el tratamiento psicológico”, razón por la cual los costos asociados serían mayores, aunque no todos los países cuentan con programas especiales, lo que –a juicio del informe– trae consigo una ineficiencia operativa a nivel gubernamental que podría ser más eficaz en cuanto a los referidos costos.

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