El gremio rechazó la medida que tomó este pasado miércoles el el Consejo de Monumentos Nacionales, que proteje la simbólica construcción realizada en el gobierno de Salvador Allende en Las Condes para mitigar la segregación en la comuna. Complejo estaba a punto de ser demolido. El terreno donde se ubica estaría valorado en US$24 millones.
«Un daño inestimable a la certeza jurídica».
Con estos duros términos se refirió la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales adoptada este miércoles para elevar a dicha categoría la Villa San Luis, ubicada en la comuna de Las Condes.
«Consideramos de la mayor gravedad las sorpresivas decisiones adoptadas por el Consejo de Monumentos Nacionales durante las últimas semanas y que dicen relación con propiciar la declaratoria de monumento histórico de ciertos inmuebles cuyos propietarios cuentan con anteproyectos o permisos de edificación ya otorgados por las autoridades competentes».
La construcción, ahora patrimonial, estaba a punto de ser demolida (uno de los edificios fue notablemente dañado) y se encuentra en un paño que podría llegar a costar hasta US$24 millones, de acuerdo a las estimaciones que publicó esta mañana diario Pulso. El terreno se ubica en uno de los lugares mas caros de Santiago, y fue edificado en tiempos de la Unidad Popular para remediar el naciente problema de la segregación social en la capital.
La declaración pública, firmada por Sergio Torretti, presidente de la CChC, señala además que los permisos de anteproyectos «otorgan derechos adquiridos que no pueden ser debilitados por declaratorias extemporáneas».
En ese sentido, hacen un llamado «a erradicar esta práctica y a promover un debate serio, que permita acordar visiones de largo plazo sobre la evolución de nuestras ciudades, su desarrollo y, por cierto, sobre la mejor forma de resguardar el patrimonio, dado que los mecanismos que hoy existen para ello no son efectivos y producen efectos contrarios al objetivo que persiguen».
Añaden que «como gremio hemos elaborado una propuesta al respecto, la cual se basa en dos principios generales: garantizar una conservación sustentable del patrimonio y consolidar un marco normativo-institucional único que termine con la actual duplicidad en las declaratorias y que ha sido en gran parte causante de los conflictos que hemos observado últimamente».
Concluyen en su declaración que «la protección del patrimonio arquitectónico es de la máxima relevancia para cualquier país, pues contribuye a conservar la memoria histórica y a construir la identidad nacional. Como gremio nos preocupa que ello ocurra efectivamente. Sin embargo, tal objetivo no puede buscarse vulnerando derechos fundamentales de sus propietarios ni la legalidad vigente».
