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Está cerca de resolverse después de cuatro años

La Iglesia desata batalla legal entre poderosos estudios de abogados por demanda contra el Arzobispado de Santiago

por 23 agosto, 2017

La Iglesia desata batalla legal entre poderosos estudios de abogados por demanda contra el Arzobispado de Santiago
El agricultor Juan Luis Undurraga fue uno de los gestores de Soprole y antes de morir heredó su gran fortuna –incluidas tierras y un patrimonio de cientos de millones de dólares– a la Iglesia católica, a través de una fundación que ayuda a niños con síndrome de Down. Pero su esposa y su hijo, representados por conocidos juristas, afirman que gran parte de esa herencia les corresponde.
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Para este lunes, en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, estaban programados los alegatos del proceso en que el Arzobispado enfrenta una demanda por doscientos millones de dólares. Prácticamente cuatro años de disputa judicial que parecieron quedar zanjados en enero de este año, cuando un fallo de primera instancia rechazó la demanda contra la entidad eclesiástica.

Sin embargo, los alegatos, donde las partes desplegarían sus argumentos a favor y en contra, no se realizaron, debido a que el tribunal ordenó que se lleve adelante un recurso adicional, por lo que el enfrentamiento, en lo que parece la recta final de un proceso en el que incluso declaró el arzobispo Ricardo Ezzati, deberá esperar.

El agricultor millonario

Pero la historia se remonta hacia mediados de los años 70, cuando el agricultor Juan Luis Undurraga Aninat se casó a los 49 años con Ana María Fernández Valdés, viuda y madre de ocho hijos. Undurraga fue un próspero terrateniente que hizo fortuna a partir del fundo La Puntilla, heredado de su familia paterna y a partir del cual creó junto a otro socio la cooperativa lechera Soprole, a mediados de los años cuarenta. Con el tiempo los socios entraron en disputas comerciales, que dejaron a Undurraga como accionista minoritario de Soprole, pero con un respetable 43% del total.

Con su esposa tuvo un hijo con síndrome de Down, Juan Luis Undurraga Fernández. Ambos figuran como las personas naturales que demandaron al Arzobispado en octubre de 2013.

Pero el agricultor, que además fue alcalde de El Monte y férreo opositor a la Unidad Popular, en 1988 hizo su testamento, mediante el cual expresaba su voluntad de dejar todos sus bienes a la Iglesia católica, a través de la Fundación Isabel Aninat (bautizada así en memoria de su madre) y que fue formada dos años antes con la ayuda del sacerdote Sergio Valech. En adelante, personas de la Iglesia como Cristián Precht o el ex sacerdote Rodrigo Tupper han formado parte del directorio de la institución, dedicada a generar proyectos de inclusión para niños con síndrome de Down y que Undurraga pensó como una plataforma para atender las necesidades de su hijo.

En el testamento, Undurraga demostraba que el matrimonio con Ana María Fernández no terminó bien. Le pedía que devolviera el anillo de brillantes que le había regalado mientras estuvieron juntos, desde 1973 a 1977.

Desheredados

Por eso, para el abogado Raúl Lecaros Zegers, que representa a Fernández y su hijo, la forma en que en la práctica se estructura esta donación a la Iglesia, es una manera encubierta de desheredarlos a ambos.

El agricultor, que además fue alcalde de El Monte y férreo opositor a la Unidad Popular, en 1988 hizo su testamento, mediante el cual expresaba su voluntad de dejar todos sus bienes a la Iglesia católica, a través de la Fundación Isabel Aninat (bautizada así en memoria de su madre) y que fue formada dos años antes con la ayuda del sacerdote Sergio Valech. En adelante, personas de la Iglesia como Cristián Precht o el ex sacerdote Rodrigo Tupper han formado parte del directorio de la institución, dedicada a generar proyectos de inclusión para niños con síndrome de Down y que Undurraga pensó como una plataforma para atender las necesidades de su hijo.

Lecaros, quien fue abogado integrante de la Corte Suprema y decano de Derecho en la Universidad Católica, dice que la voluntad de traspasar sus bienes a la Iglesia, a cambio de una renta vitalicia, se hizo a través de “contratos simulados”, pues existen otros mediante los cuales Undurraga devolvía el dinero correspondiente. Otro de los argumentos de Lecaros para impugnar el acuerdo con el que la Fundación se quedó con el importante paquete accionario de Soprole, que vendió en 2008, es que la entidad es una corporación de “Derecho canónico” que formó el sacerdote Valech, pero que no está hecha con las condiciones que exige la ley chilena en estos casos. Para Lecaros, “la fundación legalmente no existe, es una entelequia”.

En el proceso han participado abogados de los estudios más requeridos de la plaza. Como el propio Lecaros, casado con la periodista de El Mercurio Blanca Arthur y socio del estudio Villarroel, Lecaros, Aste y Baraona. Lecaros estuvo entre los abogados que redactaron las Leyes Orgánicas Constitucionales durante la dictadura.

En 1992, cuando los demandantes y la Iglesia llegaron a un acuerdo extrajudicial, quien representó a los actuales demandantes fue José María Eyzaguirre, abogado de Augusto Pinochet y uno de los que redactó parte de la Constitución de 1980. Precisamente el capítulo relacionado con el derecho a propiedad. En ese acuerdo, la viuda de Juan Luis Undurraga habría recibido una suma cercana a los US$8 millones

Los cercanos a Pinochet

Pero las acciones de Soprole que le correspondían por herencia, según Lecaros, considerando los intereses podrían valer cerca de US$400 millones, teniendo en cuenta, además, un paquete de acciones de la filial de Soprole, Prolesur, donde la Fundación Isabel Aninat tenía un 16%.

En una etapa inicial de la actual demanda, también estuvo el abogado Héctor Riesle, quien fue embajador de Pinochet en el Vaticano. Su conocimiento de la curia podría ayudarlo a convencer a Ezzati de llegar a un arreglo antes de establecer la demanda. Pero finalmente eso no se concretó.

En el otro bando, también hay poderosos abogados del foro, como Álvaro Ortúzar Santa María, experto en derecho civil, consultado por bancos y distintas empresas, como Ariztía, a quien representó en el caso de “colusión de los pollos”. Autor de diversas publicaciones, profesor de las universidades de Chile y Católica, entre otras. En este caso Ortúzar representa al Arzobispado y en su equipo también está Cristián Boetsch, uno de los abogados más reconocidos de la generación sub-40.

Ellos prefieren “no litigar por la prensa”, por lo tanto, optaron por no referirse al proceso. Aunque saben que es un enfrentamiento entre prominentes abogados de la plaza. Estos estudios figuran en los últimos rankings al menos entre los cinco mejor evaluados por sus pares y los clientes.

En medio, está el estudio Alcalde y Cía., que no se halla entre los litigantes pero al que pertenece Enrique Alcalde Undurraga, hijo de Pilar Undurraga, prima hermana de Juan Luis Undurraga. Este abogado, a la muerte de su padre, quien fue director y presidente de Soprole, se hizo parte de la Fundación Isabel Aninat, que entre otras cosas ha financiado la construcción de escuelas en comunas periféricas de Santiago.

Alcalde Undurraga fue uno de los inversionistas privados del diario La Nación, que con los dividendos por la venta y la liquidación de los bienes, durante el gobierno anterior, obtuvo casi $7 mil millones después de haber invertido $16 millones en septiembre de 1991.

La salida de los demandantes

Desde los demandantes apelaron al fallo de primera instancia, dictado por la ministra de fuero –debido a la investidura de Ezzati, que representa al Arzobispado– Maritza Villadangos. En esta sentencia, entre otras cosas, se consigna que los hechos están prescritos, que los mismos ya fueron resueltos por el acuerdo de 1992, falta de “legitimación activa y pasiva”, que quiere decir que la viuda no puede demandar y que el demandado no puede ser el Arzobispado, respectivamente.

Sin embargo, fue acogido el recurso de casación presentado por los demandantes sobre la base de que ninguna de las “excepciones” incluidas en la demanda fueron parte del fallo de primera instancia. Estas son, entre otras, que las partes que suscribieron el acuerdo del 92 son distintas a la demandada de hoy, que la Fundación no fue formada según los requisitos que manda la ley y, por lo tanto, “no existe” y tampoco considera que el Código Civil consigna que existen “herederos forzosos”, en este caso, la viuda y su hijo y que solo una parte de la herencia puede ser de libre disposición.

De cualquier manera, se espera que apenas se resuelva el recurso, en el que la Fiscalía de la Corte de Apelaciones debe pronunciarse, comiencen los alegatos y estos constituyan un enérgico despliegue de conocimiento jurídico. Por lo demás, el dinero en juego no es poco.

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