Se le acusa de ser el líder de la organización que defraudó al Estado en cerca de $27 mil millones
Flavio Echeverría Cortés no ha perdido ninguno de los beneficios que le corresponden como general retirado. Junto con el sueldo se le tramita una indemnización por casi 115 millones de pesos y una pensión mensual por sobre $3 millones. Los parlamentarios que integran la comisión investigadora propondrán que los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en hechos delictuales sean degradados.
El 19 de marzo de este año, el general de Carabineros y jefe de Finanzas de la institución, Flavio Echeverría, fue formalizado por el fiscal Eugenio Campos, que investiga el fraude al interior de la policía uniformada que –según el cálculo más reciente– supera los 27 mil millones de pesos, presuntamente defraudados por un grupo de oficiales rotulados ahora como “la mafia de la Intendencia” y del que, a juicio de la Fiscalía, Echeverría era el líder, como jefe en la jerarquía criminal. Paralelamente, según se reveló la semana pasada, tres generales declararon ante la justicia que Echeverría les habría “mentido” cuando surgieron los primeros indicios del desfalco, diciendo que se trataba de un error informático que estaba en camino de arreglarse.
Pero, según los cálculos a partir de su testimonio publicado en La Tercera, el desfalco en su caso alcanzaría a los $420 millones, por los que arriesgaría una pena de entre 10 y 15 años de cárcel.
Mientras dura la indagatoria, Echeverría se encuentra en prisión preventiva. Aunque no todo es tan malo. Junto a otros nueve oficiales, cumple la reclusión en una comisaría adaptada, conocida como Pudahuel norte, donde está en una celda solo, tiene prohibidos los teléfonos, aunque le incautaron uno en mayo, y cuenta con acceso a la prensa impresa.
Aunque se ha sostenido que Echeverría se encontraría en una especie de “baja temporal”, lo cierto es que hasta la fecha Carabineros no lo ha separado de sus filas a través de conducto disciplinario alguno, sino que a través del conducto regular para oficiales que han permanecido en la institución más de 30 años, y con una hoja de vida impecable.
En los hechos, a Echeverría se le aceptó su renuncia y pasó a retiro el 6 de marzo. Sin embargo, y pese a que ya no trabaja para la institución y en términos concretos está preso, el líder de la mafia en Carabineros recibe sagradamente todos los meses su sueldo en calidad de general de la República.
Este monto corresponde a 3,9 millones de pesos mensuales brutos. Paralelamente, le corresponde una indemnización por años de servicio correspondiente a 30 meses de sueldo, equivalentes a $117 millones de pesos, más una pensión mensual de 3,5 millones correspondientes a su jubilación como afiliado a la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca).
Estos cálculos corresponden a la estimación promedio de lo que recibe un oficial de su rango, porque oficialmente su retiro, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha concretado.
Para que eso ocurra, el proceso incluye un decreto del Ministerio del Interior que establece su retiro, luego la toma de razón de este acto administrativo por parte de la Contraloría y posteriormente los antecedentes recién llegan a Dipreca. Durante todo ese papeleo, a Echevarría le mantienen su sueldo y su estatus de general.
Desde la Subsecretaría del Interior, afirman que el decreto que da curso al retiro cumplió con el proceso que habitualmente se hace cuando se trata de un oficial con “nombramiento supremo”, como es este caso.
En el expediente de retiro de Echeverría, cabe destacar que el oficial en rigor no fue dado de baja y se acogió a retiro a comienzos de marzo, poco antes de ser formalizado. De esta manera, en la Subsecretaría del Interior confirman que los antecedentes hicieron el recorrido a partir del 29 de junio, desde la División de Carabineros del Ministerio del Interior a la citada subsecretaría, específicamente a la División Jurídica, donde se hicieron eventuales correcciones. Luego, retornó a la Subsecretaría de Interior, desde donde pasó para la firma de la Presidenta. Con este trámite realizado, el decreto se fue a Contraloría el pasado 10 de agosto para que el organismo que fiscaliza los actos administrativos “tome razón”.
Es después de esta última instancia que el expediente va a Dipreca, donde se calcula el monto de la indemnización y la pensión.
El abogado de Flavio Echeverría, José Luis Andrés, afirma que no hay nada ilegal en el hecho de que su cliente reciba su sueldo o la pensión que le corresponde. “No hay nada irregular. El decreto tendrá su tramitación y cualquier sanción en este caso será a partir de una eventual sentencia condenatoria, cosa que todavía no ocurre”, sostiene.
[cita tipo=»destaque»]El diputado del PS Leonardo Soto dice que «las pensiones a personal de Carabineros y las Fuerzas Armadas, deben ser entregadas con apego a la ley. Pero tenemos que establecer una diferencia entre quienes terminan su carrera de manera intachable y quienes usan el uniforme para cometer actos delictuales o que afectan la integridad de la institución, como en este caso». Soto propone establecer una «degradación» para quienes cometen actos delictuales en el ejercicio de sus funciones.[/cita]
Al interior de Carabineros explican que el sueldo se le sigue pagando, ya que se entiende que, mientras dura el proceso de tramitación del decreto, el general sigue a disposición de la institución, lo que en términos concretos es un privilegio y a la vez una prevención, en el caso de que el decreto sea rechazado y el oficial retirado deba ponerse de nuevo el uniforme.
Altas fuentes de Carabineros afirman, en todo caso, que se está examinando su situación, para cambiarle el retiro por una salida disciplinaria. En cualquier caso, en ninguno de los caminos Echeverría pierde sus beneficios, incluso si resulta condenado por el mayor fraude de la historia.
Paralelamente, en la comisión que investiga el fraude en la Cámara de Diputados, admiten que la situación de que Echeverría siga recibiendo un sueldo, aunque es perfectamente legal, debería cambiar.
El diputado del PS Leonardo Soto dice que «las pensiones a personal de Carabineros y las Fuerzas Armadas, deben ser entregadas con apego a la ley. Pero tenemos que establecer una diferencia entre quienes terminan su carrera de manera intachable y quienes usan el uniforme para cometer actos delictuales o que afectan la integridad de la institución, como en este caso».
Soto propone establecer una «degradación» para quienes cometen actos delictuales en el ejercicio de sus funciones.
«Así como se asciende a quienes realizan acciones heroicas o quedan seriamente lesionados en actos de servicio, debe ocurrir lo mismo a la inversa: establecer sanciones para quienes cometan delitos en el ejercicio de sus funciones», puntualiza.
El parlamentario afirma que la comisión está cerca de establecer sus conclusiones y además incluirá propuestas de ley como reactivar el proyecto para degradar a militares y Carabineros que cometan delitos, que en principio estaba pensado para efectivos involucrados en violaciones a los derechos humanos, pero que esperan se haga extensivo para personas como las del caso de Flavio Echeverría y los oficiales involucrados en el fraude.
Por su parte, el abogado Hugo Gutiérrez estima que debe buscarse una «solución administrativa para evitar ese pago. En este caso, Echeverría además afectó seriamente la fe pública y la idoneidad de la institución. No hay nada que justifique el pago de una pensión tan abultada hasta el día de su muerte. Es impresentable que el mismo fisco, al que afectó tan seriamente, sea el mismo que le pague de vuelta», apunta.
