Documento dice que fue «imposible» determinar su destino y aplicar sanciones
El recién asumido jefe de la institución castrense, Ricardo Martínez Menanteau, puso su rúbrica en el dossier, fechado 3 de junio de 2016, en su calidad de jefe del Estado Mayor General. En éste, se establece que las autoridades de la Dirección de Inteligencia (DINE) incumplieron «la reglamentación vigente sobre el tratamiento de la documentación».
Este miércoles, la Presidenta Michelle Bachelet designó al general de división Ricardo Martínez Menanteau como nuevo comandante en jefe del Ejército del país.
A menos de 24 horas de su nombramiento, se dio a conocer un documento donde está estampada su firma y que está relacionado con la investigación que hizo la institución castrense sobre la quema de archivos en microfilm que manejaba la Central Nacional de Información (CNI) entre los años 1980 y 1982.
«Como resultado de los hechos investigados, se concuerda con lo dictaminado en la Investigación Sumaria Administrativa, en el sentido de que se puede confirmar y acreditar con certeza la inexistencia de información de inteligencia y contrainteligencia archivada entre los años 1980 y 1982», concluye el dossier que tiene por fecha el 3 de junio de 2016.
Entonces, Martínez se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General del Ejército.
Según una investigación periodística de ADN Radio, el informe de carácter reservado estableció que las autoridades de la Dirección de Inteligencia (DINE) de la época incumplieron «la reglamentación vigente sobre el tratamiento de la documentación».
«Resulta absolutamente antirreglamentaria la inexistencia de información de inteligencia y contrainteligencia anteriores al año 2001, siendo reprochable y objeto de sanciones la destrucción sin la confección de la correspondiente acta de incineración», indica.
Acota que a partir de las declaraciones recogidas, los archivos «de la Central Nacional de Informaciones no contenía materias de operaciones de inteligencia y que, encontrándose microfilmada, fue incinerada sin la confección de actas de incineración».
De igual modo, sentencia que «se incumplieron las disposiciones reglamentarias referidas al manejo, archivo y destino de la documentación de inteligencia, sin que se vislumbre la razón o motivos para ello, sumado a lo anterior la existencia de disposiciones orales o escritas sobre la materia. No ha sido factible determinar su destino en razón de la inexistencia de pruebas físicas que permitan sostener su existencia, lo anterior demostrado por la documentación solicitada a DINE y las correspondientes declaraciones testimoniales que avalan dicha documentación».
Finalmente, remata: «Se confirma oficialmente la inexistencia de archivos correspondientes a los años 1980-1982, así como una carpeta investigativa referida al ex Presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva».
Esto, a partir de la solicitud, ingresada a través de Transparencia, que apuntaba a acceder a la «copia de todas las actas de incineración y/o actas de destrucción de documentos emitidas por cualquier departamento/dirección/unidad del Ejército de Chile, entre el 5 de octubre de 1988 y el 11 de marzo de 1994».
En esa línea, el informe afirma que no fue posible establecer cómo los documentos se perdieron, «ello en razón a que no existen pruebas físicas de su existencia y de haber existido, no se ha podido determinar su lugar de archivo, eventual microfilmación, personas que intervinieron en ello, circunstancias y pormenores de su confección, catalogación, archivo y destrucción».
«No resulta factible determinar responsabilidades administrativas respecto del manejo de la documentación pasiva de DINE, ya que se desconoce la existencia real y efectiva de la documentación que conforma la respectiva investigación. En ese sentido, los antecedentes de más antigua data corresponden al mes de abril del año 2001, encontrándose total y absolutamente extinguida cualquier responsabilidad por prescripción de la acción administrativa. Cualquier sanción disciplinaria (…) e incluso la responsabilidad penal por la eventual ocurrencia de un crimen o simple delito (…) resultaría imposible de aplicar, ya que los responsables de la custodia, catalogación, archivo e incineración de la documentación, se encuentran en su totalidad en situación de retiro de la institución y resulta de público conocimiento institucional el fallecimiento de varios de ellos», declara.
«Por ello, sin perjuicio del evidente reproche ético y moral que pueden merecernos la ocurrencia de estos hechos, los que obviamente contravienen a la Doctrina Institucional en lo más profundo de su ser, no es posible llegar a otra conclusión que la ya mencionada», concluye.
