El desastre institucional en Carabineros: un golpe frontal a la imagen corporativa del país

El desastre institucional que para Chile resulta del desfalco en Carabineros no ha sido aún evaluado en su real dimensión por la elite del país. Ella exhibe una convicción –ingenua y liviana– de que lo ocurrido puede ser solucionado con una selección rigurosa del mando, en la cual un nuevo general director, con un cuerpo depurado de oficiales, bien seleccionados por el poder civil, serán capaces de llevar adelante el necesario proceso de saneamiento profundo de la institución. No se logra apreciar los impactos que tiene y tendrá en todo el sistema económico y social del país la actual crisis de Carabineros.

Si bien la reconstitución del mando es indispensable, lamentablemente no bastará. Se requiere de un esfuerzo superior para, en el menor tiempo posible y que seguramente no será corto, normalizar un funcionamiento a un nivel estable, probo y confiable. Y para impedir asedios externos a la institución, incluidos los del crimen organizado, que aumenten los riesgos.

Todo ello porque, junto al hecho claro de descomposición y derivación hacia crimen organizado de la propia institución, la omisión de gestión de la crisis por parte del Gobierno que termina, rayana en un notable abandono de deberes, evidencia la incompetencia del poder civil en la materia, y por qué la crisis ha pasado a ser un golpe serio a la imagen corporativa del país y sus instituciones, incluidas las económicas.

Ningún analista financiero sensato, por ejemplo, al mirar el clima de inversiones, la transparencia o estabilidad institucional del país, pasará por alto la existencia de una policía corrupta a nivel de sus más altos mandos. Aunque no lo mencione directamente en su evaluación de riesgo país, tendrá el dato disponible en su escritorio y lo referirá en sus análisis aunque sea de manera indirecta.

[cita tipo=»destaque»]Para empeorar las cosas, en medio de la crisis, el Gobierno se vio envuelto en una investigación criminal sobre uno de los temas más críticos de la agenda de seguridad del país, el tema mapuche. En él, Carabineros –según antecedentes del Ministerio Público– habría manipulado pruebas para obtener resultados positivos en un caso, lesionando el procedimiento penal y el debido proceso, los derechos de los imputados y la fe pública en general. Estos dos hechos, que directamente no se relacionan, sí expresan un hilo conductor de descontrol en el liderazgo institucional de Carabineros, que con métodos inusuales buscaría mejorar la deteriorada imagen de la institución, y también en el mando político civil incapaz de controlarlos. Y peor aún, exporta la tensión interna de la policía hacia otros ámbitos del sistema de seguridad.[/cita]

De tal manera que la fe pública del país ha quedado bajo observación porque se trata del primer muro de contención en materia de seguridad, y porque, además, las autoridades, en vez de enfrentar de manera decidida y con la ayuda de terceros imparciales las investigaciones del delito organizado por parte del alto mando de Carabineros, permitieron que fuera la propia institución la que tratara el tema como algo administrativo e interno, y ni siquiera exigieron la responsabilidad del mando ante los hechos. El clima generado entre el mando institucional y el poder civil responsable sobre aquel, es simplemente un bochorno para todos, y en especial para la democracia que el país pretende ser.

Para empeorar las cosas, en medio de la crisis, el Gobierno se vio envuelto en una investigación criminal sobre uno de los temas más críticos de la agenda de seguridad del país, el tema mapuche. En él, Carabineros –según antecedentes del Ministerio Público– habría manipulado pruebas para obtener resultados positivos en un caso, lesionando el procedimiento penal y el debido proceso, los derechos de los imputados y la fe pública en general.

Estos dos hechos, que directamente no se relacionan, sí expresan un hilo conductor de descontrol en el liderazgo institucional de Carabineros, que con métodos inusuales buscaría mejorar la deteriorada imagen de la institución, y también en el mando político civil incapaz de controlarlos. Y peor aún, exporta la tensión interna de la policía hacia otros ámbitos del sistema de seguridad.

La chapucería ha llegado a tanto, que Carabineros, sin autorización gubernamental –que se conozca–, solicitó un peritaje al FBI, la policía federal de Estados Unidos, para intentar demostrar que no había manipulación de pruebas y que lo hecho por el Ministerio Público era falso o erróneo. Es decir, exportó –a vista y paciencia de unas irresponsables autoridades civiles– un tema de seguridad y soberanía nacional a la opinión y juicio de instituciones de un Gobierno extranjero.

El sistema de investigación penal y el funcionamiento policial enfrentan un impasse serio, tanto por los problemas internos de las instituciones como por las diferencias de criterio en la evaluación y tratamiento de los sistemas periciales y de prueba, lo que produce la sensación de crisis y paralización.

La seguridad es un bien público perfecto y, por lo tanto, cuando se deteriora la plataforma institucional para gestionar la seguridad, el riesgo es colectivo e igual para todos. El impacto, por lo tanto, es muy amplio y complejo, ya que abarca aspectos que son muy difíciles de medir. Pero, además, en la eventualidad de que una policía se vuelva corrupta en sus procedimientos bajo la forma de crimen organizado –que es lo que ha ocurrido en Chile– la pérdida de confianza (tremendamente difícil de calcular) es enorme y el daño se multiplica, por el alcance que tiene.

Pero la duda que surge potente de todo esto es esta: ¿cuál es el grado real de vulnerabilidad de un país en el cual sus policías o parte de su sistema de cumplimiento de la ley (law enforcement) queda en descontrol o se hace corrupto?

¿Hasta dónde llega el impacto del hecho?

No es necesario especular mucho para darse cuenta que la corrupción policial ya llegó a Chile; lo que hasta hace un tiempo era solo un riesgo, ya ocurrió. Los problemas a enfrentar ahora –parece ser la urgencia– son evaluar y controlar la vulnerabilidad que ello le ha producido al país, y desarrollar un conjunto de acciones que reconstruyan o refunden (¿por qué no?) Carabineros de Chile. Lo único que no puede ocurrir es que reciban un absurdo mandato de autorreformarse.