Migraciones: la ausencia de una política integral y el aluvión de problemas

Chile dejó dormir durante una década los procesos migratorios hacia el país, hasta que se transformaron en un problema de carácter aluvional, que preocupa y ocupa la agenda cotidiana de todos los sectores y servicios: desde extranjería y seguridad interior hasta salud, educación, vivienda y trabajo. Lo último del fenómeno es que, a raíz de la precariedad laboral de miles de inmigrantes, quienes se vuelcan al comercio informal para subsistir, el problema también es de orden público municipal, con todo lo que ello significa.

Es evidente la necesidad de contar con una ley matriz de migraciones que abarque de manera integral el tema del estatus jurídico de las personas extranjeras asentadas o que ingresan al país y que, en lo esencial, derive sus aspectos más cruciales a normas sectoriales complementarias que articulen un sistema migratorio nacional. Una nueva ley de migración podrá indicar de manera gruesa los aspectos de vivienda, educación y salud, entre otros, derivados de la condición de migrante, pero es obvio que su objetivo central es una regulación del estatus legal de las personas que ingresan, requisitos para ingresar y derechos y obligaciones que tienen los inmigrantes.

Por ello, el tema no es solo una nueva Ley de Migraciones, sino un sistema jurídico migratorio que garantice un trato digno y seguro sobre el estatus migratorio y requisitos para ello (nueva Ley de Migraciones), y una red de derechos, obligaciones y oportunidades que se despliegan en las regulaciones respectivas de los servicios públicos directamente involucrados, por ejemplo, salud y educación.

Naturalmente, una red sistémica de carácter jurídico y de servicios lleva tiempo, precisa de ritmo y acuerdos parlamentarios, además de planificación y recursos para hacer atención práctica y realizar, al mismo tiempo, la consolidación normativa. Ello ocurre mientras a nivel de calle el problema aumenta por las sucesivas olas de inmigración. Por lo mismo, resulta indispensable distinguir entre lo inmediato y el próximo sistema migratorio, para adoptar desde ya una serie de medidas  muy parecidas a la creación de una ventanilla única pública para encauzar y/o solucionar,  de forma digna, los problemas más urgentes.

[cita tipo=»destaque»]Para un Estado democrático, el tema no es un problema ideológico sino un tema de control promedio de la normalidad social. La antropología cultural de la vieja migración de los siglos XIX y XX ya no se da. Lo que viene se parecerá más a la hibridez clasemediera de la sociedad futura, mezcla de miles de influencias y principio de mutación acerca de lo que entendemos por lo nacional y el orden público de un país. La clave de gobernabilidad, además, no es puro Estado sino más sociedad en red apoyada en la autoridad pública.[/cita]

Lo primero es sacar el tema y la gestión de sus diversos aspectos de las calles, y ponerlo al amparo de instituciones, públicas o privadas, empoderadas por la autoridad para hacer empadronamientos, elaborar fichas y recopilar información relevante y necesaria para la adopción de decisiones en política pública migratoria. Dependiendo el origen nacional y el nivel educacional y económico de los migrantes, es posible advertir hoy diversas situaciones pero, en su mayoría, son de carácter muy similar, en cuanto a aglomeraciones callejeras frente a legaciones diplomáticas, largas colas en la calle para los servicios de extranjería y, en general, un proceso muy falto en condiciones de dignidad para las personas.

El problema es que tal situación es, la mayoría de las veces, el punto de inicio legal del proceso migratorio. Ello se presta tanto para la precarización material del sector o barrio en el que están ubicadas las instalaciones a las que se concurre, como para la intrusión de mafias y sistemas de abuso o exacción, aprovechando el desconcierto, la falta de información o la precariedad de la situación.

Un segundo aspecto fundamental es detener de manera tajante el carácter aluvional de situaciones migratorias (corredores terrestres de inmigración o ingreso de chárter aéreos con inmigrantes, por ejemplo), que no son conocidas por las autoridades o respecto de las cuales estas hacen la vista gorda. Son situaciones al límite de lo legal o, derechamente, en algunos casos, se trata de tráfico de personas.

Chile mantuvo unidades militares por más de 16 años en Haití, y desarrolló un grado de involucramiento en la normalización de ese país que llevó, incluso, en el terreno personal, a muchos militares a adoptar familia en la isla. No existe ninguna razón para pensar que en las apreciaciones de inteligencia militar no se haya advertido la incidencia que nuestra presencia tendría en materia migratoria de ciudadanos haitianos a Chile. Haití no vive una situación de guerra sino de crisis humanitaria, con colapso total de la economía, el sistema político y el Estado, y el orden público. Y los migrantes que toman un avión no son los desplazados más desprotegidos de la sociedad. Los más desprotegidos se mueven entre alambradas en una frontera terrestre o se ahogan en el mar.

Por lo mismo, el nivel de organización para transportar migrantes o la composición de los mismos (independientemente de las dificultades del idioma) no son temas que puedan ser atendidos como un problema salvaje de frontera, sino algo urgente que requiere dignidad, pero también decisión y voluntad política. No es atentatorio para los derechos humanos no permitir el ingreso de un chárter de inmigrantes, ya que seguramente este tiene el carácter de un negocio de una empresa instalada confortablemente en Miami. Tampoco lo es reducir drásticamente la brecha de holgura que tiene hoy pasar de turista a migrante laboral en Chile.

Todo el sistema transitorio, que requiere creación de mecanismos eficaces y también de confianza, puede articularse con una red público-privada de la que formen parte las autoridades públicas y la red de organizaciones sociales que se mueven en el tema migratorio, incluidas las ONG y las iglesias, con participación consultiva de las asociaciones de inmigrantes, y bajo supervisión y control del Estado. Acnur sería un buen punto de apoyo para elaborar  los mecanismos y sistemas de esta red, la que debiera implementar unas cuatro sedes territoriales en Santiago y otras tantas en las principales  ciudades del país, con el objeto de sacar el tema de la calle y ponerlo en curso de regularización.

La Nueva Ley de Migraciones será efectivamente el eje, pero también, en gran medida, el resultado de una acción mancomunada que vaya nutriéndose de la experiencia cotidiana de administrar hoy un tema que está en la calle, y sometido a los rigores de la informalidad y las presiones de la ilegalidad. Parte del problema es poner control y evitar que se haga tráfico de personas, se cometan delitos aprovechando la indefensión de los migrantes, o estos se conviertan en un pivote de actos delictivos contra la seguridad.

Además de establecer las categorías migratorias y el vínculo sistémico entre ellas, la Nueva Ley debe resolver problemas de institucionalidad, aspectos penales y de cooperación policial con otros países, de judicialización en materias de policía local y de arrendamiento, derivaciones a los ámbitos de educación y salud, regulaciones laborales especiales en materia de migrantes, y delitos o agravantes por condición migratoria (declaraciones ilegales, contratos de trabajo falsos, abusos laborales, etc.).

Para un Estado democrático, el tema no es un problema ideológico sino un tema de control promedio de la normalidad social. La antropología cultural de la vieja migración de los siglos XIX y XX ya no se da. Lo que viene se parecerá más a la hibridez clasemediera de la sociedad futura, mezcla de miles de influencias y principio de mutación acerca de lo que entendemos por lo nacional y el orden público de un país. La clave de gobernabilidad, además, no es puro Estado sino más sociedad en red apoyada en la autoridad pública.