El plan de traslado de los reos de Punta Peuco que nunca se concretó

En octubre de 2017 Gendarmería envió al Ministerio de Justicia el último documento para coordinar el traslado de los presos de Punta Peuco, quienes cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos, hacia penales comunes.

Por medio de la Ley de Transparencia, La Tercera PM tuvo acceso a los documentos que dan cuenta que 5 meses antes de que Michelle Bachelet, en sus últimas horas de Gobierno, intentara concretar el cierre del penal, ya estaba todo listo para que los presos fuesen llevados a otros recintos penitenciarios.

Los archivos contenían información referente a los recintos de reclusión de destino y, también, advertían los riesgos del procedimiento, que incluían repercusiones a la salud mental.

«Las personas de tercera edad que son cambiadas de hábitat tienden a presentar desorientación, aumento de ansiedad, de angustia, miedos, entre otras emociones que dificultan su adaptación al nuevo escenario”, y se plantea que están latentes “posibles intentos de suicidios», detalla un informe de la Unidad Operativa de Gendarmería del 12 de octubre de 2017.

El documento señala, incluso, la posibilidad de suicidio: «Conjuntamente a lo anterior, internos podrían percibir el cambio de recinto penal como una ‘afrenta’ y atentar contra su vida como una forma de evitar la ‘deshonra’ de estar en una unidad penal ‘común’. Caso: Odlanier Mena”. Sobre este punto, se postula la necesidad de “contención psicológica en una primera etapa».

Otro documento informaba que en Punta Peuco la población penal era de 127 reclusos, 126 de ellos condenados por delitos contra los derechos humanos y con un promedio de edad de 71 años. En su mayoría, padecen enfermedades crónicas y mentales, por lo que predominaba un alto riesgo de salud.

Finalmente, el traslado de los reos hacia otros penales no se concretó ya que lo orden superior de ejecutar el pla nunca llegó.