PAÍS
Preocupación, inquietud y rabia. Ese es el ambiente que respiran los apoderados del emblemático Colegio San Ignacio Alonso Ovalle. ¿La razón? No se ha informado -según dicen ex alumnos de la institución- acerca de los protocolos y medidas para asegurar la protección de los alumnos y que los sancionados efectivamente no tengan contacto con niños, niñas y adolescentes. «Siento que llevo a mi hijo a la boca del lobo», manifestó una apoderada.
Hace cinco días, la Compañía de Jesús informó que otros dos sacerdotes fueron sancionados por estar involucrados en delitos de abuso sexual. El anuncio causó especial preocupación en muchas familias del emblemático colegio San Ignacio de Alonso Ovalle, porque la residencia donde fueron destinados los religiosos se encuentra contigua al edificio del colegio y está conectada, interiormente, con espacios por donde circulan los estudiantes cotidianamente.
La inquietud de la comunidad ignaciana también radica en que no se ha informado acerca de los protocolos y medidas para asegurar la protección de los alumnos y que los sancionados no tengan contacto con niños, niñas y adolescentes. De hecho, el sábado pasado, en el colegio, hubo una tallarinata solidaria anual, que organiza el centro de padres, donde los curas fueron tema obligado de conversación y no hubo quien no manifestara su preocupación.
«Nos produce una profunda tristeza y decepción ver que la residencia San Ignacio, con toda su historia de espiritualidad y en la cual vivió San Alberto Hurtado, se haya convertido en un lugar que acoge sancionados, justo al lado del primer colegio de la Compañía de Jesús en Chile», señalaron, a través de un comunicado, la asociación de ex alumnos del colegio.
Por esta razón, los ex alumnos solicitaron a la Compañía de Jesús disponer de otros espacios físicos, que sean efectivamente sancionatorios «y que traslade inmediatamente a los actuales sancionados, pensando siempre en la protección de miles de estudiantes que conforman la red ignaciana y los cientos de alumnos que día a día asisten al Colegio San Ignacio».
«Si bien es efectivo el esfuerzo para abordar con firmeza y voluntad las situaciones de abusos dentro de la Compañía de Jesús, lo que esperamos sea imitado en otras órdenes religiosas, este empuje de transparencia y limpieza debe ir acompañada de medidas efectivas y respetando a quienes conforman la comunidad educativa ignaciana», agregaron.
En respuesta, la dirección del colegio aseguró que se están preocupando del tema y que han intentado implementar protocolos para cuidar a los jóvenes. Además, afirmaron que «el Colegio San Ignacio y la Residencia son dos espacios apostólicos distintos uno del otro, con administraciones independientes y con lugares claramente delimitados para uso del Colegio respecto de la Residencia».
En ese sentido, precisaron que «los religiosos que viven en la Residencia San Ignacio tienen criterios y normas respecto de la relación con la comunidad escolar de nuestro Colegio: ellos circulan a través de la Residencia; salen y entran a ella por los accesos propios, salvo los jesuitas que trabajan en el Colegio. Además, las personas con sanción eclesiástica deben cumplir protocolos estrictos que los inhabilitan para tener cualquier contacto con el Colegio».
«El acceso a estos lugares está permanentemente cerrado y se abre solamente para el uso específico de las actividades programa das en dichos lugares coordinada e informada previamente entre los responsables de la Residencia y del Colegio», finalizaron.
No obstante, una apoderada del colegio, que pidió mantener su identidad en reserva, afirmó a El Mostrador que efectivamente «hay espacios comunes, que están solo separados por puertas y, según mi hijo, a veces solo por ventanales. Además, a los niños los llevan a paseos a esos lugares a ver la pieza del padre Hurtado y los sacerdotes circulan por ahí. Llevo a mi hijo a la boca del lobo. Los papás quieren que se los saque de al lado de sus hijos».
Por último, cabe recordar que esta no es la primera vez que religiosos sancionados por delitos de abuso sexual son recluidos en la residencia del San Ignacio. De hecho Juan Miguel Leturia, condenado canónicamente, falleció en este lugar el 2011
