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PAÍS

Los casos de abuso que hicieron crujir a la diócesis de Temuco

por 18 junio, 2018

Los casos de abuso que hicieron crujir a la diócesis de Temuco
En una entrevista radial hace algunos días, el obispo de Temuco, Héctor Vargas, negó que en su diócesis existiera “un manto de protección” para sacerdotes acusados por abusos. Sin embargo, hay víctimas que aseguran que se han quedado solas y que el traslado y el ocultamiento de religiosos son efectivos. “Simplemente lo que ha hecho es meter la basura bajo la alfombra”, dice una denunciante que tuvo un hijo con un sacerdote y aún espera pensión alimenticia para el niño de 12 años.
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En una casona azul de tres pisos, en calle Compañía en Santiago, vive Pablo Isler. El sacerdote que antes residía en Temuco ocupa uno de los dormitorios, contesta el teléfono y es uno de los encargados de llevar adelante el proyecto que allí funciona: el servicio Evangelización 2000, una fundación creada –según se lee en la misma página– como “respuesta al llamado del Santo Padre Juan Pablo II, para lograr un mayor ardor, buscando nuevos métodos y alcanzar una nueva expresión para la Nueva Evangelización de la Iglesia”.

En la casona se hacen talleres básicos de “kerygma y primer anuncio, formación de discípulos, evangelización y misión”. Además, “talleres de  misioneros parroquiales, formación de líderes, historia de la salvación, apologética, retiros y encuentros de oración”. Pero no solo eso. La organización no gubernamental recibe numerosos aportes de fieles que apuestan por la evangelización, dineros que son recibidos como aportes por el sacerdote.

Sería un móvil espiritual de recaudación perfecto si no fuera por el hecho de que el director de la ONG –Isler– está suspendido del ejercicio sacerdotal para siempre. El diocesano, que también fue vicario episcopal de Illapel y era sacerdote de Temuco, después de finalizado un proceso canónico por abusos sexuales a menores, recibió desde Roma una sanción clara: la suspensión. No puede ejercer públicamente el ministerio ni hacer misas, no puede acercarse a niños, menos tener una fundación en nombre de la Iglesia. Esto a perpetuidad.

Este caso, que se ha mantenido en reserva por parte de la Iglesia, es uno de los que guardan las paredes de la diócesis de Temuco y, aunque al ser consultado hace unas semanas acerca del silencio, el obispo respondió que este se debía a la necesidad de mantener “protección para las víctimas”, Gema no cree en ese argumento: “Simplemente lo que ha hecho es meter la basura bajo la alfombra. No ha amparado para nada a las víctimas. Lo único que hemos recibido de parte de las víctimas, fueron 400 mil pesos para la atención sicológica de mi hijo y, ahora, que volvió a pasar 300 mil pesos para que se pagara una deuda de la cual Darío no se había hecho cargo, pero él nunca ha dicho o hecho algo para que esta situación llegue a buen puerto. Él no se ha puesto en el lugar de mi hijo y lo único que ha hecho es tratar que Darío esté fuera de Temuco y que nadie lo pueda ubicar”, asegura Gema.

“Sin embargo, este tipo de personas, amparadas durante mucho tiempo por el obispo Héctor Vargas, siempre se sintieron con la libertad de hacer lo que quisieran”, manifiesta una fuente que conoce la realidad de la diócesis de Temuco y los casos de abusos sexuales que por años Vargas quiso mantener alejados de la opinión púbica.

Hace una semana, El Mostrador publicó “La doble moral del obispo Vargas”, una nota que se refería no solo al no cumplimiento del celibato del obispo, sino también a los casos de abusos, que Vargas reconoció, pero respecto de los cuales negó que existieran “redes de protección  o un manto de encubrimiento”. Sin embargo, para algunos denunciantes, el caso de Isler es solo un ejemplo de lo contrario.

Pese a que desde el obispado temuquense señalan que nadie estaba al tanto de la fundación que lleva adelante Pablo Isler, la ONG es promovida desde la página Iglesia.cl de la Conferencia Episcopal como parte de los “movimientos” católicos.

La Fundación Evangelización 2000 funciona en calle Compañía a cargo del sacerdote Pablo Isler, pese a que le está prohibido ejercer el ministerio sacerdotal de por vida.

Isler no tiene problemas en contestar y defender su labor.

-¿Por qué si fue sancionado, tiene restricción a perpetuidad de ejercer el ministerio sacerdotal, usted lidera una fundación de la Iglesia católica?
-Mire, bueno, en todo caso la sanción es efectiva pero tiene ciertos matices. Yo presenté mi renuncia en Roma a esta fundación y no me la aceptaron… pero a la cabeza de la fundación puede estar cualquier persona. No hay incompatibilidad.

-Pero usted se anuncia como un representante de la Iglesia y además celebra misas y está imposibilitado para eso.
-La razón de la sanción está en estudio, no es algo definitivo.

-No es lo que dicen en el obispado de Talca. Ellos señalan que está sancionado desde Roma.
-Pero no es una cosa tan definitiva… se puede apelar. En todo caso sobre esta fundación… Yo sigo siendo como cualquier católico, una persona más.

-¿Y qué le dice el obispo Vargas respecto a liderar esta fundación?
-Él sabe que estoy a cargo, pero en realidad nunca hemos tocado el punto.

Pensión alimenticia

El año 2015, Darío Fuentes Cifuentes fue suspendido de sus funciones por parte de la diócesis San José de Temuco. El sacerdote de la Parroquia la Anunciación del Señor, recibió la sanción –que es temporal hasta que la investigación termine– después que se descubrió que tuvo una pareja y un hijo, que ahora tiene 12 años.

Su entonces pareja se dio cuenta de que nunca había dejado el sacerdocio como le dijo y desde entonces sigue una batalla legal para conseguir una pensión alimenticia.

Gema –un nombre ficticio, porque prefiere el anonimato para no poner en riesgo su trabajo– cuenta que el camino por mantener a su hijo ha sido duro, sobre todo por la “red de protección que ha tenido el sacerdote”.

“Esta relación comenzó hace trece años y supuestamente él no era sacerdote y duró tres años, hasta que yo me di cuenta de que no solo seguía siendo párroco, sino que también tenía otra relación paralela y así terminó, después de tres años”, cuenta Gema, quien aún espera que el sacerdote se haga cargo del deber económico que le corresponde como padre.

Sin embargo, su dolor no es solo por sus apariciones intermitentes en la vida del niño, sino también por la violencia física que ejerció en su contra, hecho que denunció ante la justicia.

El año 2015, Darío Fuentes Cifuentes fue suspendido de sus funciones por parte de la diócesis San José de Temuco. Su pareja de entonces ha librado una batalla para poder conseguir pensión alimenticia para el hijo de ambos, de 12 años.

“Un día, revisando las cosas que dejó en mi casa, en unas cajas encontré facturas, boletas, compra venta de vehículos, depósitos de dinero a su nombre, depósitos en divisas en dólares, un montón de cosas. Fue tanto, que decidí ir al obispado de Temuco para contarles esta situación”, relata Gema. “Cuando me entrevisté con el obispo Héctor Vargas, me comentó que Darío solo le había dicho que en 2015 había pedido un permiso para estar tranquilo y tomar un tiempo y pensar, porque yo venía llegando de España con un niño y que le había confesado que era su hijo, una cosa que no era así”, detalla. Gema agrega que, al día siguiente de esta conversación, entraron a robar a su casa y se llevaron las cajas con documentación.

Dice que en la diócesis le prometieron que se le pidió a Fuentes que se hiciera cargo del niño, y que se zanjaran algunos temas económicos. “La única persona que me ha ayudado ha sido el vicario judicial, Carlos Hernández, porque en una segunda reunión con Vargas, le pedí que me ayudara a ubicarlo, al menos me ayudara a conseguir una dirección para que el tribunal pudiera hacer los trámites para conseguir pensión de alimentos, pero el obispo me preguntó que ‘qué pretendía yo, que si acaso yo creía que él podía andar cuidándome a mí’”, relata Gema.

“Cuando al obispo Vargas la justicia le ha pedido que colabore en esta situación, ni siquiera se ha hecho presente y ha intentado ocultar esta situación… Nunca ha facilitado información y yo sé que tiene contacto directo con él”, sentencia Gema.

Aunque ha sido imposible ubicar a Fuentes, hay quienes dicen que el sacerdote vive en la misma casa de calle Compañía donde funciona Evangelización 2000. "Viene seguido, pero no vive aquí, en todo caso ahora anda fuera de Chile", comenta Isler sobre Fuentes.

Este caso, que se ha mantenido en reserva por parte de la Iglesia, es uno de los que guardan las paredes de la diócesis de Temuco y, aunque al ser consultado hace unas semanas acerca del silencio, el obispo respondió que este se debía a la necesidad de mantener “protección para las víctimas”, Gema no cree en ese argumento: “Simplemente lo que ha hecho es meter la basura bajo la alfombra. No ha amparado para nada a las víctimas. Lo único que hemos recibido de parte de las víctimas, fueron 400 mil pesos para la atención sicológica de mi hijo y, ahora, que volvió a pasar 300 mil pesos para que se pagara una deuda de la cual Darío no se había hecho cargo, pero él nunca ha dicho o hecho algo para que esta situación llegue a buen puerto. Él no se ha puesto en el lugar de mi hijo y lo único que ha hecho es tratar que Darío esté fuera de Temuco y que nadie lo pueda ubicar”, asegura Gema.

Desde el obispado de Temuco, además, señalan que "no tienen intención de ocultar información" y explican que, en efecto, hay dos casos de abusos sexuales contra menores que se le imputan a Fuentes y que están siendo investigados por la diócesis actualmente.

Los otros casos

Pese a que en la entrevista de Radio Bío Bío el obispo Vargas afirmó que en la diócesis tienen la seguridad de que no existe ningún caso de vulneraciones o abusos que estén siendo ocultados, otro de los hechos que ha dejado huella en la región es el de Waldo Ignes.

En diciembre de 2013 el Ministerio Público comenzó una investigación desformalizada en contra del entonces vicario de la Parroquia de Carahue, después que un profesor notara que una joven de 17 años, del Liceo Politécnico de Pueblo Nuevo, sostenía un chat con una persona mayor.

Después de realizar un seguimiento, la PDI descubrió que quien estaba detrás de esas conversaciones era el sacerdote, a quien le incautaron un computador donde encontraron material pornográfico infantil. La justicia falló en contra de Ignes en 2015 y, mientras esperan una resolución del Vaticano, el religioso está suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal.

Se trata del mismo camino que siguió la historia del sacerdote Mardoqueo Valenzuela, quien mientras era investigado por abuso sexual de menores, vivió una de las garantías que entregaba la Iglesia católica a sus sacerdotes acusados o investigados: la derivación a otras comunas o enroques.

El año 2014, más de mil participantes de la Iglesia Cristo Rey de Laja se quejaron públicamente por las prácticas del párroco Jorge Cerda. Entre ellas, estaba la aparición del sacerdote Valenzuela en su comunidad, quien ofició misas e incluso estuvo a cargo de campamentos de menores en dos oportunidades. La comunidad estalló en ira y se lo hicieron saber.

Hace unas semanas, al ser consultado respecto a este caso por El Mostrador, el obispo Vargas no solo reconoció el hecho, sino que señaló también que, después de haberlo dejado sin el ministerio sacerdotal y haber recibido justicia canónica, pensaba que las víctimas de Valenzuela habían quedado “conformes”. “Las víctimas pidieron expresamente que por favor no trascendiera. Les pedimos que fueran a la Fiscalía y no quisieron, dijeron que confiaban en la justicia de la Iglesia”, dijo Vargas en ese momento.

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