PAÍS
La fuerza policial colombiana es una de las más letales del mundo. Especializada en la guerra contra el narcotráfico, grupos insurgentes y el terrorismo, se ha dedicado a evangelizar a distintas policías de América Latina. Tras la implementación del “Plan Colombia”, liderado y financiado por EE.UU., estos grupos intensificaron la creación de cursos para otros países, uno de los cuales fue el que tomó el GOPE.
En el marco del denominado “Plan Araucanía”, el gobierno de Sebastián Piñera envió a un grupo de 40 funcionarios del GOPE de Carabineros a formarse en técnicas de persecución terrestre a Colombia y a Estados Unidos, con el objetivo de que este grupo, denominado “Comando Jungla”, se despliegue en la Región de La Araucanía, donde se sitúa el núcleo del conflicto mapuche.
Hasta ahora, el Comando Jungla a la chilena detuvo a un sujeto por robo de madera en Collipulli y a otro por homicidio frustrado en el sector de Bajo Malleco, dos tareas que distan bastante de la formación que habrían tenido los carabineros en Colombia.
Del paso de estos 40 agentes por EE.UU. se sabe poco y nada, pero lo que sí destacó el Presidente Sebastián Piñera cuando hizo el anuncio -en plena Araucanía, con tanques, drones y agentes formados como telón de fondo- fue la instrucción de los policías en Colombia.
Los Comandos Especiales Jungla o simplemente “Jungla” son denominados como “el terror del narcotráfico” por la prensa colombiana. Son el cuerpo especial antinarcóticos, fundado en 1989, en un contexto de crisis al interior de la fuerza policial de dicho país. De origen militarizado, ya que habrían contado con el apoyo directo de agentes británicos antinarcóticos y del Servicio Aéreo Especial (SAS) del Ejército Británico. Es considerada como una de las policías “más letales” y violentas del mundo, y se ha especializado en la guerra contra el narcotráfico, el combate a grupos de resistencia como las FARC y ELZ, además de la neutralización de grupos terroristas.
«Todo esto, bajo un contexto político y social complejo, en guerra, muy distinto al chileno”, destacó Claudio Nash, coordinador académico de la cátedra de derechos humanos de la Universidad de Chile.
Su máximo apogeo despegó tras la irrupción de la fuerza estadounidense en el país cafetero, a través del Plan Colombia, firmado en 1999 por el mandatario Andrés Pastrana y su par estadounidense Bill Clinton. Este “Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado” ha financiado durante años el sistema de defensa contra el narcotráfico en Colombia, incluyendo a las fuerzas Jungla, quienes a su vez han formado a miles de agentes policiales de otros países en América Latina.
Este trabajo se ha coordinado con fuerzas como la DEA, pero también con la Agencia Nacional del Crimen de Gran Bretaña, que a partir de 2013 dirige operativos antinarcóticos en América Latina. De esta forma, su actuar estaría marcado por el rol británico en operaciones antinarcóticos, mientras que la influencia de EE.UU. estaría centrada contra grupos insurgentes.
Según la descripción oficial de las labores del grupo de Comandos Jungla, esta es una unidad de operaciones especiales de la policía nacional colombiana, que cuenta con hombres “altamente constituidos y entrenados (…) encargados de planear y ejecutar operaciones contra el narcotráfico, objetivos de alto valor, bandas criminales y organizaciones al margen de la ley”. A pesar de que este comando depende de la Policía Nacional de Colombia, su desempeño militarizado y operación bajo los márgenes de combate en guerra han sido reconocidos hasta por el presidente Juan Manuel Santos, quien recalcó que era necesario “reestructurar” sus funciones después de que se firmara la paz con las FARC.
Sus principales funciones son “preparar, planear y ejecutar las operaciones en la destrucción de laboratorios para el procesamiento de estupefacientes e insumos químicos, inhabilitación de pistas ilegales, neutralización de objetivos de alto valor y organizaciones criminales”. También “ejecutar operaciones especiales contra el narcotráfico y/o operaciones contra objetivos de alto valor, antiterrorismo y organizaciones criminales requeridas por el mando institucional”.
[cita tipo=»destaque»]“El curso básico del Comando Jungla tiene una duración de 18 semanas y las actividades de un día típico pueden incluir la conducción de asaltos para capturar objetivos de alto valor o destruir o tomar laboratorios de procesamiento, almacenes de narcóticos y reservas de sustancias químicas precursoras. Para alcanzar estos lugares remotos se requieren operaciones subrepticias y cuidadosamente planeadas, para lo cual cada miembro de la unidad lleva consigo una carga pesada de armas y herramientas durante varios kilómetros a través de agua y pantanos bajo el calor extremo de la selva colombiana”, destaca la revista colombiana Diálogo.[/cita]
Es más, cumplen labores de asesoría al poder político, ya que deben “orientar al mando institucional y efectuar operaciones de control contra objetivos de alto valor, blancos estratégicos, estructuras criminales, operaciones antinarcóticos, secuestro y extorsión liderados por unidades del nivel operativo tendientes al mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana”.
La revista colombiana “Diálogo”, especializada en el mundo militar, remarca la calidad de “elite” que tiene «Jungla», lo mismo que evidencia el segundo capitulo de “Policia Elite” de National Geographic, documental que destaca que operan bajo un estado de guerra en la selva de Colombia, centrados principalmente en el despliegue aéreo y ahora en el uso de drones, los mismos que importó el GOPE tras su paso por la escuela de los Jungla.
Otra de sus especialidades sería el seguimiento de rastros terrestres y los despliegues en formación compacta. También, se destaca el bombardeo de plantaciones de coca y amapola con glifosato en la selva colombiana.
“El curso básico del Comando Jungla tiene una duración de 18 semanas y las actividades de un día típico pueden incluir la conducción de asaltos para capturar objetivos de alto valor o destruir o tomar laboratorios de procesamiento, almacenes de narcóticos y reservas de sustancias químicas precursoras. Para alcanzar estos lugares remotos se requieren operaciones subrepticias y cuidadosamente planeadas, para lo cual cada miembro de la unidad lleva consigo una carga pesada de armas y herramientas durante varios kilómetros a través de agua y pantanos bajo el calor extremo de la selva colombiana”, resalta la revista colombiana Diálogo.
Este comando policial de élite también ha destacado a nivel internacional por su amplia oferta de paquetes de formación. Es más, dentro de sus principales tareas sobresale el “apoyar los requerimientos de otras instituciones policiales y/o militares a nivel nacional e internacional para capacitación de su personal, autorizados por la Policía Nacional”, lo que explica el alcance internacional que ha tenido su sistema de formación.
Según el informe “La vía colombiana” del Centro de Estudios Estratégicos de ANEPE en Chile, publicado en 2015, desde 1989 este comando ha entrenado a cerca de 1.600 policías de distintos países como Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Honduras, Costa Rica, Panamá, Brasil, Argentina, hasta de Afganistán y México. Pero esta lista ya incluía a Chile en dicha fecha, lo que significa que no es primera vez que la policía nacional llega hasta el país cafetero a instruirse.
Entre las principales tareas de formación que da el comando, se encuentran la “interdicción terrestre, aérea, marítima y en ríos, testimonio policial, explosivos y operaciones psicológicas”. La formación no incluye cursos de formación de inteligencia, uno de los puntos más criticados de la policía chilena. Entre sus cursos para fuerzas extranjeras destacan los de unidades pequeñas, que incluyen “apoyo a las operaciones de interdicción, asaltos en helicóptero, incautaciones y manejo de objetivos de alto valor” y el de tirador designado, que dura cerca de cinco semanas, que consiste en dar “apoyo a las operaciones de rescate, operaciones de asalto rural, infiltraciones y manejo de objetivos de alto valor, seguridad de la base y asaltos en helicóptero”.
Un punto que llama la atención al interior del mundo académico y de los DD.HH. es la incidencia militar que ha alcanzado EE.UU. en Latinoamérica a través de su apoyo a la escuela levantada por los Comandos Jungla. Ya en el año 2000, la académica Adriana Rossi, miembro del Comité Científico de Freedom y Legality and Rights in Europe, adelantaba la expansión estratégica de las fuerzas militares estadounidenses a partir del Plan Colombia en otros países estratégicos en Latinoamérica.
Según uno de sus artículos, publicado en la versión Cono Sur de Le Monde Diplomatique, la estrategia utilizada en Colombia en la década de los 90 se centró en fortalecer el rastreo aéreo -una tarea que venía siendo su marca desde la intervención británica-, pero no fue considerada suficiente. “Los narcotraficantes cambiaron sus rutas de vuelo e ingresaron a espacios aéreos de otros países. La estrategia se amplió. Actualmente los cielos de Centroamérica y del Caribe están siendo controlados por nuevos radares en funcionamiento, mientras en América del Sur se está esperando su instalación para el rastreo del espacio aéreo de Argentina, que comprende las fronteras norte y la Patagonia, al que debería seguir el de Chile”, destacó Rossi.
El objetivo de esta militarización de la lucha antidrogas habría sido otro, uno más profundo. La académica explica que mientras el mundo del narcotráfico se iba adecuando a la forma de combate que trae la militarización de la policía, expandiéndose por América Latina y constituyéndose en verdaderas guerrillas, EE.UU. avanzó en un camino que “permite implantar un control sobre el territorio latinoamericano”.
“A través de la militarización se puede llevar a cabo la tarea de ejercer una estricta vigilancia sobre amplios territorios considerados estratégicos”, destaca.
Una de las principales dudas que se abrieron tras el viaje de las fuerzas del GOPE para formarse en Colombia, fue el enfoque en materia de derechos humanos que tendría dicha formación. Para Nash, es importante destacar que la preparación y acción de los Comandos Jungla en Colombia se dan bajo un contexto de guerra contra el narcotráfico y en contra de grupos insurgentes como las FARC, “que en un momento se cruzaron en el camino”.
Un panorama muy distinto al que se vive en La Araucanía, en donde, por un lado, existen conflictos como el robo de madera, quema y atentados a camiones, por el otro está el conflicto territorial y social con el pueblo mapuche. «Un punto relevante, ya que la policía del Comando Jungla basa su operación y formación en el respeto del derecho internacional de DD.HH. bajo un contexto muy distinto al chileno”, recalcó Nash.
Además, según la publicación del centro ANEPE, las autoridades colombianas han destacado que estos grupos policiales “utilizan los mismos protocolos sobre derechos humanos empleados dentro de sus fuerzas armadas”, lo que corrobora el hecho de que funcionan como una fuerza militarizada en tiempos de guerra.
En el informe de 2015, el entonces director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, recalcó que las “fuerzas armadas colombianas han sido denunciadas por quebrantar los derechos humanos” en reiteradas ocasiones, lo que incluye 3.700 ejecuciones extrajudiciales, conocidas “como falsos positivos”, tema por el cual más de 800 miembros del ejército (activos o en retiro) han sido condenados por estos casos.
Para Nash es preocupante que se utilicen las mismas técnicas de control y enfrentamiento frente a un conflicto que no es armado, como es el caso de La Araucanía. Esto tendría que ver con la proporcionalidad de la fuerza y la legitimidad del uso de esta en contra de grupos que están en un conflicto social, no paramilitar. “Allá hay un uso de fuerza que es legítimo; se debe ver la proporcionalidad entre el uso de la fuerza legitimado y el ataque en concreto. En Chile el uso de la fuerza no está justificado. El principio de proporcionalidad opera bajo el principio de la vida del riesgo del policía”, indicó el académico.
Nash destaca que esta formación en el extranjero “es un cambio sustantivo” en la política del Estado chileno, porque «una cosa es que uno critique lo que parece una militarización, pero una cosa distinta es la formación, cuando el entrenamiento está militarizado”. Sobre ese punto agregó que “uno se hace la pregunta de para qué ir a Colombia. La especulación que uno podría hacer es decir que en Chile hay grupos armados que estarían convergiendo hacia grupos de crimen organizado. Esto significa que alguien está haciendo la lectura que el caso chileno está teniendo similitudes con el conflicto colombiano, lo que es un gran error”.
