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Víctimas de Karadima acusan "trabas" de la Iglesia católica en investigaciones de los casos de abusos

por 6 octubre, 2018

Víctimas de Karadima acusan
A través de una carta, José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz, aseguraron que la iglesia católica "se opone al derecho de las víctimas" al dificultar las diversas investigaciones que se mantienen en curso, dando como ejemplo el recurso de protección que el Obispado de Valparaíso interpuso, para paralizar el caso que señala a Ricardo Ezzati.
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José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz, víctimas de abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Karadima, acusaron hoy a la Iglesia católica de poner "trabas" a las investigaciones que realiza la Justicia chilena.

En una carta en el diario El Mercurio, los tres recordaron que esta semana el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, guardó silencio ante el fiscal que lo citó a declarar como imputado por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el excanciller de su arzobispado Óscar Muñoz.

Además, la Corte de Apelaciones de Rancagua acogió un recurso de protección que el Obispado de Valparaíso interpuso, medida que paralizó parcialmente la investigación del caso de Ezzati y Muñoz.

"Esta actitud de poner trabas para que la verdad se investigue, se opone, en primer lugar, al derecho de las víctimas a que se haga justicia", lamentaron Murillo, Hamilton y Cruz en su carta.

Los tres denunciantes de Karadima, a quien el papa Francisco retiró el estado clerical unos días atrás, afirmaron que las acciones de la Iglesia se oponen también al llamado del pontífice "a colaborar con la justicia y tener tolerancia cero con el abuso y el encubrimiento".

"Es incomprensible que, conociendo la actitud de la jerarquía de la Iglesia católica chilena, denunciada por el propio papa, de tener una cultura de abuso y encubrimiento, la Corte de Rancagua acogiera dicho recurso", sostuvieron las víctimas.

En Chile, según un catastro publicado a finales de agosto, hay abiertas 119 investigaciones en curso contra 167 personas relacionadas con la Iglesia imputadas y 178 víctimas cuantificadas, 79 de las cuales eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos denunciados.

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