La carretera que amenaza con convertir en «zona de sacrificio» a Pichidegua en la Sexta Región

“Finalmente estamos tranquilos porque el proyecto no va a resultar, el río Cachapoal no se los va a permitir”, dice el agricultor Óscar Montedónico, presidente de la Asociación de ribereños del río Cachapoal, quien ha sido la cara visible de una disputa con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) que lleva, al menos, tres años.

Como gran parte de los agricultores de la zona, Montedónico está a favor de que se construyan mejoras en el camino conocido como la “Carretera de la Fruta”, ese que abarca 142 kilómetros que van desde la ruta 5 Sur, a la altura de Pelequén, que atraviesa la zona sur de la Región Metropolitana y llega hasta el Puerto de San Antonio en la V Región. Mejorar dicha carretera aparece como la solución para mejorar el transporte de todos los productos agrícolas que se producen en la Sexta Región hasta el puerto y concretar, así, su exportación a los mercados internacionales.

Hace dos semanas, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, anunciaba con entusiasmo los cambios en las condiciones del proyecto para atraer más oferentes, ya que en febrero, cuando estaba previsto abrir los sobres con las ofertas, el proceso fue suspendido por falta de interesados. Por eso, Fontaine explicó que, entre otras cosas, bajó en $10 mil millones el patrimonio exigible a las empresas y en un 18% el costo total de la inversión requerida, de US$651 millones a US$548 millones. De este total, un 60% es subsidiado por el Estado.

El trazado actual no cambia prácticamente nada de lo propuesto en el gobierno anterior, cuando el ministerio era encabezado por Alberto Undurraga, salvo que ahora la ruta se dividió en dos tramos, el A y el B. Este segundo tramo, es el que está más cerca de San Antonio y tiene la Resolución de Calificación Ambiental aprobada. Los problemas del ministro Fontaine son con el tramo A, donde está la “variante Peumo-El Manzano”, porque precisamente es en esta zona, de 47,3 kilómetros de longitud, donde tienen su actividad económica los agricultores que forman la asociación de ribereños del Cachapoal.

Este trazado va por la orilla del río, que genera la más férrea oposición de los agricultores. “No queremos ser una nueva zona de sacrificio”, afirmó Montedónico y en esto lo apoya el alcalde de Pichidegua, Adolfo Cerón. “Estamos dispuestos a rechazar este trazado por todos los medios, ya lo hicimos con la termoeléctrica. La próxima semana nos reuniremos con la comunidad para acordar las acciones mediante las cuales nos vamos a manifestar”, afirmó el jefe comunal.

La variante Peumo-El Manzano es donde se sitúa la zona de conflicto por la ribera del río Cachapoal.

Río salvaje

Los agricultores sienten que no han sido considerados cuando han hecho ver –desde hace años al MOP– que esa zona es completamente inundable y que el río no se puede encauzar, por lo tanto, la carretera dañaría la infraestructura pública de la comuna de Pichidegua. Como el alcantarillado y el dragado del terreno van a cambiar la calidad del suelo, que es una tierra “entre las más ricas del mundo para cultivar”, aseguró el alcalde Cerón, bajará ostensiblemente el valor de los campos.

El 2 de agosto, los agricultores hicieron llegar al ministro Fontaine los antecedentes de la crecida del río Cachapoal en 1987, que movilizó 3 mil metros cúbicos de agua por segundo, antecedente que –según ellos– prueba, sobre la base de análisis independientes de ingenieros hidráulicos, que el río no se puede encauzar.

[cita tipo=»destaque»]El alcalde Cerón y Óscar Montedónico coinciden en que “hay algo muy raro, serios indicios de corrupción” en relación con el negocio de los áridos, porque para concretar el trazado por la ribera sur del río Cachapoal es imprescindible sacar grandes cantidades de arena que, según los cálculos contratados por los agricultores, costarían más de US$150 millones.[/cita]

Los agricultores insisten en que son los más interesados en que las mejoras de la ruta se concreten y, por lo mismo, proponen que el tramo en conflicto se haga por el borde de los cerros. Esta alternativa ya estaba en un proyecto anterior, que incluso fue adjudicado en 2010 al “Consorcio Vial Chile”, formado por las constructoras Besalco, Belfi e Icafal. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2011 el MOP –aduciendo “razones de interés público y urgencia”– modificó las características de las obras y servicios del contrato de concesión, agregando un “complemento” al Estudio de Impacto Ambiental.

Esto generó que, el 17 de mayo de 2013, el consorcio solicitara la extinción del contrato, porque las nuevas condiciones que implicaba la RCA aumentaban los costos estimados, con lo que se paralizó el proyecto en el que ya se habían pagado estudios de ingeniería y, sobre todo, expropiaciones de terrenos.

El MOP y el consorcio solucionaron la controversia en la justicia. Así, en mayo de 2016, el Tribunal Ambiental ordenó al ministerio restituir 586 mil UF, unos 15 mil millones de pesos a la empresa, es decir, unos US$ 22 millones solo en la restitución ordenada por la justicia por esta implementación fallida.

Consultados por El Mostrador, en el MOP optaron por no entregar su versión para esta nota y solo se acotó que los agricultores “están en todo su derecho a levantar sus críticas al proyecto trazado”. En ese contexto, cabe mencionar que, desde 2001, la licitación que está corriendo –que es la anunciada en octubre por Fontaine– es la cuarta que se realiza para este proyecto y, según cifras de los agricultores, quienes han recurrido a la Contraloría General y a los parlamentarios de la zona, ya se han gastado US$100 millones sin que todavía la nueva carretera vea la luz. La cifra incluye lo pagado en expropiaciones para el proyecto original, de los cuales $1.340 millones son correspondientes a 90 lotes por donde ahora no va a pasar el trazado vigente y de los cuales el Estado deberá deshacerse o darles otro uso.

El MOP mantiene el trazado propuesto durante la gestión del subsecretario Sergio Galilea en 2015, que considera el camino por el borde del río, aunque el costo total sube de 400 millones de dólares a cerca de 600 millones de dólares. US$548 millones según la estimación que entregó el ministro Fontaine.  Los agricultores insisten en que es más barato y menos complejo volver al proyecto original licitado en 2010.

El alcalde Cerón y Óscar Montedónico coinciden en que “hay algo muy raro, serios indicios de corrupción” en relación con el negocio de los áridos, porque para concretar el trazado por la ribera sur del río Cachapoal es imprescindible sacar grandes cantidades de arena que, según los cálculos contratados por los agricultores, costarían más de US$150 millones.

Fontaine, consciente de los problemas en este nuevo proceso de licitación, estableció que para el tramo A, si las obras adicionales implican un monto de entre 21 y 30 millones de dólares, el MOP puede aumentar el plazo actual de concesión de 40 años. Si los costos adicionales superan los 30,6 millones de dolares, el ministerio podría asumir el costo, modificar o definitivamente excluir el tramo A del contrato de concesión. En otras palabras, el último en pagar podría ser el fisco, escenario que se podría evitar si, tal como dicen los agricultores, el Ministerio de Obras Públicas decidiera volver al proyecto original que lleva la carretera bordeando los cerros.