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Crédito: Agencia Uno
A raíz del paro de los funcionarios penales más de 400 audiencias judiciales han sido suspendidas. Sin embargo, los trabajadores responden que sus demandas son justas. “En ningún caso queremos obstaculizar el desarrollo normal de las unidades penales, pero necesitamos de manera urgente que el Gobierno de una señal de negociación», dijo la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería de la Región Metropolitana.
El Gobierno decidió endurecer la mano para destrabar el paro de Gendarmería que comenzó este lunes y que se visualiza como indefinido. El subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, confirmó hoy miércoles que el Gobierno aplicará descuentos a los sueldos de los funcionarios que se encuentren paralizados.
La autoridad manifestó que estos descuentos se aplican «cuando se trata de movilizaciones que no sean legales. Eso es un catastro que se levanta día a día y es una medida que no pretende apuntar a nadie, lo que pretende es cumplir con la ley».
Desde Gendarmería, además, asumen que a raíz del paro se han producido problemas en los tribunales de justicia como, por ejemplo, las más de 400 audiencias que al día de hoy se han suspendido a causa de la movilización. En este sentido, aseguraron que en lo que respecta a los derechos de los internos de la población penal, se está trabajando con turnos éticos.
Sin embargo, los funcionarios movilizados aún están a la espera de la respuesta del Ejecutivo en las demandas históricas que tiene la institución penitenciaria, especialmente en aquellas que apuntan a la carrera funcionaria.
Desde la Asociación de Funcionarios de Gendarmería de la Región Metropolitana, su presidenta Carolina Zamudio señaló a El Mostrador que esperan que la reacción del Gobierno sea pronto y positiva. Además, añadió que «en ningún caso queremos obstaculizar el desarrollo normal de las unidades penales, pero necesitamos de manera urgente que el Gobierno de una señal de negociación».
En palabras de Zamudio, dentro de los requerimientos urgentes que tiene Gendarmería es que 2.650 funcionarios no uniformados que hoy están «a contrata» puedan pasar a planta, con el criterio que se ha establecido, de 5 años de antigüedad.
«Creemos es que es una demanda justa que beneficia la carrera funcionaria y eliminar los vicios que este sistema público tiene y particularmente en este servicio que es de alto riesgo», manifestó la presidenta de los funcionarios a nivel metropolitano.
Con respecto a posibles mesas de trabajo con La Moneda, Zamudio indicó que parte del Ejecutivo no se han dado luces para una posible reunión, pero aseguró que han tenido gran respaldo de diferentes actores de la sociedad: «Hemos tenido apoyo de distintos parlamentarios, además de la Central Unitaria de Trabajadores y Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la ciudadanía», concluyó.
