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Informe 2018 del INDH revela crudos testimonios de la violencia policial hacia mujeres mapuche

por 10 diciembre, 2018

Informe 2018 del INDH revela crudos testimonios de la violencia policial hacia mujeres mapuche

Crédito: Agencia UNO

En la presentación del documento, la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, realzó las numerosas situaciones de "violencia y abuso de poder, producto del conflicto sociocultural que ocurre en la Región de La Araucanía". Y en este ámbito, la recomendación al Ministerio del Interior es clara: “Elaborar un protocolo específico sobre allanamientos a comunidades mapuche, en el cual se resguarden con especial atención los derechos de niños, niñas, adolescentes y de las mujeres”.
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Un fuerte foco en la violencia hacia las mujeres mapuche, con un llamado al Estado a dictar un protocolo específico sobre allanamientos en las comunidades, formuló el Instituto Nacional de Derechos Humanos(INDH) en su Informe Anual Situación de los DDHH 2018 entregado en una ceremonia que coincidió con el 70º aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Si bien el informe esta vez no analizó en específico la situación de la población mapuche ni los últimos hechos relacionados con el homicidio del comunero Camilo Catrillanca (dado que los temas son definidos a comienzos de año), el documento parte con un análisis de la violencia contra las mujeres indígenas y rurales.

“Ejemplos de la violencia hacia las mujeres indígenas han sido el caso de Lorenza Cayuhan, mujer mapuche privada de libertad, que, en octubre de 2016, daba a luz a su hija en la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán de Concepción, engrillada y con la presencia de un gendarme varón en la sala de parto; y la represión y detención, por Fuerzas Especiales de Carabineros, de una treintena de mujeres mapuche agricultoras porque vendían sus productos en las calles de Temuco”, señala el informe.

En esta línea, en la presentación del documento, la presidenta del organismo, Consuelo Contreras, realzó las numerosas situaciones de "violencia y abuso de poder, producto del conflicto sociocultural que ocurre en la Región de La Araucanía".

Los relatos de abusos

Uno de los testimonios que recoge el informe es el de Paola Nahuelhual: “Yo recuerdo que viví en una comunidad en conflicto durante 6 años y muchas veces estuve constatando lesiones, fui golpeada muchas veces, tengo las marcas todavía en el cuerpo de los golpes de Carabineros. Ellos entran a allanar una comunidad sin dar ninguna explicación, como estás en el campo y no hay nadie grabando, en el campo es distinto, en el campo todo vale, porque no hay quién esté ahí, no hay ningún testigo, entonces los golpes y la violencia son desmedidos”.

Otro relato incluido es el de la abogada Myrna Villegas. “Tengo muy patente el caso de una señora, que denunciaba que estaban allanando, entraron a su casa y el carabinero apuntaba hacia el hijo menor que estaba al lado de ella, entonces es una forma de tortura, ¿te fijas? Y que, en algún momento, el carabinero primero apuntaba al hijo, como a un metro digamos, apuntaba al niño de, 11 años tendría el niño, o 12... y al final movió el cañón y le disparó a ella en una pierna”, señala.

El mismo INDH recordó que su Unidad Jurídica y Judicial ha presentado recursos de amparo en favor de mujeres y niños de comunidades indígenas, víctimas de violencia policial. Uno de ellos fue por el caso Lof Mapuche Mawidanche y Trapilwe, allanado el 30 de abril de 2013 en la comuna de Freire por personal de la PDI. En la ocasión, allanaron viviendas sin autorización judicial, afectando a 12 niños, una mujer embarazada de casi seis meses, y diversas otras personas en la intimidad y privacidad de su hogar. También fue presentado un recurso de amparo por el caso Lof Rankilko, que data de 2016 y que afectó a seis niños y niñas indígenas mapuche de este sector del Bajo Malleco, quienes junto a sus padres y madres se vieron expuestos a un violento desalojo y destrucción de sus casas y enseres, en el marco de una denuncia por el delito de usurpación no violenta.

El informe toma en cuenta además las amenazas de muerte hacia las mujeres dirigentas y hacia algunas jóvenes mapuche, como una suerte de represión indirecta hacia sus padres que son autoridades mapuche.

Así, describe lo vivido por Vania Queipul, “hija del lonko Queipul, que fue detenida a los 16 años, cuando protestaba frente al tribunal durante el juicio de su padre. Durante su detención fue amenazada que se le aplicarían tormentos si no declaraba. Se la amenazó con un mecanismo de tortura y era una niña”, reseña el informe.

Tomando en cuenta esos casos, el INDH “recomienda al Ministerio del Interior y Seguridad Pública elaborar un protocolo específico sobre allanamientos a comunidades mapuche, en el cual se resguarden con especial atención los derechos de niños, niñas, adolescentes y de las mujeres”.

Pero otro elemento que destaca Myrna Villegas es el escepticismo de las mujeres mapuches frente a la justicia. “¿Cómo va a ir a pedir justicia a la misma institución que había sacado a las seis de la mañana a sus hijos en allanamientos? Ellos no confían en la justicia chilena porque se sienten criminalizados. ¿Cómo un fiscal de La Araucanía va a proteger a una mujer mapuche?, si esos mismos fiscales son los que ordenan los allanamientos en donde llegan los carabineros, a veces con algún fiscal. Han denunciado casos en donde llegan incluso con un fiscal, ahí a supervisar el procedimiento y sacan a las mujeres y a los niños a las cinco de la mañana en pleno invierno”.

De ahí otra de las recomendaciones del INDH es que el “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos procure especial atención para asegurar el acceso a la justicia de mujeres rurales e indígenas rurales, resguardando que aislamiento geográfico y algunos elementos culturales (entre ellos el lenguaje) no se constituyan en limitantes para que estas mujeres ejerzan este derecho”.

Los otros temas del informe

El documento contiene en total siete temas, abordando además materias como la política migratoria, los sitios de memoria, los recursos naturales, empresas y derechos humanos, los derechos de las personas mayores y obligaciones del Estado y la solución a las listas de espera en el sistema público de salud. También dedica un capítulo a innovación tecnológica, protección de datos personales y derechos humanos.

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