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PAÍS

La paradójica gratuidad universitaria que dejó el Gobierno de Bachelet

por 18 diciembre, 2018

La paradójica gratuidad universitaria que dejó el Gobierno de Bachelet
El modelo vía voucher que instauró el último Gobierno de la Nueva Mayoría hace agua. Mientras los rectores de universidades estatales y dirigentes estudiantiles intentan defender el legado de las movilizaciones de 2011 y exigir la creación de un sistema gratuito que salga de la lógica de mercado, en la realidad las reformas de la pasada administración mantuvieron el principio del endeudamiento y este Gobierno busca hacerlo aún más atractivo con el nuevo Crédito Solidario Unificado. Además, parte de la derecha pretende que la gratuidad y el endeudamiento convivan con la posibilidad de copago por los estudiantes. De esta manera, sobre lo actuado por la administración de Michelle Bachelet, actualmente se avanza a pasos agigantados hacia reproducir en el sistema de educación superior los pilares de la educación escolar: escuelas públicas, colegios particulares subvencionados y colegios privados.
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Aunque en teoría muchos rectores apoyan la política de gratuidad implementada por el último Gobierno de Michelle Bachelet o al menos la idea detrás de la educación pública y gratuita que gritaron miles de estudiantes en el 2011, la realidad hoy es que la “gratuidad de voucher” que instauró la Nueva Mayoría ha traído consigo demasiados problemas y contradicciones. Se comienza a reproducir el sistema que tiene la educación escolar, dividido en escuelas públicas, particulares subvencionadas y privadas.

Desde el Ministerio de Educación y las bancadas oficialistas, han destacado el déficit de $17 mil millones que ha traído consigo la gratuidad para seis de las instituciones estatales y privadas que hoy son parte de la gratuidad. Y, han apuntado a la imposibilidad de la ampliación de la gratuidad; es más, se habla de retornar al financiamiento privado a través del copago o del nuevo crédito unificado, que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE). Además, han criticado la fijación del arancel de referencia, el que ha obligado a reducir drásticamente los costos de administración de las instituciones de educación superior adscritas al sistema de gratuidad.

Aunque desde los sectores que respaldan la idea de la gratuidad señalan que el déficit mostrado en los dos últimos años es efectivo, reclaman que la derecha se ha aprovechado de un déficit estructural que ha tenido históricamente el sistema para intentar terminar con este beneficio. “No es justo achacarle a la gratuidad este problema. Si la derecha elimina la gratuidad y se hace el crédito, el déficit va a seguir ahí, no van a resolver el problema. Un crédito genera intereses que a la larga van a profundizar el déficit”, destaca el experto en educación Víctor Orellana, director de Fundación Nodo XXI.

Según una investigación del think tank de centroderecha Acción Educar, los principales déficits se concentran en las universidades privadas pertenecientes al Cruch, instituciones que son complejas, que generan investigación, vinculación con el medio y que cuentan con un porcentaje relevante de estudiantes con gratuidad, pero que no necesariamente concentran la mayor cantidad de beneficiarios del sistema.

En este grupo destacan la Universidad Diego Portales, Universidad Alberto Hurtado y la Pontificia Universidad Católica. Según el informe de Contraloría, “Financiamiento Fiscal del Acceso Gratuito a las Instituciones de Educación Superior”, la UDP tiene un déficit de más de $5.600 millones, lo que, según aclaró el rector Carlos Peña a La Tercera, corresponde a $2.500 millones efectivos.

Según el informe de Acción Educar, durante el año 2017, la Universidad Alberto Hurtado alcanzó $1.450 millones de déficit, lo que corresponde a $479 mil por estudiante. Para la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Contraloría estimó $ 1.486 millones de déficit debido a la gratuidad, razón por la que la institución dirigida por el rector Ignacio Sánchez inició una campaña, solicitando a sus ex estudiantes una donación para intentar disminuir dicho déficit.

Además, dos universidades privadas centradas en la docencia también han debido enfrentar altos índices de déficit: la Universidad Autónoma, que registró más de $4 mil millones, y la Universidad Finis Terrae, que llegó a los $3 mil millones. La calificación para la gratuidad de estas dos instituciones no estaba dentro del diseño original, pensada solo para universidades estatales y privadas complejas, es más, la ex ministra de Educación Adriana Delpiano destacó, en su momento, que se les “colaron” estas universidades privadas, luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional la “preferencia” por las universidades del Consejo de Rectores, ya que eso discriminaría a los estudiantes de universidades privadas no tradicionales.

También existen universidades estatales que se han visto con importantes déficits. Entre los rectores destacan que la Universidad de Santiago y la Universidad de Playa Ancha están “en serios problemas” debido a las deudas que arrastran desde hace años, las que “se ven incrementadas con la gratuidad”. A estas, se les suman las instituciones de regiones extremas, como la de Aysén, que no ha logrado ampliar su matrícula.

En el mismo informe de Acción Educar, la Universidad de Playa Ancha –que en el año 2017 contó con 4.563 estudiantes con gratuidad– registra un poco más de $504 millones de déficit debido a la gratuidad. Es una de las tres instituciones que cuenta con mayor número de estudiantes en gratuidad y se encuentra en el número seis del listado de instituciones con déficit. La otra universidad del Estado deficitaria es la de O’Higgins, la que registró $68 millones de déficit, pero solo contaba con 289 alumnos en régimen de gratuidad, porque es una de las nuevas universidades creadas por el Estado.

Desde el G9, organización que agrupa a las universidades privadas tradicionales, destacan –a pesar de los déficits– que la gratuidad no es una política regresiva. El rector de la Universidad Austral y presidente del G9, Óscar Galindo, enfatiza que “hasta la fecha reciben gratuidad aquellos estudiantes que pertenecen a los seis primeros deciles, es decir, estudiantes cuyas familias tienen un ingreso familiar per cápita inferior a $193.000, son personas que difícilmente pueden cubrir los costos de la educación superior. El país tiene que hacer un esfuerzo para dar oportunidades a jóvenes de escasos recursos con talento académico, pues en ello se juega mucho del desarrollo y de la equidad que necesitamos”.

Operación salvataje

Para paliar estos déficits, las universidades, “al menos las más complejas” –destacan desde el Cruch– “han tenido que ajustarse el cinturón", por lo que han apuntado a reducir los gastos operacionales y de gestión. En este grupo destaca la UDP, universidad por la que siempre ronda el fantasma de restarse de la gratuidad, pero que “por una presión social, nunca podrá restarse”, afirmaron desde el Cruch. La otra es la Alberto Hurtado, de los jesuitas, en la que se proyectarían déficits por $8 mil millones en un plazo de diez años, si no se ajusta la regulación de arancel que va amarrada a la gratuidad. “Es una universidad pequeña, con muchos estudiantes vulnerables, ahí es grande el esfuerzo”, agregan desde el Cruch.

En las universidades del Estado también han tenido que hacer ajustes, aunque aún no han caído en el estado complejo de otras universidades, como algunas privadas del Cruch. Muchas apuntan a lograr sortear los cuatro años del mandato de Sebastián Piñera para poder recibir más recursos o ajustar la ley en un futuro Gobierno de tinte más progresista o de centroizquierda.

Para evitar el desfonde económico histórico que ha tenido el sistema de educación superior, que hoy se ve reflejado en la gratuidad, se ha intentado una serie de medidas. Durante la tramitación de la glosa presupuestaria para Educación Superior hubo dos cambios claves para la sostenibilidad de la gratuidad, al menos para el 2019, medidas que han sido calificadas como “parche” por algunos rectores.

Desde el G9, organización que agrupa a las universidades privadas tradicionales, destacan –a pesar de los déficits– que la gratuidad no es una política regresiva. El rector de la Universidad Austral y presidente del G9, Óscar Galindo, enfatiza que “hasta la fecha reciben gratuidad aquellos estudiantes que pertenecen a los seis primeros deciles, es decir, estudiantes cuyas familias tienen un ingreso familiar per cápita inferior a $193.000, son personas que difícilmente pueden cubrir los costos de la educación superior. El país tiene que hacer un esfuerzo para dar oportunidades a jóvenes de escasos recursos con talento académico, pues en ello se juega mucho del desarrollo y de la equidad que necesitamos”.

La propuesta presupuestaria original del Gobierno determinaba la reasignación de $12 mil millones que dejarían de recibir las instituciones estatales, pero se logró recuperar $8 mil millones, los que pasarán a ser presupuesto de libre disposición para estas instituciones. Con estos fondos, se podrá disponer de recursos para minimizar los efectos de la gratuidad.

Por otra parte, en la última glosa presupuestaria el Ejecutivo decidió flexibilizar el uso de los recursos obtenidos del cobro del Crédito Fondo Solidario a ex estudiantes, dinero que es manejado por las instituciones y debe ser reinvertido en un 100 por ciento en nuevos Créditos Fondo Solidario para otros estudiantes. El Mineduc propuso que el 30 por ciento de los fondos recaudados quedaran de libre disposición de las instituciones que pertenecen al G9, dejando fuera a las universidades del Estado. Pero tras las presiones de las universidades y de las gestiones de algunos parlamentarios, como la senadora Yasna Provoste (DC), la medida fue extendida a todas las instituciones pertenecientes al Cruch.

El objetivo de esta medida es “intentar cubrir el hoyo que ha ido dejando la gratuidad”, destacan desde las universidades tradicionales.

Pero hay algunos que han optado por restarse de la política de gratuidad. Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de la Universidad Central. Pese a que esta institución cumple con los requisitos para acceder a la gratuidad, este año decidió no adscribirse al sistema y cuidar el bienestar y la solvencia de la institución. Su rector, Santiago González, aclara que son partidarios de la gratuidad, “pero la implementación ha tenido problemas, está a la vista que las universidades están teniendo problemas económicos”.

Para aplacar el efecto de esta decisión, la Universidad Central inyectó $1.200 millones para becas, además eliminó el cobro de matrícula para los estudiantes antiguos. Según el rector, “