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Negacionismo, el debate que ha marcado a la derecha en el cierre del año PAÍS Crédito: Agencia UNO

Negacionismo, el debate que ha marcado a la derecha en el cierre del año

El debate entre libertad de expresión e incitación al odio que abrió la indicación que pretende sancionar penalmente el negacionismo sigue sumando nuevas voces. El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) apuntó al PC y dijo que resulta paradójico que quienes impulsen esta legislación sean los mismos que fueron afectados por la «Ley Mordaza» o el artículo 8° de la Constitución de Pinochet. Su opinión se contrapone a la de Rodrigo Hinzpeter, ex mano derecha de Piñera, quien se ha mostrado favorable al proyecto bajo el argumento de que la libertad de expresión debe ser regulada “para no tolerar su abuso por los que no toleran o se aprovechan de nuestra forma de convivencia civilizada”.


El diputado y vicepresidente de Evópoli, Francisco Undurraga, se cuadró en el bando quienes rechazan la indicación que pretende sancionar penalmente el negacionismo, impulsado por parlamentarios de oposición como la diputada comunista Carmen Hertz.

A su juicio, resulta paradójico que quienes impulsen esta legislación sean los mismos que fueron afectados por la «Ley Mordaza» decretada durante el Gobierno de Gabriel  González Videla y el artículo 8° de la Constitución de Augusto Pinochet de 1980.

“Paradigmático es que hoy impulsen una ley en el mismo sentido quienes más sufrieron la represión de su opinión en el pasado, a través de normas que, tratando de defender la democracia, consideran que el pluralismo es sinónimo de ingenuidad y deciden acallar voces políticas”, escribió el diputado de Evópoli en una carta al director publicada este lunes en El Mercurio.

En tal sentido, mencionó “dos hechos históricos que creo que, en resguardo de la libertad de expresión, tampoco debemos olvidar: la «Ley Mordaza» de González Videla, que prohibió todo actuar político al Partido Comunista, y el artículo 8 de la Constitución de 1980, que consideró inconstitucional la promoción de ideas concebidas en totalitarismos y la lucha de clases”.

A su juicio, el proyecto representa un “craso error”, porque “una democracia no se construye metiendo debajo de la alfombra las posturas intolerantes o en que no creemos. La democracia se nutre con política que mira a la cara, que debate con ideas y que promueve la cultura y la educación. Oprimir solo fermenta el odio e impone las verdades de los grupos que contingentemente ostentan el poder”.

La voz disidente de Hinzpeter

La postura de Undurraga contrasta con la del ex ministro del Interior del primer Gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, quien se ha mostrado favorable al proyecto, bajo el argumento de que “la libertad de expresión es básica, esencial, debemos cuidarla y fortalecerla, pero a veces -pocas y cuidadosamente- eso supone regularla para no tolerar su abuso por los que no toleran o se aprovechan de nuestra forma de convivencia civilizada”, argumentó la ex mano derecha de Piñera.

«Creo que desconocer horrores formalmente establecidos desconoce la institucionalidad que los dio por acreditados, es socialmente dañino, nos acerca a su reiteración, afecta la dignidad humana en su globalidad y, ciertamente, es agraviante para quienes los sufrieron», ha señalado el ex ministro de Piñera.

Sin embargo, la posición de Hinzpeter es aislada dentro del sector, e incluso el Presidente Sebastián Piñera ha manifestado su rechazo a la iniciativa argumentando que “el peligro de la verdad oficial es de tal magnitud que yo le tengo resistencia a todo lo que sea castigar el pensamiento” porque “el pensamiento tiene que ser libre como los pájaros”.

Hertz y la derecha “patética”

Sin embargo, para la diputada Carmen Hertz promotora de la controvertida indicación, los argumentos mayoritarios de Chile Vamos son insostenibles. “La derecha ahora pretende transformarse en el garante de la libertad de expresión, y eso es patético”, dijo a La Tercera.

“La indicación que fue aprobada es muy clara: tipifica la negación, la aprobación o justificación de las violaciones a los derechos humanos consignadas en los informes de las cuatro comisiones nacionales creadas por el Estado. Está sancionando hechos, no ideas ni convicciones políticas como errada y erróneamente se ha pretendido instalar”, explicó.

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