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Encuestas y delincuencia: la fórmula cortoplacista de La Moneda que genera resistencia en el oficialismo PAÍS

Encuestas y delincuencia: la fórmula cortoplacista de La Moneda que genera resistencia en el oficialismo

Hernán Leighton
Por : Hernán Leighton Periodista de El Mostrador
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En la derecha hay sectores en los que preocupa el cortoplacismo que prima en las decisiones del Presidente Piñera, supeditadas muchas al resultado de las encuestas semanales que llegan a La Moneda respecto de la evaluación de su persona, su Gobierno y los temas que preocupan a la opinión pública. En ese sentido, en Chile Vamos reconocieron que el haber salido a pegarles a los jueces, en momentos en que los sondeos lo presentan a la baja, fue demasiado evidente. El tema de la delincuencia se reinstaló efectivamente en la agenda, pero por los hechos ocurridos ayer en Santiago, con la explosión de una bomba en una comisaría y la amenaza de un paquete sospechoso en las oficinas de Quiñenco donde hoy Hinzpeter es el jefe jurídico. En La Moneda entendieron que estos hechos ayudaron a dar vuelta la tortilla y en el oficialismo reconocieron que el intenso despliegue comunicacional que tuvo el Presidente al respecto, le cayó como anillo al dedo.


No medió aviso ni contingencia alguna que justificara la carta que se jugó el Presidente Sebastián Piñera, cuando arremetió –durante una entrevista radial– contra los jueces, a quienes acusó de estar equivocados y de desproteger a las víctimas de la delincuencia. Con sus palabras, el Mandatario no solo reflotó la manoseada carta de la seguridad ciudadana, sino que revivió las tensiones que protagonizó durante su primera administración con el Poder Judicial, pero sobre todo, no encontró eco ni respaldo porque la vieja estrategia de golpear a uno de los poderes del Estado para sacudirse de las responsabilidades propias, no encontró piso en sus propias huestes y generó bastante resistencia en la propia derecha.

“Creo que hay algunos jueces que no están aplicando la ley, que están fallando de forma equivocada, que le dan un manto de impunidad a los delincuentes. Y esos jueces no pueden seguir así”, dijo Piñera el martes en Radio Pudahuel. Estas declaraciones no solo generaron duras respuestas desde el propio Poder Judicial, sino que en el mismo oficialismo se puso en entredicho la real preocupación del Mandatario por las instituciones democráticas. Es que en la derecha aún está fresco en la memoria cuando el Presidente se abalanzó contra los parlamentarios y los llamó “a trabajar”, lo que le generó un duro revés con su coalición en ese momento.

“No puedes quitar el piso de esa manera, no aporta, más bien mina las instituciones a través del escarnio público. No tiene la capacidad de vislumbrar el daño que le hace a las instituciones”, sentenció un parlamentario oficialista.

[cita tipo=»destaque»] No solo visitó en el hospital a los carabineros heridos en la explosión de la comisaría, sino que tras el consejo de gabinete de anoche, Piñera recalcó que el Gobierno había interpuesto una querella criminal contra los «cobardes autores» del atentado a la comisaria, expresó su «más sentida solidaridad con los cinco carabineros que fueron víctimas de un cobarde atentado terrorista» y aseguró que «interpreto a todos al liderar una lucha sin cuartel contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia».[/cita]

Es que en la derecha hay sectores en los que preocupa el cortoplacismo que prima en las decisiones del Presidente Piñera, supeditadas muchas al resultado de las encuestas semanales que llegan a La Moneda respecto de la evaluación de su persona, su Gobierno y los temas que preocupan a la opinión pública. En ese sentido, en Chile Vamos reconocieron que el haber salido a pegarles a los jueces, en momentos en que los sondeos lo presentan a la baja, fue demasiado evidente.

Pero esto no es una novedad en las administraciones piñeristas, ya que en ambas cuenta con un historial en la materia. No hay que olvidar que su primer gobierno tuvo como eslogan y promesa central el “delincuentes se les acabó la fiesta”, pero al no poder responder a las expectativas generadas, La Moneda optó por responsabilizar y poner el foco en el excesivo “garantismo” de los jueces, roce que tuvo al entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, como protagonista, llevando la discusión a un álgido umbral.

Los encontrones públicos entre Hinzpeter –en medio del caso Bombas– y la Corte Suprema fueron de calibre mayor. Luego que el máximo tribunal selló el destino de la causa emblema del gobierno, al rechazar el recurso de nulidad que buscaba revertir el cinco a cero que dejó a los acusados en libertad, la pugna llegó a que Milton Juica –que ejercía de presidente de la Suprema– hiciera una advertencia: “Sacando el gobierno militar, que es una cosa excepcional en la historia del país, porque uno tiene que ponerse en la memoria histórica que le es más contemporánea, diría que hoy por hoy hay una presión política mayor que, y lo voy a decir derechamente, en la época de la vuelta a la democracia».

Juica no se quedó ahí y agregó que el accionar del Gobierno ante el Poder Judicial respondía a “una actividad política destinada a presionar la función de los jueces frente a un fracaso de una promesa de seguridad que no se ha cumplido».

Solo después de un cambio de gabinete que puso a Andrés Chadwick en Interior, el conflicto decayó, ya que fue este quien hizo el trabajo en las sombras para recomponer las relaciones institucionales y sacar a La Moneda del epicentro de las críticas, acusada de no respetar la separación de los poderes del Estado.

Varios años después, las cosas no cambiaron mucho. La polémica frase de Piñera provocó la inmediata reacción de la Corte Suprema, la que a través de su vocero Lamberto Cisternas y en un tono atípico para quienes lo conocen, le respondió al Mandatario en una entrevista con radio Duna: «Me produce una sensación de preocupación, desde luego preocupación porque son las opiniones respetables de la primera autoridad del Estado. Eso pesa, que se refiera en esos términos a un sector de la administración del Estado que es la justicia, y en particular a los jueces (…) una afirmación muy gruesa, muy fuerte”.

Las reacciones no se quedaron ahí. Ayer el vicepresidente de la asociación de magistrados, Álvaro Flores, puso sobre la mesa una de las críticas que más duelen en La Moneda, su obsesión por las encuestas: “Es una cuestión puramente de oportunismo (…) los jueces cumplimos una función caso a caso, por lo tanto, endosarles responsabilidad ahora básicamente casi genérica es casi una especie de estrategia para levantar encuestas o alguna otra finalidad que, lamentablemente, La Moneda no es primera vez que utiliza”.

Desde el Poder Judicial recordaron que este no es el primer roce con La Moneda desde marzo del 2018, e hicieron mención al famoso “neteo” del ministro de Justicia, Hernán Larraín, que precisó que había que sacar de su lugar a los jueces de “izquierda” que quedaban, lo que cayó pésimo en tribunales.

Anillo al dedo

El tema de la delincuencia se reinstaló efectivamente en la agenda, pero no por las palabras de Piñera, sino por los hechos ocurridos ayer en Santiago, con la explosión de una bomba en una comisaría y la amenaza de un paquete sospechoso en las oficinas de Quiñenco, donde hoy Hinzpeter es el jefe jurídico. En La Moneda entendieron que estos hechos ayudaron a dar vuelta la tortilla y en el oficialismo reconocieron que el intenso despliegue comunicacional que tuvo el Presidente al respecto, le cayó como anillo al dedo.

No solo visitó en el hospital a los carabineros heridos en la explosión de la comisaría, sino que tras el consejo de gabinete de anoche, Piñera recalcó que el Gobierno había interpuesto una querella criminal contra los «cobardes autores» del atentado a la comisaria, expresó su «más sentida solidaridad con los cinco carabineros que fueron víctimas de un cobarde atentado terrorista» y aseguró que «interpreto a todos al liderar una lucha sin cuartel contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia».

Es más, puso sobre la mesa toda la artillería de su administración en materia de seguridad ciudadana: habló del plan «Calle Segura», emplazó al Congreso a aprobar la nueva Ley Antiterrorista e insistió en que las Fuerzas Armadas deben cumplir un rol para luchar contra el narcotráfico en las fronteras.

Las encuestas hablan por sí solas en materia de delincuencia y del desempeño de la administración piñerista al respecto. En el propio oficialsimo recordaron que en la última encuesta CEP de junio, la delincuencia, asaltos y robos aparecieron como el problema al que el Gobierno debería dedicar mayor esfuerzo; y, de ocho ítems, La Moneda obtenía una nota 3,1 en su desempeño en esta materia.

La encuesta Cadem, en tanto, publicada durante la cuarta semana de junio, evaluó 16 áreas de gestión, apareciendo el manejo de la delincuencia en el duodécimo lugar, todo cruzado con un porcentaje de apoyo a Piñera de solo un 29%, lo más bajo que ha presentado este estudio desde el 11 de marzo de 2018. Como agregado, la cara visible del gabinete en este tema, el ministro Chadwick, quedó antepenúltimo en evaluación respecto al resto de sus pares del gabinete.

Así, no fue casual que después de estas cifras se iniciara durante la segunda semana de julio un despliegue comunicacional con énfasis en la lucha contra la delincuencia. El día 9 de julio, Piñera patrulló arriba de un helicóptero de Carabineros para prevenir portonazos y otros delitos, mientras que al día siguiente participó en el matinal de Canal 13 y anunció el cuestionado decreto para autorizar a las FFAA a colaborar con el trabajo fronterizo para evitar el ingreso de drogas.

Según el director de la Escuela de Publicidad de la UDP, Cristián Leporati, “no es de extrañar que el Presidente de la República, ante la permanente baja en las encuestas, trate de alguna forma –frente a una promesa que además hizo en su campaña respecto a mayor eficacia policial– aplicar como estrategia de comunicación política el buscar un mensaje que sea fácilmente asimilable por la población y en el cual, efectivamente la incapacidad de controlar o regular el tema delictual sea por culpa de los inmigrantes o, en este caso, del Poder Judicial” .

 

 

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